El juez penal Manuel J.T. fue vinculado a proceso penal y obtuvo la suspensión condicional del proceso por un plazo de 12 meses, tras la audiencia celebrada este 11 de septiembre de 2026, luego de su detención por la Fiscalía Anticorrupción.
Como parte de las condiciones impuestas, el imputado deberá residir en un lugar determinado, evitar acercarse o frecuentar a las personas afectadas y mantener un trabajo lícito. También deberá presentarse mensualmente ante el Instituto de Servicios Previos al Juicio, con la posibilidad de acudir a la sede correspondiente al distrito judicial de su residencia.
Entre las medidas establecidas por la autoridad judicial se encuentra además la obligación de renunciar a su cargo actual como servidor público en funciones de juzgador, así como desistirse de todos los recursos y juicios de amparo derivados del presente asunto, para lo cual contará con un plazo máximo de cinco días hábiles.
El cumplimiento de las condiciones impuestas estará bajo la supervisión de la autoridad correspondiente del Instituto de Servicios Previos al Juicio durante el periodo establecido para la suspensión condicional del proceso.
Ante la detención del juez penal del Distrito Judicial Hidalgo, con sede en Parral, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua manifestó su respeto a las investigaciones realizadas por las autoridades competentes y reiteró su disposición para colaborar dentro del ámbito de sus atribuciones.
La magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, señaló que la conducta individual de una persona sujeta a investigación o proceso no representa ni define el trabajo de las y los jueces ni del personal jurisdiccional que integra la institución.
El Poder Judicial sostuvo que cualquier señalamiento debe ser atendido mediante los procedimientos establecidos en la legislación, con respeto al debido proceso, las garantías constitucionales y la presunción de inocencia, al tiempo que refrendó que mantiene mecanismos de evaluación, vigilancia, disciplina y profesionalización de quienes desempeñan funciones jurisdiccionales.