El secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo, aseguró que el Gobierno del Estado mantiene un seguimiento puntual a las familias que se vieron obligadas a abandonar sus hogares en comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo, tras la situación de violencia registrada en días recientes, y urgió al Gobierno Federal a implementar una verdadera estrategia humanitaria para atender a la población de la región serrana.
El funcionario informó que, desde que se conoció el desplazamiento de habitantes de comunidades como Sincollas, El Ocote, El Manzano y otras localidades del polígono de Cinco Llagas, la gobernadora Maru Campos instruyó a todas las dependencias estatales a coordinarse para brindar atención integral. Recordó que existe una mesa permanente de desplazamiento forzado interno, encabezada por la Secretaría General de Gobierno, que incluso fue presidida hace unos días por la mandataria estatal para definir acciones específicas.
Rascón explicó que la estrategia se desarrolla en dos frentes: uno de seguridad, a cargo de Sedena, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Fiscalía General del Estado, y otro de carácter humanitario, en el que participan la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, DIF Estatal, Secretaría de Salud, Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, COESPO y otras instancias.
Precisó que los núcleos familiares desplazados fueron reubicados temporalmente en distintos puntos. Algunos permanecen en Baborigame, otros fueron trasladados a Parral y un tercer grupo a la ciudad de Chihuahua, donde reciben apoyo en materia de vivienda, alimentación, salud y educación. Añadió que personal de distintas dependencias entrevistó recientemente a las familias para conocer sus necesidades particulares y dar seguimiento a cada caso.
Respecto al número de personas afectadas, el secretario señaló que la única instancia facultada para proporcionar cifras oficiales es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya que para que una persona sea reconocida formalmente como desplazada debe iniciar el procedimiento jurídico correspondiente mediante la denuncia respectiva.
Enrique Rascón lamentó además la ausencia de servicios federales en la zona, al señalar que comunidades afectadas continúan sin el suministro de energía eléctrica y sin el apoyo alimentario de Liconsa, situación que, dijo, también contribuye al desplazamiento de las familias. Indicó que ya se solicitó a la Comisión Federal de Electricidad restablecer el servicio y aprovechó para hacer un llamado al Gobierno Federal a asumir su responsabilidad en el componente humanitario, al considerar que actualmente no existe una estrategia integral para atender a estas comunidades.
El titular de Pueblos y Comunidades Indígenas también reveló que, pese a la magnitud de la problemática y a antecedentes recientes como el desplazamiento registrado en Atascaderos, no ha existido comunicación con la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González. «Con nosotros no», respondió al ser cuestionado sobre si la presidenta municipal se había acercado a la dependencia estatal. No obstante, afirmó que el Estado continuará con las intervenciones programadas en la zona para llevar alimentos, atención médica y otros servicios, al tiempo que aseguró que el recorte del 30 por ciento al gasto operativo no afectará los apoyos ni los programas dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas.