La gobernadora Maru Campos Galván lanzó un señalamiento directo en contra del senador Enrique Inzunza Cázarez, luego de que este figurara —según información difundida— en una supuesta “lista roja” de autoridades de Estados Unidos, en la que también aparece el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros exfuncionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Lo anterior ocurre apenas un día después de que Inzunza Cázarez solicitara desde el Senado de la República iniciar un juicio político contra la mandataria estatal, derivado del operativo de desmantelamiento de presuntos narcolaboratorios en la Sierra de Chihuahua y la supuesta presencia de agentes estadounidenses.
Cuestionada al respecto, la titular del Ejecutivo estatal no esquivó el tema y respondió con tono crítico, poniendo en entredicho la autoridad moral de quienes impulsaban su comparecencia ante el Senado.
“Ya ves cómo iba a ir yo a comparecer a una reunión de trabajo del Senado, quienes iban a hacer a la gobernadora comparecer están en esta lista roja del gobierno de los Estados Unidos”, expresó Campos Galván.
La mandataria remató su posicionamiento con una frase que dejó clara su postura frente a la polémica: “Vámonos dando cuenta quién es quién”.
El señalamiento se da en medio de versiones que apuntan a que autoridades estadounidenses habrían formulado acusaciones formales contra diversos actores políticos de Sinaloa, incluyendo a Rocha Moya e Inzunza Cázarez, e incluso se habría solicitado la extradición del primero, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial pública detallada sobre estos procesos.
El cruce de declaraciones escala el tono político entre actores federales y estatales, particularmente en un contexto donde el tema de seguridad y la cooperación binacional han cobrado especial relevancia tras los operativos recientes en la zona serrana de Chihuahua, con señalamientos de presencia de agentes estadounidenses sin conocimiento ni autocorrección del Gobierno Federal.
Cabe recordar que la petición de juicio político contra la gobernadora fue impulsada bajo el argumento de posibles irregularidades en dichos operativos, lo que fue rechazado por el Gobierno del Estado, que ha defendido la legalidad de las acciones emprendidas.