Chihuahua, Chih.- Continúan trascendiendo audios de la reunión sostenida por la dirigencia de la Sección 42 del SNTE con los secretarios generales delegacionales de todo el estado. En ellos relatan, en palabras propias, más que “preocupante” situación por la que atraviesa Pensiones Civiles del Estado. En los fragmentos en cuestión, además de a los efectos imprevisibles e imposible de presupuestar con antelación de la pandemia de COVID-19 y los adeudos millonarios de dependencias, el secretario general Ever Avitia Estrada y la titular de la Secretaría Técnica B y encargada de las relaciones con Pensiones, Indra Manzo Rascón, atribuyen parte del colapso a la afiliación de 3 mil 173 esposos y padres de maestras que fueron recientemente afiliados por la vía legal, mediante juicios y recursos legales, -enfatizan las avanzadas edades de los mismos- que suponen un peso y un gasto que no estaba contemplado a la hora de realizar los presupuestos para el año en curso. El secretario general es explícito en su participación, deja claro que no era ni es partidario de la afiliación masiva de esposos de maestras –lo cual desde algunos sectores se interpreta como que defiende la injusticia de PCE por encima del derecho de sus agremiados- e incluso llega a decir que con este tema se dieron un balazo en los dos pies.
En los dos breves audios que empezaron a correr como la pólvora la tarde de este viernes, que son fragmentos de intervenciones más amplias, se escucha a Ever Avitia diciendo que “se los dije en Cuauhtémoc, yo no voy a promover la entrada de manera masiva de esposos porque entrarían 11 mil gentes de una vez. El número que dio de 3 mil 173 no sólo son esposos, son papás también, y que yo no estoy en contra de que se hayan amparado y hayan entrado, pero entraron 3 mil 173 compañeros hasta el día de ayer con un promedio de edad de 65 años y el 88 por ciento de ellos tenían o tienen un servicio médico alterno, o el ISSSTE o Pensiones Municipales o Seguro Social. Esto no estaba presupuestado. Ahorita si alguno de ellos va a Pensiones no lo van a atender igual que no me van a atender a mi o a un individuo, porque está saturado”.
Asimismo, agrega siguiendo con el tema que “yo en aquel tiempo lo dije, nos vamos a dar un balazo en el pie, nos lo dimos en los dos pies. Esperemos poder sacar esto adelante, la crisis en la pandemia en el invierno que apenas empieza”.
Por su parte, Indra Manzo, relata la preocupante situación que padece Pensiones Civiles haciendo alusión a la falta de solvencia económica, las consecuencias que ha traído la pandemia de COVID-19, la necesidad de habilitar un espacio en el área de Urgencias para la atención a pacientes de COVID-19, que “son gastos que para el instituto no estaban presupuestados”, así como los adeudos a proveedores.
También refiere que en días pasados revisaron con la jefa de Urgencias la situación y atender algunas quejas y “ella menciona que está siendo insostenible (…) para ellos esto por todo lo que tienen que estar utilizando, desechando diariamente en esta área porque están en contacto directo con el infectado”
“Ya hay complicaciones muy severas de algunos médicos, se está buscando la contratación de urgenciólogos, intensivistas y no hay la verdad disponibilidad en estas especialidades en nuestro estado”, alerta.
Acto seguido, Manzo también saca a colación las consecuencias de la afiliación de esposos de maestras. “Otra repercusión importante pues son los 3 mil 100 casos de esposos que se afiliaron mediante los juicios que todos conocemos que se llevaron a cabo en los meses anteriores donde el promedio de edad de los esposos afiliados, de los 3 mil 100 esposos afiliados es de 65 años de edad, entonces pues ustedes tienen de conocimiento que entre más edad tenemos más necesidad médica tenemos, era algo que también para este ejercicio el presupuesto del año 2020 en nuestro instituto de seguridad no estaba previsto y que ha habido un gasto que ha venido a tener consecuencias también para el mismo”, señala.
Tras tener conocimiento y escuchar los audios, algunos agremiados lamentaron la postura de las autoridades sindicales y en especial la del secretario general, enfatizando que “su obligación es velar por nuestros derechos, no justificar las negligencias de las autoridades”.
“La afiliación de los esposos es un derecho constitucional y tardamos 60 años en ejercerlo. Es inconcebible que se ponga del lado de la autoridad”, aseveraron molestos.
De igual forma apuntaron que, atendiendo a sus palabras, pareciera “como si el problema en la deficiencia en el servicio médico se hubiera dado ahora y no fuera un problema generado por las políticas de este director”.
Y es que manifestaron que Alberto José Herrera “en lugar de robustecer el servicio hizo todo lo contrario y obvio que la pandemia sacó a flote todas las deficiencias que fueron generadas por ellos”.
