Por; Víctor M. Quintana S.
La conversación pública en Chihuahua ha estado tan acaparada por la confrontación surgida de la presencia de agentes de la CIA y sus secuelas que un muy poca atención se ha puesto en un problema que afecta seriamente a numerosas familias de la periferia serrana de nuestra entidad: el desplazamiento interno forzado. El hecho de que familias completas tengan que abandonar sus lugares de origen atacadas o amenazadas por el crimen organizado.
Ante el silencio o la inacción de los gobiernos municipales, estatal y federal son diversas organizaciones de la sociedad civil quienes han decidido poner el dedo en esta llaga tan dolorosa e invisibilizada. Para esto, diversas agrupaciones de derechos humanos locales, nacionales e internacionales han organizado una Misión Civil de Observación los días 27, 28 y 29 de mayo. Encabeza la Red Nacional Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, y participan Brigadas Internacionales de Paz, la ACNUR, de las Naciones Unidas, y de nuestra entidad, El CEDHEM, CONTEC, ASMAC, Raichali, Cuatro Raíces, Nuevo Amanecer y COSYDDHAC.
En los últimos meses ha habido varios eventos de desplazamiento forzado, incluso de poblaciones enteras en la sierra de Chihuahua, desde el municipio de Madera, en el noroeste hasta el de Guadalupe y Calvo, en el sureste, además de los municipios de Moris, Uruachi, Guazapares y Guachochi, por sólo mencionar aquellos donde se han presentado más casos. La Misión Civil de Observación, cuyo propósito es documentar, visibilizar y demandar la atención del Estado mexicano a las personas y comunidades víctimas de desplazamiento forzado interno visitará los asentamientos temporales de familias desplazadas en Parral, Delicias y Chihuahua.
Otro de los objetivos de la Misión: dialogar con las autoridades estatales y federales sobre el desplazamiento forzado en nuestra entidad sólo se cubrirá parcialmente o, de plano no se cubrirá. Esto se debe a la falta de respuesta de algunas autoridades cuando se les ha pedido reiteradamente una entrevista o a que algunas otras lo más que hacen es delegar funcionarios de segundo nivel para que atiendan a las organizaciones.
Podría alegarse que, en este momento político, las prioridades del gobierno federal y del gobierno del estado giran en torno a la polémica desatada por el citatorio de la Fiscalía General de la República a la C. Gobernadora y al cuestionamiento que hace del mismo la coalición en el poder estatal (Por cierto, ya no podrá reclamar que Rocha Moya, o el Senador Insunza no fueron citados por la Fiscalía, pues ambos ya lo hicieron). Sin embargo, la desatención a las consecuencias y, sobre todo, a las causas del desplazamiento no es algo coyuntural, es algo sistemático en esos dos órdenes de gobierno. Ni juntos ni por separado han diseñado ni operado una estrategia eficaz para atacar las raíces de los desplazamientos. Y ha sido sobre todo la sociedad civil a través de diversos de sus organismos quien ha asumido la mayor parte de la tarea de acoger, atender y velar por que se cubran las necesidades básicas de las familias desplazadas.
Y, sin embargo, se trata de la violación de un derecho humano de lo más básicos: el que una persona, una familia pueda vivir en paz, libre de violencia y amenazas en su lugar de residencia. Garantizar este derecho es una de las tareas básicas de cualquier estado en sus diversos poderes y órdenes de gobierno, pero hasta ahora son los diversos grupos criminales quienes han impuesto su ley en varias regiones donde siempre las víctimas pertenecen a los grupos sociales más desfavorecidos: indígenas, campesinos, mujeres, niñas y niños.
Ante las amenazas de los malandros y la pasividad o ineficacia de los gobiernos de nuevo es la sociedad civil que con sus medios escucha el llamado de las personas desplazadas: en las últimas semanas diversas Misiones Civiles de Observación han estado recorriendo diversas regiones de los estados de Guerrero, Jalisco, Chiapas y ahora Chihuahua.
Por esto, aunque la política y los partidos dominen el panorama se agradece que sean las organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos humanos quienes le recuerden a este país que hay cientos de personas y familias a quienes ni gobiernos ni partidos garantizan que puedan vivir con dignidad y paz en su propia tierra. Esa es la importancia de iniciativas como la Misión Civil de Observación.