Una agente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), identificada como Claudia, denunció públicamente la mañana de este viernes, en la Cruz de Clavos, frente a Palacio de Gobierno, haber sido víctima de presunto abuso sexual y acoso laboral por parte de un mando cuando se desempeñaba en la Dirección de Vialidad, además de señalar que posteriormente habría enfrentado represalias, cambios constantes de adscripción y su traslado a la Policía Estatal, corporación para la que aseguró no contaba con capacitación específica.
Acompañada por la abogada Martha Medina Ramírez, quien llevó la mayor parte de la intervención ante los medios de comunicación, la agente señaló directamente al comandante jefe Víctor Hugo Aldaz Palacios como el presunto responsable de los hechos que, afirmó, ocurrieron en 2023. La representante legal explicó que el pasado 15 de octubre interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), por lo que acudieron a la Cruz de Clavos para hacer público el caso y dejar constancia de la situación que enfrenta la denunciante.
Medina Ramírez explicó que decidieron hacer pública la denuncia también como una medida de protección, ante el temor de que pudiera ocurrirle algo a la integridad física de la agente. Sostuvo que muchas mujeres que enfrentan situaciones de violencia dentro de las instituciones públicas tardan en denunciar por miedo a perder su empleo, sufrir represalias o ser señaladas como conflictivas, mientras que los presuntos responsables se mantienen protegidos por sus posiciones jerárquicas.
La abogada indicó que, después de los hechos denunciados, la agente habría sido objeto de movimientos laborales y cambios de adscripción que consideró represalias por no acceder a los presuntos acosos del mando. Por su parte, Claudia relató que entre 2023 y 2024 fue cambiada de área y que durante 2025 fue enviada a Guadalupe y Calvo, además de señalar que el comandante y otros mandos habrían promovido acusaciones y denuncias falsas en su contra y contra otras compañeras.
La agente explicó que posteriormente fue sacada de la corporación de Vialidad y enviada a la Policía Estatal, pese a que, según manifestó, no pertenecía a esa área ni contaba con la capacitación específica para desempeñar esas funciones. Aunque dijo que ha aprendido y realizado su trabajo durante el último año, aseguró que dentro de la SSPE también ha sido trasladada constantemente entre distintas áreas, entre ellas Guadalupe y Calvo, al Complejo de Seguridad C-7 en Chihuahua capital.
Consideró que estos movimientos constituyen una forma de hostigamiento laboral para presionarla a renunciar, aunque reconoció que las autoridades podrían justificarlos bajo el argumento de necesidades del servicio. Aseguró que continúa desempeñando sus funciones porque le gusta su trabajo y pertenece a la Secretaría, pero admitió tener miedo por las condiciones en que se ha desarrollado el caso.
En cuanto al procedimiento ante la FEM, Martha Medina precisó que la denuncia está dirigida contra Aldas Palacios y que las demás circunstancias deberán ser investigadas por la Fiscalía. Informó que la agente ya fue sometida a una valoración pericial en psicología y que todavía faltan elementos por integrar para avanzar hacia una eventual judicialización del asunto.
Uno de los señalamientos más delicados expuestos durante la conferencia fue que, pese a que la víctima cuenta con medidas de protección que contemplan mantener al presunto responsable a una distancia mínima de 100 metros, ha continuado encontrándoselo cerca de ella y en las rutas donde realiza sus labores de patrullaje. La abogada cuestionó que no se estén garantizando las condiciones de seguridad correspondientes, tomando en cuenta que Claudia continúa trabajando y que ambos pueden coincidir durante sus actividades.
Asimismo, Medina Ramírez señaló que el comandante Aldas Palacios forma parte del Consejo de Honor y Justicia de la corporación en calidad de vocal, por lo que cuestionó su participación en ese órgano mientras enfrenta los señalamientos de la agente, al considerar que podría existir un conflicto de interés en los procedimientos internos.
La representante legal también describió las afectaciones emocionales que, aseguró, ha sufrido Claudia a raíz de los hechos y del proceso de denuncia, entre ellas crisis de ansiedad, pérdida de cabello, dificultades para dormir y temor constante ante la posibilidad de que la sigan o de que pueda perder su empleo. Indicó que ha sido un proceso particularmente difícil para la víctima y que las condiciones actuales han prolongado su estado de preocupación.
Finalmente, la abogada hizo un llamado a las mujeres y hombres que enfrentan situaciones de acoso o abuso dentro de las corporaciones e instituciones públicas a no guardar silencio y denunciar, al advertir que estas prácticas pueden mantenerse precisamente por el temor de las víctimas a las consecuencias laborales. La agente, por su parte, manifestó que continuará trabajando y defendiendo sus derechos, pese al miedo y a los cambios que ha enfrentado desde que ocurrieron los hechos denunciados.
Los señalamientos corresponden a la denuncia pública de la agente y su representante legal; corresponde a las autoridades ministeriales investigar los hechos y determinar las posibles responsabilidades.