Chihuahua.- El Congreso del Estado exhortó al Senado de la República y a la Cámara de Diputados para que, interpongan una Acción de Inconstitucionalidad en contra del decreto que reforma diversas disposiciones en materia electoral, solicitando la suspensión de los actos reclamados para evitar la consumación de violaciones de imposible reparación, ya que se pone en peligro la democracia de México.
Esto luego de la aprobación de la proposición, presentada por el diputado Francisco Sánchez Villegas, quien recordó que la acción de inconstitucionalidad es un recurso legal que se tramita en forma exclusiva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía. Si la Corte declara que una norma es contraria a la Constitución, ésta no podrá volver a tener vigencia ni aplicarse a persona alguna.
Dijo que México, actualmente, se encuentra en un contexto de adversidad política, el presidente de la República ha utilizado sus tres herramientas preferidas, la polarización, el populismo y la postverdad para separar a los mexicanos.
Que, en uno de los momentos más complejos del país, siguió diciendo el diputado, desde el poder se promovió una reforma electoral que lejos de generar consenso político, fue unilateral y provocó una pugna entre defender la máxima institución democrática y las ambiciones desmedidas de los integrantes del partido en el poder.
De ahí que la defensa de la democracia en México ha sido manifiesta desde las calles a través de marchas multitudinarias que han provocado que, en un evento inédito, millones de personas salgan a manifestar su desacuerdo con la reforma electoral que ha sido denominada “plan b”, ya que el objetivo del presidente era elevar esta reforma al rango constitucional, con cambios más drásticos y perniciosos, lo cual no fue posible, gracias a legisladores responsables que se opusieron.
En ese sentido el diputado explicó que la dicha reforma electoral invade el principio de supremacía constitucional pues desde una legislación secundaria va más allá de lo que le permite la Constitución Política; por otro lado, afecta al Instituto Nacional Electoral, reduciendo su personal de manera drástica, haciendo endeble la vigilancia electoral, así como disminuye los recursos otorgados para capacitación de servidores públicos de ese Instituto; otro de los cambios más preocupantes es lo que respecta a la propaganda gubernamental, pues reduce este concepto y limita a aquellos gastos etiquetados con este rubro, aunque en la realidad existan más erogaciones; además limita las facultades del Instituto Nacional Electoral respecto de sanciones a funcionarios públicos que expresen públicamente sus preferencias a favor de algún candidato.
Ante todas estas circunstancias, hay una presunción de inconstitucionalidad de esta reforma electoral, por otro lado, el sentir de una gran parte de la ciudadanía que desea mantener las instituciones en México, es que esta reforma pase por un escrutinio constitucional.
