La gobernadora Maru Campos Galván cuestionó este lunes la posibilidad de ser llamada a comparecer por el Senado de la República para informar sobre la problemática de los desplazamientos forzados en Chihuahua, al asegurar que la Cámara Alta no tiene facultades para citar a un gobernador y que, en todo caso, una eventual asistencia sería únicamente «de buena fe». Además, sostuvo que la responsabilidad de responder sobre los hechos recientes corresponde al Gobierno Federal, al atribuirlos a las condiciones de inseguridad generadas por el crimen organizado y a la actuación de la Federación.
Cuestionada sobre la versión de que este miércoles pudiera ser invitada por el Senado para abordar el tema, la mandataria estatal recordó una comparecencia anterior y aprovechó para lanzar críticas contra Morena y algunos de sus integrantes.
«Acuérdate que no hay facultad por parte del Senado para mandar llamar a un gobernador. Esto se haría de buena fe«, expresó, para después señalar que la última vez que fue citada por la Cámara Alta lo hizo el hoy senador Enrique Inzunza, de quien dijo que «nadie sabe dónde está», ironizando incluso sobre un supuesto paradero junto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Campos Galván acusó al Gobierno Federal de seguir protegiendo a personajes que, afirmó, mantienen vínculos con el crimen organizado, y aseguró que la administración de la Cuarta Transformación «esconde» tanto a Rocha Moya como a Inzunza.
Respecto a los desplazamientos registrados recientemente en Guadalupe y Calvo, explicó que éstos ocurrieron después de que grupos del crimen organizado destruyeran líneas de energía eléctrica y afectaran los sistemas de telecomunicaciones, además de impedir el ingreso de víveres y suministros, incluida la distribución de alimentos por parte de Diconsa.
«Esos desplazados salieron de Guadalupe y Calvo ante el terror de no tener comunicación, de no tener suministro eléctrico y de no tener alimentación», manifestó la gobernadora.
Ante ese escenario, sostuvo que las condiciones relacionadas con el suministro de alimentos, la infraestructura y diversos servicios corresponden al Gobierno Federal, por lo que consideró que es Morena y la administración federal quienes deben responder sobre el tema.
«Quien debería dar una respuesta es Morena y la 4T, no la gobernadora de Chihuahua, que sí combate el crimen organizado y que no esconde a los delincuentes como lo hacen ellos», concluyó.