El Gobierno del Estado considera inviable, en los términos planteados, la firma del convenio con la Federación para ampliar la pensión destinada a personas con discapacidad permanente de entre 30 y 64 años, debido a las implicaciones presupuestales que representaría para Chihuahua asumir la mitad del financiamiento, señaló este viernes el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Salvador Carrillo Castillo.
La postura del funcionario se dio un día después de la manifestación realizada por personas con discapacidad y representantes de distintas organizaciones civiles frente al Palacio de Gobierno, donde exigieron a la gobernadora Maru Campos Galván formalizar el acuerdo de coordinación con el Gobierno Federal para garantizar la incorporación de este sector al esquema de pensiones del Bienestar.
Carrillo Castillo indicó que desde hace aproximadamente dos años la administración estatal ha mantenido una posición clara respecto a las condiciones propuestas para concretar el convenio, al considerar que la distribución de los recursos en partes iguales implicaría una carga financiera que el estado no está en condiciones de absorber sin afectar el funcionamiento de otras áreas de atención social.
El titular de la dependencia explicó que las personas con discapacidad representan el segundo grupo poblacional con mayor atención dentro de los programas estatales, solamente después de la niñez, particularmente por las acciones dirigidas a la primera infancia mediante el apoyo a estancias infantiles. Por ello, consideró que asumir el esquema financiero propuesto comprometería la capacidad operativa de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.
Asimismo, argumentó que la reducción de participaciones federales que recibe Chihuahua limita todavía más las posibilidades de establecer compromisos presupuestales adicionales. En ese sentido, planteó que, debido a la mayor disponibilidad de recursos de la Federación, sería conveniente que esta asumiera inicialmente una mayor proporción del financiamiento, en lugar de establecer una aportación equivalente entre ambos gobiernos.
El secretario manifestó que podría existir margen para alcanzar algún entendimiento si se modificaran las condiciones de colaboración y se planteara un mecanismo que tomara en cuenta las capacidades financieras de cada administración. Sin embargo, cuestionó que la exigencia se esté presentando bajo un esquema que, desde su perspectiva, no contempla las condiciones económicas del estado y que podría responder también a intereses políticos.
La declaración se produce en medio de las exigencias de organizaciones y colectivos de personas con discapacidad que el jueves 12 de noviembre se manifestaron en la Plaza Hidalgo, frente a Palacio de Gobierno, para solicitar la incorporación de Chihuahua al esquema de pensión universal para personas con discapacidad permanente de 30 a 64 años.
Durante la movilización, los participantes entregaron un pliego petitorio y solicitaron una reunión con la gobernadora, además de plantear que se destinen recursos en el Presupuesto Estatal de Egresos 2027 para garantizar la cobertura del programa. Entre sus argumentos señalaron que alrededor de 56 mil personas de ese rango de edad permanecen sin acceso al apoyo económico.