Chihuahua. – El conflicto en Medio Oriente no solo ha encendido las alarmas geopolíticas a nivel mundial, sino que comienza a golpear con fuerza el bolsillo de los mexicanos a través de un impacto directo en el subsidio a los combustibles. De mantenerse el precio del petróleo en alrededor de 100 dólares por barril, el costo para las finanzas públicas del país podría alcanzar la escalofriante cifra de 220 mil millones de pesos, equivalentes a la mitad de lo recaudado por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) durante todo 2025; esto significa que se tiene un ingreso menor, lo que podría impactar en temas como el recorte a estados y podría afectar temas como en la falta de mantenimiento en carreteras.
La alerta la lanzó Gonzalo , presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en Chihuahua, quien explicó que el aumento en los precios de los energéticos -que ya ronda el 60 por ciento- está presionando de manera insostenible el esquema de subsidios que aplica el gobierno federal a través del IEPS. “Al ser un país importador de combustibles, cada semana el subsidio le cuesta al Estado alrededor de 5 mil millones de pesos. Si el galón llega a 4 dólares, esa cifra se dispararía a 6 mil millones semanales”, detalló.
Para los ciudadanos de a pie, esto significa que, aunque el aumento en el precio internacional de la gasolina no se refleje de inmediato en el costo final en las bombas gracias a los subsidios, el costo real lo está asumiendo el Estado mexicano, es decir, toda la sociedad. Este gasto millonario limita los recursos disponibles para otras áreas prioritarias como salud, educación, infraestructura y seguridad, un efecto dominó que podría resentirse en servicios públicos esenciales para las familias chihuahuenses y mexicanas.
Lo que más preocupa a especialistas como Näjera es la propuesta de modificación al concepto de “Gasto Corriente Estructural” que el Ejecutivo federal envió al Congreso. Explicó que esta iniciativa pretende excluir del cálculo del déficit fiscal los gastos en sueldos públicos y programas sociales. “Al quitar esos rubros, se crea un déficit fiscal más cómodo en los papeles, pero el gasto sigue ahí. Esto podría permitir seguir endeudando al país solo cambiando el concepto”, advirtió el líder del IMEF.
El impacto social de estas medidas, alertó Näjera, es profundo. Una modificación de este tipo permitiría que el gasto en programas sociales no se contabilice dentro del déficit real que está creciendo, ocultando la verdadera dimensión del endeudamiento. “Este concepto hace que pudiéramos seguir endeudando solamente al cambiar el concepto”, insistió el especialista, quien llamó a los legisladores a analizar con lupa estas reformas que, advirtió, terminan por afectar la estabilidad económica de las familias al encubrir el verdadero tamaño del gasto público.