Chihuahua.- El Congreso del Estado fue la sede del Foro Estatal para Gobernadores y Líderes Indígenas, en donde se llevó a cabo la Mesa de Seguridad y Justicia, que busca la creación de una sala para asuntos penales con perspectiva indígena, con la participación de líderes indígenas con temas como la libre determinación prevista en la legislación estatal y nacional; Guadalupe Holguín, luchadora por los derechos indígenas enfatizó que los funcionarios públicos tienen una obligación para con los pueblos indígenas, no para que estén sentaditos; además, Enrique Rascón, Secretario de Pueblos Indígenas, comentó que los funcionarios públicos deben de guiarse por sus consejos y enseñanzas, además de reiterar que el Gobierno del Estado cuenta con todo el corazón para poder cambiar la deuda histórica que se tiene desde hace mucho tiempo.
Guadalupe Pérez realizó una exposición de casos reales que tuvieron obstáculos en el acceso a la administración de justicia, en donde una de las principales dificultades que se tuvieron, fue la falta de un traductor.
Enrique Rascón, Secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, enfatizó que se deben de unir como pueblos originarios pero sobre todo hacia adentro, ya que hacia afuera se tiene que reconocer la riqueza de la cultura, lengua y raíces; señaló que el Gobierno del Estado busca cambiar esa deuda histórica que se tiene desde hace mucho tiempo; pidió aprovechar estos foros, ya que los funcionarios vienen a escuchar y entienden que este gobierno tiene que abrir las puertas.
Además se llevó a cabo una conferencia impartida por el Magistrado Luis Enrique Cordero, para posteriormente realizar mesas de análisis para la conformación de la Sala Penal.
El Foro, que busca el bienestar de las personas indígenas, contó con la presencia de gobernadores y gobernadoras indígenas; Guadalupe Pérez Holguín, defensora de los derechos indígenas en el estado; el Magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal de Oaxaca; Enrique Carrillo, Secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas; Liliana Armendáriz Granados, Subdirectora de Justicia Cívica y Prevención de la DSPM; Wendy Chávez, Fiscal de Atención al Delito por Razones de Género y Familia; Marcelo Valenzuela Castillo, presidente del Observatorio Ciudadano y Pueblos Indígenas.
