El secretario General de Gobierno del Estado, Santiago de la Peña Grajeda, advirtió que la iniciativa impulsada por el Gobierno Federal para reformar la Ley Electoral y revisar posibles vínculos de candidatos con el crimen organizado podría convertirse en “un arma de doble filo” y derivar en un mecanismo de control político previo a las elecciones.
Lo anterior luego de que la presidenta de la República anunciara una propuesta mediante la cual los partidos podrían enviar de manera voluntaria sus listas de aspirantes para que una comisión evaluara posibles riesgos de infiltración del crimen organizado, sin hacer pública la información de las investigaciones.
De la Peña Grajeda señaló que, si bien el combate a la delincuencia organizada debe fortalecerse, la propuesta debe analizarse “con mucho cuidado”, pues advirtió que podría vulnerar principios constitucionales como la presunción de inocencia y dejar en manos de una comisión facultades prácticamente para decidir quién puede o no competir políticamente.
“Ahora resulta que habrá una comisión que prácticamente podrá decir ‘usted sí puede, usted no puede’, y además sin revelar información. Me parece que pudiera ser un arma de doble filo”, expresó el funcionario estatal, quien pidió a los diputados federales estudiar la propuesta “de cara a la sociedad” y no aprobarla de manera automática.
El secretario General de Gobierno dijo incluso que llama la atención que una iniciativa de ese tipo provenga de un partido de izquierda, cuando históricamente la izquierda mexicana impulsaba limitar las herramientas intrusivas del Estado hacia los ciudadanos.
“Imagínate que sin fundamento alguno, como hemos visto en otro tipo de acusaciones, le pongan una etiqueta a un ciudadano; yo creo que se estarían vulnerando elementos de la presunción de inocencia”, sostuvo.
Asimismo, De la Peña consideró que el combate a la infiltración del crimen organizado en la política debería centrarse más en el trabajo de instancias como la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y no en la creación de filtros políticos previos.
Esto al ser cuestionado sobre las recientes acciones del gobierno de Estados Unidos contra empresas mexicanas presuntamente vinculadas con operaciones del narcotráfico, caso en el que incluso trascendió el señalamiento a un restaurante de la ciudad de Chihuahua.
Al respecto, afirmó que el gobierno estadounidense está ejerciendo una política “cada vez más robusta y agresiva” contra organizaciones criminales, mientras que en México, dijo, las autoridades tendrían que concentrarse en hacer su trabajo e investigar cuando existan indicios claros.
“Qué más indicio que una imputación directa y una solicitud de detención para efectos de extradición de parte del gobierno de los Estados Unidos, y por el otro lado aquí simplemente se repliega la autoridad mexicana en lugar de ponerse a investigar”, remató.