Chihuahua, Chih.- Este martes 5 de octubre, organizaciones de la sociedad civil se reunieron con el Secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno, y su equipo de trabajo para dar seguimiento a los acuerdos de la audiencia pública de tala ilegal llevada a cabo en los pasados meses de junio y agosto. Ambas partes acordaron tener una nueva reunión en enero del 2022 para revisar el cumplimiento de los acuerdos.
Cabe recordar que en las sesiones públicas que se realizaron los días 29 y 30 de junio y 18 de agosto, aún durante la administración de Javier Corral Jurado, se llegaron a acuerdos importantes como reactivar las mesas de trabajo de Medio Ambiente y Sierra Tarahumara, la realización de un diagnóstico sobre la problemática en los municipios afectados y la elaboración de un plan integral de acciones de las dependencias estatales y federales para trazar la ruta que permita frenar la devastación del bosque y abatir la impunidad de quienes perpetran este delito ambiental.
Recordemos el posicionamiento integro emitido el 19 de agosto de este 2021 antes de la salida de la anterior administración, en el que tras las primeras audiencias, si bien se reconocen los acuerdos, las organizaciones consideraban que se había avanzado muy poco en su cumplimiento:
“Al concluir la segunda audiencia sobre el medio ambiente, en la cual se trató con autoridades estatales y federales la problemática de la tala clandestina en la Sierra Tarahumara, las organizaciones civiles que participamos en el proceso informamos lo siguiente:
En las sesiones públicas que se realizaron los días 29 y 30 de junio y 18 de agosto, se llegaron a acuerdos importantes como reactivar las mesas de trabajo de Medio Ambiente y Sierra Tarahumara, así como la realización de un diagnóstico sobre la problemática en los municipios afectados.
Destacamos el interés que existe para la elaboración de un plan integral que permita articular las acciones de las dependencias estatales y federales para trazar la ruta que permita frenar la devastación del bosque y abatir la impunidad que favorece a quienes cometen delitos ambientales.
Sin embargo, vemos con preocupación que la tala clandestina no fue un tema de prioridad para el Gobierno del Estado saliente y no hay una garantía de que el seguimiento esté en la agenda de la administración entrante.
En el seguimiento a los acuerdos de las dos primeras audiencias, consideramos que los avances de los últimos dos meses han sido pocos, ya que, a dos meses de que se realizaron, únicamente se concretó una reunión entre la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas (COEPI) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en relación a los procesos de consulta, participación e inclusión de las comunidades indígenas en las políticas forestales.
Aún y cuando hay voluntad personal de algunos actores, observamos una falta de voluntad política para hacer frente a dicha problemática por parte del gobierno Estatal y Federal.
Consideramos que la tala clandestina de la Sierra Tarahumara es una problemática que demanda la disposición de las autoridades de los tres niveles de gobierno, la cual debe consolidar transversalidades y sumar voluntades.
Al ser un tema que requiere atención prioritaria, como sociedad civil no quitaremos el dedo del renglón y reiteramos nuestra disposición de mantener un diálogo para dar seguimiento a los acuerdos que se tomaron en las audiencias.
La devastación del bosque de Chihuahua ya registra impactos sociales y ambientales graves de atención urgente que ya no debe perderse en la indolencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, ni la burocracia que frenan su actuar.
En ese sentido, solicitamos a la administración estatal entrante a sumarse a estas acciones y que contemple una reunión con las y los integrantes de la sociedad civil organizada dentro de su agenda de transición.
Reconocemos la respuesta que tuvimos en las sesiones de las dos audiencias públicas de las y los titulares de las dependencias estatales: Secretaría General de Gobierno, la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas (Coepi), la Fiscalía General del Estado, la Dirección de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave) y, a las y los representantes en el estado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Firmamos: Consultoría Técnica Comunitaria, Fondo Christensen, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. Red Serrana, Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Pies de la Tierra, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Red por la Participación Ciudadana, Horacio Almanza Alcalde.”
