Por: Beatriz Verduzco Gutiérrez
Dice la Diputada panista Carmen González que ni «Los cobros que le hace Pensiones Civiles del Estado (PCE) a la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) por los conceptos de diferencial médico e intereses no figuran en la ley, según dijo la diputada panista Rocío González, quien expresó que es apremiante una reforma a la Ley de PCE» ( https://diario.mx/estado/cobros-de-pensiones-estan-fuera-de-la-ley-20210108-1749753.html). En este mismo sentido el Diputado Álvarez Monge, en la sesión del 30 de diciembre, abordó el tema de los intereses moratorios y que, según él, no debían ser incluidos en el total de adeudos de las dependencias e instuciones afiliadas, sin que ninguno de sus compañeros le sacara del error.
Es apremiante que todos los interesados, antes de emitir una opinión, nos pongamos a leer y entender la escasa legislación que tiene Pensiones Civiles del Estado.
En cuanto a los intereses que debe cobrar Pensiones a las dependencias que no cumplen sus obligaciones en el tiempo que marca la Ley de Pensiones, el artículo 78 establece lo siguiente: «ARTÍCULO 78. El retraso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los patrones o los asegurados con la Institución, dará lugar al pago de intereses moratorios, a razón de una tasa equivalente a la de recargos por mora señalada en la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal que corresponda».
¿Puede haber alguna duda de la simple lectura del contenido de este articulo?
Por cuanto al diferencial, es necesario que los interesados se remitan al Reglamento de Servicios Médicos para los trabajadores al Servicio del Estado, ya que la regulación del servicio médico no se encuentra en la Ley sino en éste. En el artículo 33 del mencionado normativo vigente: «ARTÍCULO 33.- Los trabajadores al servicio del Estado y de las Instituciones afiliadas aportarán al fondo el
3% calculado sobre el total de sus percepciones, aun las de carácter extraordinario. El Gobierno del Estado
y las Instituciones afiliadas APORTARÁN LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL DE LOS SERVICIOS Y LA APORTACIÓN DE SUS TRABAJADORES».
Y en ese punto se concede la razón a la exigencia del Rector de la Universidad Autómoma de Chihuahua en cuanto a pagar el diferencial médico de lo que corresponde únicamente a SUS trabajadores, así lo establece precisamente el artículo 33.
Así también este Reglamento establece la obligación de los patrones de hacer la entrega a Pensiones de las retenciones y del diferencial del costo del servicio médico: «ARTÍCULO 35.- El Estado y las Instituciones afiliadas deberán:
I.- Retener a sus trabajadores la aportación a que se refiere el artículo 33 y enterar su importe a Servicios Médicos Estatales DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES AL DE LA RETENCIÓN;
II.- ENTERAR CON LA PERIODICIDAD REQUERIDA LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A SU CARGO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 33.
Pero, ¿porqué el Rector de la UACH dejó que transcurriera tanto tiempo utilizando un servicio, caro como lo ha declarado, acumulando adeudos, en lugar de utilizar su lugar privilegiado en la Junta Directiva de Pensiones, para que llegaran a un entendimiento en el marco de la Ley y el Reglamento?
¿Por qué todos los derechohabientes tenemos que estar pagando las consecuencias de la falta de cumplimiento de sus obligaciones de una innumerable lista de servidores públicos, entre los que se encuentran:
* Los integrantes de la Junta Directiva de PCE, entre los que están dos de los principales deudores, el Secretario de Hacienda, Presidente de ese órgano, y el Rector de la UACH, así como los Secretarios de Salud y Educación y sin faltar los Secretarios Generales de los Sindicatos de la Sección 42 y de Burócratas, así como el Director General de Pensiones;
* El Coordinador Jurídico y el Director de Finanzas de PCE;
*Los diputados del Congreso de Chihuahua, que aprobaron las cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2016 y 2018 de PCE, no obstante que en sus informes técnicos la Auditoría Superior del Estado (ASE) les reportó adeudos de las dependencias por más de $1,400 millones en 2016 y casi $1,900 millones en 2018. Por cierto, los legisladores tienen sin aprobar la cuenta pública del 2017, ya que en dos ocasiones han rechazado el dictamen de la Comisión de Fiscalización, con la probable intención que se quite de éste la obligación de ordenar a la ASE que inicie con las denuncias en contra de los servidores públicos que han violado la Ley y el Reglamento de Pensiones;
* Los servidores públicos de las dependencias e instituciones deudoras que aún teniendo etiquetados en sus presupuestos lo correspondiente a seguridad social no lo hicieron llegar a Pensiones. Además de que algunas de ellas se han quedado con las retenciones de los trabajadores, no sólo de los conceptos del fondo de jubilaciones y pensiones, sino de servicio médico y hasta de préstamos personales.
Quienes han puesto en esta grave crisis a PCE son todos estos «servidores públicos» que han incumplido la Ley de Pensiones, el Reglamento de Servicios Médicos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Presupuesto de Egresos, por mencionar algunos.
NO SEÑORES Y SEÑORAS NO SE TRATA DE OTRA REFORMA CON LA QUE PRETENDAN SACAR DE LA CRISIS AL INSTITUTO HACIENDO PAGAR A LOS TRABAJADORES DE SUS OMISIONES E ILEGALIDADES, LO QUE RECLAMAN ESTÁ PERFECTAMENTE CLARO EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE.
NO PRETENDAN JUSTIFICAR A SUS CORRELIGIONARIOS, APLÍQUEN TAMBIÉN A ELLOS LA «JUSTICIA PARA CHIHUAHUA»
