Por: Dr. Héctor Alejandro Navarro Barrón
Cada año, con la llegada del periodo de inscripciones, asistimos a un ritual de profunda hipocresía institucional. Con puntualidad de reloj suizo, las autoridades de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) emiten enérgicas advertencias: queda estrictamente prohibido condicionar el acceso a las aulas, la aplicación de exámenes o la entrega de documentos al pago de «cuotas voluntarias». El andamiaje legal les respalda de manera categórica; tanto la Constitución Federal como el artículo 5 de la Ley Estatal de Educación consagran la gratuidad de la enseñanza pública y prevén severas sanciones administrativas para aquellos directivos o docentes que osen cruzar esa línea.
Sin embargo, las leyes se redactan desde la comodidad de escritorios con clima artificial. Quienes diseñan estas normas parecen olvidar que Chihuahua no es un aula de teoría jurídica, sino un territorio de contrastes climáticos brutales. En una región donde el termómetro desafía habitualmente los 40°C en la temporada de verano y cae por debajo de cero en el invierno, asegurar condiciones mínimas de habitabilidad en un salón de clases no es un lujo decorativo: es una necesidad de supervivencia humana y pedagógica.
Es en esta frontera climática donde la promesa de la gratuidad se desmorona y choca de frente con la realidad operativa de los planteles. No hace falta ir muy lejos para recordar el indignante oficio firmado por Aurora Solís Meléndez, otrora subsecretaria de Planeación y Administración, mediante el cual se restringió y prohibió el uso de sistemas de aire acondicionado tipo minisplit en las escuelas públicas bajo el argumento de que generaban un gasto eléctrico excesivo que la Hacienda estatal no podía costear. La directriz gubernamental fue lapidaria: el plantel que no acatara la orden sería dado de baja de la cuenta de pago centralizada del Estado, obligándolo a asumir la facturación eléctrica de manera independiente.
Ante el desamparo oficial y para evitar que sus hijos sufrieran golpes de calor dentro de salones convertidos en auténticos hornos, fueron los propios padres de familia quienes tuvieron que organizarse para comprar, instalar y mantener los equipos de enfriamiento con sus recursos. ¿Dónde quedó entonces el principio constitucional de gratuidad si el propio gobierno se deslindó de proporcionar el confort mínimo para el aprendizaje?
Esta transferencia de costos del Estado hacia las familias no es una anomalía del sistema; por el contrario, está institucionalizada. Un ejemplo flagrante se encuentra en las reglas de operación de los programas municipales de equipamiento escolar. Cuando una escuela pública desea acceder a subsidios de infraestructura, la propia convocatoria gubernamental exige que la solicitud sea respaldada por la Asociación de Padres de Familia, bajo el compromiso explícito de que la comunidad escolar aportará de forma líquida el 25% del costo total del proyecto. Es decir, el mismo aparato estatal que prohíbe y persigue el cobro de cuotas asume y normaliza que las escuelas disponen de una tesorería alimentada por las aportaciones familiares para poder aspirar a beneficios públicos.
Iniciativas federales valiosas como «La Escuela es Nuestra» representan un alivio innegable para muchas comunidades. No obstante, al no contar con una cobertura universal anualizada y estar orientadas fundamentalmente a obras de rehabilitación mayor, dejan un vacío enorme en el flujo de efectivo cotidiano que requiere un plantel. Cuando un baño se tapa, un vidrio se rompe, se agotan los insumos de limpieza o se quema una bomba de agua, las escuelas no pueden esperar a que se apruebe una partida presupuestal centralizada.
Denunciar las cuotas escolares desde la comodidad del discurso político es sencillo, pero ignorar la realidad material de nuestras escuelas es peligroso. Si hoy las mesas directivas de padres de familia dejaran de aportar un solo peso a los planteles públicos, el sistema educativo en Chihuahua colapsaría en cuestión de semanas; las aulas se quedarían sin mantenimiento, sin higiene básica y expuestas a la inclemencia del desierto.
Mientras el Estado no asuma con responsabilidad financiera real y completa los costos operativos de la infraestructura que administra, las cuotas voluntarias seguirán siendo el soporte vital de la educación pública. Condenarlas sin ofrecer presupuestos suficientes no es defender un derecho social; es condenar a nuestros niños a estudiar en la precariedad absoluta. Es hora de terminar con la simulación.