El pasado viernes, el Órgano Interno de Control anunció la inhabilitación por tres meses de Mónica Vargas Ruíz, quien fue secretaria de la Función Pública durante la segunda mitad del mandato de Javier Corral Jurado. Esta decisión se tomó tras una investigación iniciada en marzo de 2022, en la que Vargas Ruíz fue encontrada responsable de no cumplir con la entrega de información y de no aclarar observaciones en el acta de entrega-recepción de la dependencia, por lo tanto en respuesta a esta inhabilitación, el secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña, destacó la importancia de respetar estos procesos y aseguró que cualquier incumplimiento o delito por parte de un servidor público debe tener sus consecuencias. Enfatizó que los procedimientos de la Función Pública no están dirigidos contra funcionarios de una administración específica, sino que son acciones que se llevan a cabo en base a hallazgos de irregularidades.
De la Peña Grajeda subrayó que esta administración mantendrá un respeto irrestricto a los procedimientos que siguen a exfuncionarios de administraciones anteriores, incluidos aquellos de la administración de Javier Corral.
Según indicó el secretario, estas acciones reflejan lo que los ciudadanos esperan: que haya respuestas adecuadas cuando un funcionario comete errores.
Es relevante mencionar que, en mayo de 2022, Vargas Ruíz fue emplazada a un procedimiento debido a un informe de presunta responsabilidad que señalaba irregularidades en la entrega de información y en las aclaraciones del acta de entrega-recepción a la Secretaría de la Función Pública. Este informe llevó al Órgano Interno de Control a determinar la inhabilitación de la exfuncionaria.
