El Poder Judicial del Estado de Chihuahua llamó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a evitar conclusiones anticipadas y versiones sin sustento en torno a la situación procesal de personas juzgadoras del fuero penal de control, luego de que en las últimas horas trascendieran reportes sobre la suspensión de al menos cinco jueces y el inicio de procedimientos administrativos.
A través de un posicionamiento oficial, el Poder Judicial señaló que cualquier información institucional relacionada con sus integrantes será difundida únicamente mediante sus canales oficiales, al tiempo que remarcó que cualquier actuación deberá desarrollarse bajo los principios de debido proceso, presunción de inocencia, respeto a los derechos humanos y legalidad.
La postura surge después de que diversos medios locales reportaran que cinco jueces de Control Penal habrían sido separados temporalmente de sus funciones el miércoles 7 de octubre, luego de recibir notificaciones de personal de la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial. Entre los nombres que han trascendido se encuentran Juan Pablo Campos y Bertha Lucero Garfio; sin embargo, la institución no ha confirmado oficialmente la identidad de los juzgadores involucrados ni los motivos concretos de las medidas.
De acuerdo con esos reportes, las suspensiones estarían relacionadas con procedimientos administrativos por presuntos actos de corrupción, aunque hasta ahora esa versión permanece en el terreno de la información extraoficial. Por ello, el propio Poder Judicial pidió evitar que las versiones difundidas sean tomadas como determinaciones definitivas sobre la responsabilidad de los juzgadores.
Uno de los casos que ha colocado bajo escrutinio al juez Juan Pablo Campos corresponde al proceso contra Luis Fernando E. I., acusado por el homicidio culposo de un hombre de 63 años ocurrido el pasado 28 de agosto en las inmediaciones del Hospital Ángeles. En septiembre, la Fiscalía Zona Centro informó que apelaría una determinación mediante la cual se suspendió el proceso penal, al considerar que existían aspectos de la resolución que debían ser revisados.
Posteriormente, medios locales también reportaron que Campos había modificado las condiciones cautelares del imputado, quien continuaría el proceso bajo resguardo domiciliario. El asunto generó cuestionamientos públicos y llamados desde el Congreso del Estado para que las actuaciones del juzgador fueran revisadas por las instancias correspondientes, aunque los señalamientos políticos y mediáticos no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad administrativa o penal.