– 𝐸𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑛𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑔𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑦𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑢́𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑎 𝑚𝑎́𝑠 𝑎𝑙𝑙𝑎́ 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝐶ℎ𝑖ℎ𝑢𝑎ℎ𝑢𝑎
Chihuahua.- Un Tribunal Colegiado solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el amparo interpuesto por personas desplazadas de Chihuahua en contra del Senado de la República, por actos de omisión, al no haber emitido la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
Esto, luego de que integrantes del colectivo de familias en condición de desplazamiento forzado de las comunidades de El Manzano y Monterde promovieron un amparo contra actos de omisión legislativa del Senado de la República. El reclamo central es que se detuvo el proceso para emitir la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, así como la violación al proceso legislativo al incumplir los plazos establecidos en su reglamento interno.
El amparo se interpuso con el apoyo y la asesoría de la Consultoría Técnica Comunitaria, A.C., en marzo del año 2024 y se registró con el número de expediente 640/2024; sin embargo, el juzgado de Distrito que lo conoció, determinó sobreseer el amparo, el 28 de junio de 2024, pues consideró que se trataba de actos exclusivamente parlamentarios y que, de resolver, se estaría violando el principio de separación de poderes y de facultades constitucionales.
Ante el sobreseimiento, los quejosos inconformes promovieron recurso de revisión con apoyo del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Chihuahua. Dicha revisión le tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, número 1970/2024.
Por lo anterior, el 16 de octubre de 2026, el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa resolvió solicitar a la SCJN, en ejercicio de su facultad de atracción del amparo, dado el interés y trascendencia de los tópicos que se analizan y dada la existencia de diverso amparo con tema similar.
En el amparo promovido, el tema es la omisión de legislar en materia de desplazamiento interno forzado en violación de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales.
Y la omisión de legislar en materia de migración, facultad otorgada constitucionalmente al Congreso de la Unión.
Este amparo evidencia la ausencia de un marco normativo federal, por lo que busca que el Estado cumpla sus obligaciones constitucionales y signadas en los tratados internacionales a fin de garantizar el vital mínimo a las personas en condición de DFI (comida, ropa, vivienda, salud, educación, entre otros), así como seguridad, apoyo psicosocial, acciones de prevención y soluciones duraderas.
Esta decisión del Tribunal Colegiado es relevante, ya que se sitúa en medio de la crisis del desplazamiento forzado interno y reconoce que el asunto no trata solo de un conflicto local en Chihuahua, sino que impacta la política nacional de migración y derechos humanos como una problemática que no ha sido debidamente atendida, entre otras cosas, por la falta de jurisprudencia y normatividad específicas.
Esperemos que esta solicitud sea aceptada y pueda resolverse a favor, a fin de que el Senado emita la ley contra el desplazamiento que beneficie a las familias que han sufrido el despojo de sus territorios, de su cultura, de sus hogares y patrimonios, pero también de sus proyectos y modos de vida, de la seguridad, tranquilidad e inclusive de sus seres queridos.