Solicita un censo de personas desplazadas, una mesa de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, un plan integral con presupuesto para 2027 y acciones de pacificación y prevención en los territorios afectados
Integrantes de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), organizaciones de la sociedad civil y la eurodiputada española Diana Riba i Giner sostuvieron la mañana de este viernes una reunión con autoridades del Gobierno del Estado, encabezadas por Sahara Cárdenas Fernández, subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en el Salón Sacramento de Palacio de Gobierno, donde plantearon cuatro acuerdos para fortalecer la atención a las personas y comunidades afectadas por el desplazamiento forzado interno en Chihuahua.
El encuentro se realizó luego de que la misión de observación recorriera diversas regiones de la entidad para conocer de primera mano las condiciones en que viven las familias desplazadas y aquellas que permanecen en sus comunidades pese a los episodios de violencia. Entre las principales exigencias de la Red TDT destacó la necesidad de establecer un censo que permita identificar a las personas afectadas, conocer sus necesidades y garantizarles el acceso oportuno a programas de asistencia, protección y reparación integral.
Como segundo acuerdo, solicitaron convocar a una mesa de trabajo en la que participen instituciones municipales, estatales y federales, con funcionarios que tengan capacidad de tomar decisiones y concretar acciones. La organización advirtió que la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno termina agravando las condiciones de las familias, particularmente en materia de salud, vivienda, educación, alimentación, trabajo y seguridad.
El tercer planteamiento consiste en elaborar un plan integral de acción con pertinencia cultural, que contemple acciones afirmativas y un presupuesto específico, fijo y progresivo para atender el desplazamiento forzado interno, con aplicación a partir de 2027. La Red TDT subrayó que las personas desplazadas requieren atención diferenciada y no deben ser etiquetadas únicamente como integrantes de grupos vulnerables. Además, pidió que este instrumento fortalezca el protocolo de atención emergente presentado por el Gobierno estatal, de manera que las medidas no se limiten a periodos temporales e incorporen asistencia humanitaria, protección, acceso a la justicia, restitución de derechos, recuperación económica y acompañamiento psicosocial.
El cuarto acuerdo propuesto fue trabajar en la pacificación de los territorios desde la prevención del desplazamiento forzado, mediante estrategias que atiendan las causas estructurales del fenómeno, entre ellas la violencia generada por grupos criminales, los conflictos territoriales, la ausencia de servicios públicos y las condiciones de desigualdad social que afectan particularmente a comunidades indígenas. La Red TDT consideró indispensable establecer esfuerzos conjuntos, con plazos y fechas de cumplimiento, que involucren a la sociedad civil y tomen en cuenta los planes de vida de las familias desplazadas.
Durante las intervenciones, Diana Villalobos, de Consultoría CONTEC, manifestó su preocupación por la persistencia de enfrentamientos en comunidades de Guadalupe y Calvo, donde aseguró que las familias continúan expuestas a situaciones de violencia, incluso aquellas que han decidido permanecer en sus localidades pese a la presencia de grupos armados. Advirtió que los enfrentamientos registrados todavía durante la jornada anterior provocan pánico entre la población y han generado incluso muertes de familias alcanzadas por el fuego cruzado, por lo que cuestionó cuál es la respuesta de las autoridades ante estos hechos y llamó a atender no solamente a quienes ya abandonaron sus hogares, sino también a quienes permanecen en riesgo.
Por su parte, Isela González, de Alianza Sierra Madre, señaló que la pacificación de los territorios necesariamente debe construirse en coordinación con el Gobierno Federal y planteó aprovechar las mesas de seguridad existentes como una herramienta para avanzar en ese propósito. También preguntó si las autoridades estatales contemplan diseñar e instrumentar una política pública que incluya los planteamientos presentados, así como impulsar una ley estatal de desplazamiento forzado, al considerar que esta permitiría establecer recursos permanentes y definitivos para atender la problemática.
En respuesta, Sahara Cárdenas reconoció que no existe actualmente un presupuesto etiquetado específicamente para la atención del desplazamiento forzado, aunque aseguró que desde 2023 las dependencias estatales consideran a las personas desplazadas dentro de la población vulnerable, lo que ha permitido destinar recursos mediante los programas de atención preferencial del Gobierno estatal. Sostuvo que, al inicio de la actual administración, ni siquiera existía una visibilización institucional del fenómeno y que uno de los primeros pasos fue comenzar a construir mecanismos formales para atenderlo.
La funcionaria recordó que, a partir de la visita de la relatora especial de Naciones Unidas, Cecilia Jiménez-Damary, en 2022, la gobernadora Maru Campos creó la Comisión de Desplazamiento Forzado en Chihuahua. Asimismo, destacó los estudios realizados en colaboración con organizaciones como Mexicanos en el Exilio y otras instancias especializadas, que permitieron desarrollar un ejercicio de caracterización del desplazamiento, al que calificó como inédito en el país y que representó una primera aproximación para identificar y dimensionar una problemática que hasta entonces permanecía poco visibilizada.
Respecto a la solicitud de un censo, Cárdenas Fernández reconoció que no existe una cifra oficial, pero indicó que el Gobierno estatal ha construido registros internos a partir de las atenciones y entrevistas realizadas directamente con las familias, lo que permite tener una aproximación del número de personas desplazadas de las que las autoridades han tenido conocimiento. Añadió que la reciente encuesta intercensal incorporó por primera vez preguntas relacionadas con el desplazamiento, cuyos resultados también deberán ser analizados para fortalecer el diagnóstico.
Sobre la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, señaló que en mayo sostuvieron un primer encuentro con la Red TDT y que, derivado de los planteamientos realizados, el Gobierno estatal ha solicitado a las autoridades federales instalar una mesa de coordinación, al considerar que debe ser encabezada por instancias de ese nivel. Sin embargo, reconoció que hasta el momento no han obtenido una respuesta que permita concretar ese mecanismo.
Finalmente, la subsecretaria sostuvo que, aunque el Gobierno estatal ha desarrollado acciones de atención individualizada y diferenciada para las familias, es indispensable atender las causas que originan el desplazamiento, particularmente la violencia que afecta a la Sierra Tarahumara. Advirtió que los esfuerzos institucionales serán insuficientes si no se atiende el origen de la vulneración de las comunidades y se consigue una intervención coordinada de las autoridades responsables de la seguridad, especialmente del ámbito federal.