El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, aseguró que el planteamiento realizado por la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno del Estado no debe entenderse como un pliego petitorio, sino como una exigencia para que el Gobierno de México asuma las responsabilidades que le corresponden en la atención de las causas que originan el desplazamiento forzado de familias en municipios como Guadalupe y Calvo.
Cuestionado este viernes sobre el llamado realizado un día antes por el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón, De la Peña sostuvo que el mensaje fue claro: mientras el Gobierno del Estado ha atendido las consecuencias de este fenómeno, la Federación debe intervenir con otras dependencias para enfrentar el problema desde su origen.
El funcionario destacó que, en materia de seguridad, existe coordinación con instancias federales como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional para atender la problemática de las comunidades desplazadas. Sin embargo, enfatizó que hacen falta acciones de otras dependencias federales cuya participación resulta indispensable para restablecer las condiciones de vida en esas regiones.
En ese sentido, afirmó que Chihuahua merece una mayor atención por parte del Gobierno Federal y mencionó específicamente la necesidad de que dependencias como Diconsa, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Federal de Electricidad cumplan de manera puntual con sus responsabilidades en las zonas afectadas.
De la Peña subrayó que la administración de la gobernadora Maru Campos ha trabajado en la atención de los efectos del desplazamiento, pero insistió en que corresponde a la Federación intervenir para resolver las causas que lo provocan, algunas de las cuales, dijo, derivan de la falta de atención gubernamental.
Como ejemplo, cuestionó que durante cerca de dos meses se registraran inconsistencias en el suministro de alimentos por parte de Diconsa en comunidades de la región serrana, sin que, aseguró, el Gobierno Federal actuara para garantizar el abasto de insumos básicos para la población.
Finalmente, reiteró que el llamado del Estado es para que la Federación asuma plenamente sus responsabilidades y complemente el trabajo que ya realizan las autoridades estatales en favor de las familias afectadas por el desplazamiento forzado.