Por: Patricio Rodríguez Palma
Soimaaxi ñioki gïrrï surhigidhiña mos ga tïkakaëthai go sïrhikamigadï go reforma elektorhali chibuabuandhïrrï
Nos han llamado ignorantes por cuestionar la reforma electoral de Chihuahua.
Bamioma soiïrhiarragai xi maitha maatïka aatïmï go gïrrï sïrhikami dhi gïrrï soikidhagi
Ignorancia seria desconocer nuestros derechos
Pa’trás, ni pa’garrar vuelo.
Nos han llamado ignorantes por cuestionar la reforma electoral de Chihuahua.
Quizá para algunos resulte más cómodo pensar que los pueblos indígenas debemos aceptar silenciosamente las decisiones que otros toman sobre nuestra representación política. Para nosotros, guardar silencio frente a un retroceso significaría aceptar que los derechos conquistados durante años pueden reducirse sin resistencia.
La reforma electoral aprobada el pasado 30 de junio disminuye los espacios de representación indígena: desaparece la garantía correspondiente al Distrito 22 y se reduce de 35 a 13 el número de municipios obligados a garantizar regidurías indígenas.
Durante los procesos electorales anteriores, las acciones afirmativas permitieron que personas indígenas accedieran a candidaturas y cargos de representación. Incluso después de aquellas elecciones observamos cómo algunas de esas candidaturas fueron sustituidas por personas no indígenas, desvirtuando el propósito de las propias acciones afirmativas.
Ante esas deficiencias, correspondía fortalecer la representación indígena.
La reforma aprobada hace lo contrario.
El artículo 1° constitucional establece el principio de progresividad de los derechos humanos. La Suprema Corte ha señalado que este principio impide adoptar medidas que disminuyan el nivel de protección previamente alcanzado, salvo que exista una justificación constitucional suficiente.
Por eso nuestra inconformidad no nace de una disputa partidista. Nace de una pregunta constitucional: ¿puede el Estado reducir derechos de representación política que previamente había reconocido a los pueblos indígenas?
Y existe otra pregunta todavía más elemental: ¿por qué se legisló sobre nuestra representación sin consultarnos?
El Convenio 169 de la OIT obliga a consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas cuando se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente. (Normlex) La propia Suprema Corte ha invalidado reformas electorales por la ausencia de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas.
La respuesta que recibimos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tampoco resolvió el fondo de nuestra preocupación. Su oficio del 30 de julio agradece el planteamiento y afirma su autonomía, independencia y compromiso con los derechos humanos, pero no responde de manera sustantiva a la solicitud que se había formulado.
Por ello fue necesario insistir mediante un nuevo escrito, presentado el 28 de agosto, solicitando que se informe expresamente si se promovió ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad y, en caso negativo, cuáles fueron las razones fundadas y motivadas para no hacerlo.
Y mientras aquí tenemos que explicar por qué queremos conservar derechos que ya habíamos alcanzado, la Suprema Corte acaba de dar un paso histórico en sentido contrario.
El 25 de agosto, el Pleno reconoció que las comunidades indígenas pueden intervenir como terceras interesadas en controversias constitucionales cuando una resolución pueda afectar sus derechos o intereses. La Corte señaló que los pueblos y comunidades indígenas son sujetos de derecho público y deben tener acceso efectivo a la justicia constitucional.
La justicia mexicana está reconociendo cada vez con mayor claridad que los pueblos indígenas tenemos voz propia dentro del Estado constitucional.
Por eso no vamos a aceptar que cuestionar una reforma regresiva sea considerado ignorancia.
Ignorancia sería desconocer nuestros derechos.
Silencio sería renunciar a ellos.
Nosotros conocemos nuestra historia. Sabemos que cada espacio de representación conquistado costó años de organización y resistencia. Sabemos también que ningún derecho está verdaderamente garantizado cuando puede ser reducido sin que los pueblos afectados sean escuchados.
Por eso seguimos hablando.
Seguimos preguntando.
Seguimos recurriendo a las instituciones.
Y seguiremos señalando cualquier retroceso.
Porque defender nuestros derechos no nos hace ignorantes. Nos recuerda que tenemos derecho a exigir que sean respetados
Tónachi Guachochi Chih a 31 de Agosto del 2026