Título SEO: Comunidades rarámuri denuncian al Estado mexicano ante la CIDH por megaproyecto Barrancas del Cobre
Chihuahua.- Las comunidades indígenas rarámuri de Huitosachi, Mogótavo y Bacijípare, ubicadas en el municipio de Urique, Chihuahua, denunciaron al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presuntas violaciones a sus derechos territoriales, contaminación ambiental y falta de consulta previa, libre e informada en el desarrollo del proyecto turístico Barrancas del Cobre.
Durante la audiencia pública del 197 periodo de sesiones del organismo internacional, correspondiente al caso 14.765, representantes de las tres comunidades expusieron las afectaciones que aseguran haber enfrentado durante casi tres décadas, derivadas de la expansión de la infraestructura turística en sus territorios ancestrales.
Entre los principales señalamientos se encuentra la ocupación de terrenos comunitarios sin consentimiento indígena. De acuerdo con la representación legal de las comunidades, el proyecto turístico iniciado en 1997 y la posterior construcción del Parque de Aventura en 2010 implicaron la ocupación de aproximadamente 150 hectáreas pertenecientes a Mogótavo y 20 hectáreas de Bacijípare.
Las autoridades tradicionales también denunciaron la contaminación de arroyos por descargas de aguas residuales sin tratamiento provenientes de complejos hoteleros y cabañas, lo que habría afectado las fuentes de agua utilizadas para consumo humano y provocado enfermedades gastrointestinales y cutáneas entre niñas y niños de la región.
Durante su participación, Miguel Ángel Manuel Parra, representante de Mogótavo, expuso las carencias que enfrentan las comunidades en materia de salud, transporte y acceso al agua potable, mientras que la asesora legal Carmen Herrera señaló que los beneficios económicos generados por la actividad turística no se reflejan en las condiciones de vida de los habitantes indígenas.
Como parte de los argumentos presentados, se mencionó que durante 2025 la región recibió más de 150 mil turistas y registró una derrama económica estimada en 291 millones de dólares; sin embargo, las comunidades señalaron que desconocen el destino de esos recursos y que apenas alrededor de seis habitantes cuentan con empleo en el parque turístico.
Otro de los reclamos fue el incumplimiento de resoluciones judiciales relacionadas con la participación indígena en las decisiones sobre el desarrollo regional. Aunque desde 2012 se estableció la creación de un Consejo Consultivo y la elaboración de un plan de desarrollo, los representantes señalaron que durante años las sesiones se realizaron sin intérpretes de su lengua materna y que su propuesta comunitaria, denominada Plan Nátiga Busuré, continúa sin incorporarse formalmente.
En respuesta, la delegación del Estado mexicano solicitó a la CIDH desestimar las violaciones alegadas, al considerar que no existe responsabilidad internacional. Entre los avances expuestos destacó el decreto presidencial del 19 de mayo de 2025, mediante el cual se reconocieron 317 hectáreas como propiedad comunal tradicional de Mogótavo, así como su posterior inscripción en el Registro Agrario Nacional durante 2026.
El subsecretario de Turismo de Chihuahua, Juan Enrique Toledo, sostuvo que mediante el Consejo Consultivo Regional se han realizado procesos de consulta sobre proyectos específicos, entre ellos la plaza comercial y el camino de acceso, además de que las comunidades tuvieron participación en el rechazo al proyecto Sky Coaster en 2023. También mencionó que los habitantes pueden utilizar gratuitamente el teleférico como medio de transporte.
Respecto a las denuncias ambientales, la representación estatal señaló que la Profepa y la Comisión Nacional del Agua han realizado inspecciones y suspensiones temporales a empresas infractoras. Asimismo, sostuvo que las descargas denunciadas no provienen de las atracciones del Parque de Aventura, sino de la comunidad de Areponapuchi y hoteles de los alrededores.
Durante la ronda de preguntas, la relatora para México, Andrea Pochak, y la comisionada Gloria Monique de Mees cuestionaron los rezagos en el reconocimiento de los derechos de las comunidades, la falta de intérpretes durante las sesiones del Consejo Consultivo y la tardanza en garantizar el acceso a agua potable para la población infantil.
Por su parte, el embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que se trata de una problemática estructural que se ha prolongado durante casi 30 años y admitió que, pese a los avances registrados, no se ha logrado resolver el problema de fondo. También comprometió la continuidad del diálogo mediante el Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara.
Al cierre de la audiencia, la CIDH estableció un plazo de 30 días naturales para que ambas partes presenten sus observaciones y alegatos finales por escrito. Además, solicitó al Estado mexicano transparentar los informes financieros relacionados con el complejo turístico Barrancas del Cobre.
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