La confrontación entre la dirigencia de la Sección 42 del SNTE y maestros jubilados disidentes de Jiménez que tienen tomadas las oficinas sindicales continúa en el terreno penal y exhibió, además, una disputa de fondo por el reconocimiento sindical de los pensionados y el tema de las cuotas sindicales. Mientras la representación legal de la organización presentó una denuncia formal por despojo contra varios docentes retirados acusados de tomar las instalaciones sindicales, los señalados respondieron solicitando respaldo jurídico a la propia dirigencia estatal, argumentando que continúan siendo miembros plenos del sindicato conforme a los Estatutos del SNTE.
De acuerdo con la ampliación de denuncia interpuesta ante la Unidad Especializada de Investigación en Jiménez bajo el número único de caso 36-2025-0000866, el abogado Juan Diego Dávila Sáenz, en su carácter de apoderado legal de la Sección 42, acusó a maestros jubilados encabezados por Fidel Octavio López Acosta de haber tomado desde septiembre de 2025 el edificio sindical ubicado en las calles Sor Juana Inés de la Cruz y Amado Nervo, en la colonia Abraham González de Ciudad Jiménez.
En la querella, la parte denunciante sostiene que los jubilados colocaron cadenas, candados y soleras soldadas para impedir el acceso al inmueble tanto a trabajadores administrativos como a representantes sindicales. Asimismo, refiere que las acciones se repitieron en enero y marzo de 2026 pese a la presencia de elementos de Seguridad Pública Municipal.
La dirigencia sindical argumentó además que los docentes jubilados “no aportan al sostenimiento del sindicato desde abril de 2022” y que dejaron de formar parte de los agremiados al concluir su relación laboral activa con el sistema educativo, manteniendo únicamente una relación administrativa con Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. Con base en ello, promovió formal denuncia y querella por el delito de despojo.
Sin embargo, en un documento fechado el 13 de mayo de 2026 y dirigido al secretario general de la Sección 42, Manuel Quiroz Carbajal, así como al representante del CEN del SNTE, Luis Enrique Morales Acosta, y a la secretaria de Asuntos Jurídicos, María Concepción Peralta Durán, los maestros jubilados inconformes solicitaron intervención institucional y apoyo jurídico para enfrentar la causa penal 22/2026.
En su posicionamiento, los jubilados sostienen que el propio Estatuto del SNTE reconoce plenamente su calidad de miembros sindicales aun después del retiro. Citan específicamente el artículo 2, que contempla como integrantes del sindicato a jubilados y pensionados que ratifiquen su voluntad de permanencia; el artículo 15, que establece que la jubilación no extingue la calidad de miembro sindical; y el artículo 20, que señala que las cuotas sindicales para jubilados tienen carácter voluntario.
Precisamente en ese punto se centra uno de los principales choques entre ambas posturas. Mientras la dirigencia sostiene que la falta de aportaciones económicas desde 2022 evidencia que ya no forman parte activa de la organización, los jubilados replican que el Estatuto diferencia expresamente a pensionados y retirados de los trabajadores en activo y establece que sus cuotas no son obligatorias, por lo que la ausencia de aportaciones no elimina sus derechos sindicales ni su pertenencia a la Sección 42.
Los docentes inconformes advirtieron además que una negativa de respaldo jurídico por parte del sindicato resultaría contradictoria con el propio marco estatutario interno y aseguraron que el conflicto deriva precisamente de asuntos relacionados con la vida sindical y la participación de integrantes históricamente vinculados a la organización magisterial.