Por: Dr. Héctor Alejandro Navarro Barrón
El inicio del ciclo escolar 2026-2027 en Chihuahua ha dejado al descubierto una crisis que trasciende la mera burocracia: el colapso operativo y moral de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). A escasos días del regreso a clases, fuimos testigos de cómo la desesperación empujó al magisterio a las calles. La toma del edificio Héroes de la Revolución y las protestas de las egresadas de la Normal Rural de Saucillo no fueron caprichos sindicales, sino actos de legítima defensa frente a un sistema que simula premiar el mérito mientras institucionaliza la precariedad.
La gran promesa de USICAMM, plasmada en la ley de 2019, era erradicar el amiguismo y la corrupción mediante evaluaciones estandarizadas. Sin embargo, la realidad en Chihuahua nos muestra una paradoja cruel. Los aspirantes invierten años preparándose, superan evaluaciones de conocimientos y acreditan estrictos requisitos multifactoriales, solo para estrellarse contra un muro de opacidad operado por las autoridades estatales (la Secretaría de Educación y Deporte, y los SEECH). ¿De qué sirve obtener el primer lugar si la autoridad decide «ocultar» las vacantes reales?
Las cifras documentadas por los propios maestros son un insulto a la inteligencia: en niveles como preescolar, con una lista de prelación que supera las 750 docentes en espera y escuelas reportando aulas saturadas, el Estado tuvo el descaro de ofertar únicamente dos plazas definitivas. La sospecha generalizada es evidente: las autoridades retienen las plazas base para evadir la asignación por orden de mérito y entregarlas posteriormente bajo criterios discrecionales.
Ante la presión, la «solución» institucional fue un paliativo perverso: ofrecer nombramientos temporales masivos con caducidad al 31 de diciembre de 2026. Aceptar esta condición significa someter a los maestros a la trampa estructural del interinato, un modelo que les roba el derecho a generar antigüedad, los excluye de prestaciones básicas y los condena a los crónicos retrasos de nómina. Hay testimonios desgarradores de docentes que llevan hasta 11 años encadenando contratos temporales sin lograr la basificación. Para agravar el panorama, obligar a los maestros a trasladarse a zonas de alta marginación en la Sierra Tarahumara bajo contratos de tres meses resulta insostenible; no es de extrañar que muchos se vean forzados a rechazar estas asignaciones, dejando a los niños de la sierra sin clases.
Esta crisis de gobernabilidad educativa forzó al Congreso del Estado de Chihuahua a emitir un exhorto unánime exigiendo a USICAMM transparentar el estatus real de las vacantes y diferenciar las temporales de las definitivas. Es vergonzoso que el Poder Legislativo tenga que intervenir para obligar a una dependencia a hacer público lo que, por mandato de ley y a través del fallido sistema SATAP, debería estar al alcance de cualquier ciudadano.
El telón de fondo de este desastre es la inminente muerte de la propia USICAMM. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sentenciado su desaparición y el envío de una nueva iniciativa legal para sustituirla. En este vacío de poder y transición hacia 2027, las autoridades en Chihuahua parecen estar administrando la escasez y atrincherándose, reteniendo las plazas definitivas a la espera de las nuevas reglas del juego.
El magisterio chihuahuense ha dejado una lección imborrable en las calles: el mérito se demuestra, no se mendiga. Quienes conocemos las entrañas del sistema sabemos que la inminente refundación de la carrera docente nacerá muerta si se limita a un simple cambio de nombre. Necesitamos urgentemente un modelo donde la transparencia no sea rehén de plataformas opacas y donde la excelencia académica garantice, sin intermediarios ni regateos burocráticos, la certeza laboral. Mientras la idoneidad no se traduzca en justicia, cualquier discurso oficial seguirá siendo pura demagogia.