La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), organización sin fines de lucro que desde hace más de 106 años defiende los derechos de los niños mexicanos y sus familias, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerza su facultad de atracción del juicio de amparo sobre el que recayó una suspensión definitiva en mayo pasado, que obligaba a la Secretaría de Educación Pública a suspender la elaboración de los libros de texto gratuitos (LTG), por no estar sujetos a un programa de estudios, y haber incumplido la Ley en su edición y distribución.
Esta medida está sustentada en los numerosos desacatos en los que incurrió la SEP frente a la suspensión otorgada por el Poder Judicial a la UNPF, y en la relevancia nacional que tiene el caso.
La demanda de amparo presentada por la UNPF destaca la ausencia de programas de estudio y la omisión de procedimientos establecidos en la Ley General de Educación (LGE), incluyendo la consulta previa requerida tanto por la Constitución como por la propia LGE. Esta omisión afecta no sólo la impresión de libros, sino también la formación del personal docente, con consecuencias directas en el desarrollo diario de los educadores frente al aula.
La suspensión que obtuvo la UNPF está fundada en el interés legítimo que tienen los padres de familia por la educación de sus hijos y en la necesidad de atender con seriedad y efectividad los grandes retos que tiene México en materia educativa, y que se agravaron con la pandemia del Covid 19, como lo son: el rezago educativo, la deserción escolar, el mantenimiento y mejoramiento de infraestructura, la capacitación docente y la adecuada aplicación de los contenidos educativos.
En este contexto, la UNPF solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde una postura institucional, considerar los siguientes aspectos:
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Interés Superlativo: evaluar la gravedad del caso en relación con la posible afectación de valores sociales, políticos, de convivencia, bienestar, o estabilidad del Estado mexicano, especialmente en el ámbito de la educación.
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Trascendencia del caso: reconocer la importancia excepcional o novedosa que podría tener la fijación de un criterio jurídico para casos futuros, así como la complejidad sistémica de la situación.
“Con esta petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteramos nuestra postura a favor de que haya libros de texto, pero conforme a la ley y con la calidad necesaria para garantizar la educación de nuestros hijos”, declaró Israel Sánchez Martínez, presidente nacional de la UNPF. “Confiamos en que los Ministros actuarán con compromiso y responsabilidad para garantizar que se cumpla la Ley y podamos, pronto, volver a tener materiales que permitan a los estudiantes enfrentar los enormes retos que tienen enfrente”, dijo.
La UNPF fundamentó esta petición en la preocupación por la gravedad del tema, ya que la eventual afectación del proceso educativo de las futuras generaciones podría impactar de manera importante en el funcionamiento de una sociedad democrática.
