Por: Maclovio Murillo
A contrapelo de como se ha ido reafirmando la real y objetiva importancia que actualmente tiene el poder judicial – ya sea en el orden federal o local – en la consolidación de un estado democrático de derecho constitucional, observamos con preocupación que paralelamente los poderes ejecutivo y legislativo -también del orden federal y local-, han dirigido una política pública, cuyo propósito es no sólo controlarlos y manipularlos, sino también dominarlos totalmente hasta anular por completo su independencia, autonomía e imparcialidad, para convertir a los Juzgadores en personajes abyectos y lacayos a su servicio, y así preservar su autoritarismo en el ejercicio del poder, sin arriesgarse siquiera a que exista la mínima posibilidad de que la judicatura pueda revisar su actuación y determinar que la misma es ilegal o inconstitucional.
Muy grave -sin duda-, esa ramplona política, indigna de un régimen democrático y más bien propia de las dictaduras autoritarias, pues desde la conformación de nuestra Nación, ha sido una aspiración legítima de los mexicanos, que tanto las disputas entre particulares, como de particulares y el poder público, así como entre los diversos poderes, sean resueltas pacíficamente y de forma imparcial, por un poder judicial autónomo, independiente e imparcial.
En su proclama llamada “Sentimientos de la Nación”, José María Morelos y Pavón, acuñó la sabia frase que dice:
*”… que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario …”*
Para no vaciar de contenido y que sea una realidad el noble propósito de esa sabia frase que encierra el derecho a la jurisdicción y juez competente e imparcial, ya reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario contar con juzgadores que tengan los atributos de ser realmente autónomos e independientes, que no le deban su cargo mas que a su individual preparación, méritos y experiencia en el ejercicio de la ciencia del derecho en los diversos ámbitos, pero preferentemente en la actividad jurisdiccional, para que puedan tener imparcialidad, pues sin ese atributo, no podrían impartir justicia en forma adecuada.
Sin embargo, según se ha dicho, hoy por hoy observamos con preocupación e inclusive con angustia, cómo es que esos atributos de la judicatura para poder realizar correctamente su labor, están en gravísimo riesgo, pues a partir de esa política pública equivocada, es como se explican los injustificados y perniciosos ataques directos a los señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aún no se han doblegado a los caprichos del Ejecutivo Federal. Y es también por eso que se impulsa el nombramiento de Ministras y Ministros, muy afines al régimen y muy leales al mismo, e inclusive parte de su gobierno, pero con nula experiencia en la labor de decir e interpretar el derecho y con nula posibilidad de imparcialidad, con el propósito perverso de que sus fallos respondan exclusivamente al interes de los que gobiernan.
Pero a nivel local no se tocan mal las rancheras, pues con la idea de controlar aún más al poder judicial -que ni siquiera ha logrado mayoría de edad al menos para nombrar libremente a su presidente-, se hizo una regresiva reforma a la Constitución de Chihuahua, que eliminó los concursos de oposición en el nombramiento de Magistrados, con la finalidad de nombrarlos finalmente de forma absolutamente discrecional, y así pagar favores políticos, y designar a personajes que estarán al servicio de quien los nombre y no de la impartición de justicia conforme a derecho.
De esa forma es cómo se emitió una convocatoria que por una parte vulneró los principios previstos en el artículo 116 de la Constitución Federal, al no privilegiarse a los miembros de la Judicatura que son los que cuentan con experiencia acreditada y conocimientos, para darles la posibilidad de acceder al cargo de Magistrados, dando lugar a que personajes francamente ignorantes del derecho y sin experiencia, ocupen los más altos cargos en la impartición de justicia local, y los que han dedicado toda una vida a esa labor, queden fuera porque se les niega siquiera el derecho a participar.
En ese sentido, se otorgó a una comisión integrada por tres miembros (uno por cada poder) la facultad de integrar las ternas por cada una de las siete magistraturas vacantes, pero para comenzar, esa comisión se integró objetivamente como un órgano político (no técnico), que integró las ternas sin sujetarse a evaluación ni parámetro alguno, sino exclusivamente a los designios y conveniencia del poder, ejerciendo esa labor con plena discrecionalidad sin garantizarse la elección de los más preparados, con mayor experiencia, méritos y aptitudes que les otorguen idoneidad para el cargo, pues el único valor que se pondera, es la lealtad, para que les sirvan a quienes los ponen, haciéndose así añicos los más importantes valores de los juzgadores que son la independencia, autonomía e imparcialidad.
A quienes hemos luchado por la real y objetiva independencia judicial, más allá de la política en la que no estamos interesados, esta situación realmente nos invita a concientizar a la sociedad lo que está sucediendo, pues sin jueces imparciales no hay ley que valga y sin respeto a la ley, nadie debe vivir tranquilo.
*Así, es cuanto*
Maclovio Murillo.
