La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que exista un acuerdo político con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, relacionado con la detención del exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, por los hechos vinculados con el operativo realizado en abril pasado en El Pinal, municipio de Morelos, donde se reportó el desmantelamiento de un presunto laboratorio de metanfetaminas y posteriormente la muerte de dos agentes estadounidenses en un accidente carretero.
Durante la Conferencia del Pueblo de este martes, Sheinbaum negó las versiones que apuntan a un supuesto pacto entre ambas mandatarias, mediante el cual se habría acordado proceder contra el exfiscal a cambio de ofrecer una embajada a la gobernadora chihuahuense. Ante los señalamientos difundidos en medios de comunicación, la presidenta sostuvo que su administración no establece acuerdos políticos para determinar quién debe ser encarcelado y afirmó que la aplicación de la justicia está por encima de los intereses partidistas.
Al explicar los antecedentes del caso, señaló que la investigación federal comenzó tras conocerse la presencia de agentes del Gobierno de Estados Unidos en un operativo en territorio chihuahuense, quienes, de acuerdo con la información expuesta por la mandataria, no contaban con la autorización correspondiente conforme a la Ley de Seguridad Nacional. También cuestionó que se realizara una incursión nocturna en una zona serrana de alto riesgo para acudir a revisar un supuesto laboratorio, sin que se hubiera concretado su desmantelamiento.
Sheinbaum indicó que la Fiscalía General de la República inició las indagatorias para esclarecer las circunstancias en las que participaron los agentes estadounidenses junto con autoridades de Chihuahua y que, como parte de las diligencias, fueron llamados a declarar funcionarios estatales. Añadió que las autoridades ministeriales deben presentar las pruebas y seguir los procedimientos legales correspondientes, mientras que los detalles de la acusación contra Jáuregui Moreno deberán ser explicados por la propia fiscalía.
La presidenta sostuvo que la investigación apunta a una presunta violación de la Ley de Seguridad Nacional por parte del exfiscal, al considerar que la legislación establece las condiciones bajo las cuales las autoridades mexicanas pueden mantener relaciones de colaboración con agencias de otros países. Reiteró que será mediante las instancias judiciales como deberán exponerse los elementos de prueba y determinarse las responsabilidades que correspondan, sin que ello implique la existencia de un acuerdo político con el Gobierno de Chihuahua.