Por: Patricio Rodriguez Palma
Nos dijeron que por fin seríamos nosotros quienes decidiríamos el destino de nuestros pueblos. Que los recursos ya no se quedarían atorados entre escritorios ni dependerían del capricho de un funcionario. Que la Asamblea Comunitaria sería la máxima autoridad y que nadie volvería a decidir por nosotros.
Ese cambio hay que reconocerlo. La decisión del Gobierno de México de entregar recursos directamente a los pueblos indígenas representa un paso histórico. Durante décadas luchamos para que el Estado dejara de tratarnos como beneficiarios y comenzara a reconocernos como sujetos de derechos.
Pero reconocer un derecho también obliga a garantizar que pueda ejercerse.
Y ahí es donde, en Chihuahua, seguimos teniendo una deuda.
Quienes vivimos estas asambleas sabemos que muchas veces la comunidad únicamente presta el espacio. La conducción de la reunión queda en manos de funcionarios, asesores o facilitadores que llegan de fuera. Personas que explican cómo debemos organizarnos, cómo debemos votar y cómo debemos administrar recursos destinados a nuestros propios pueblos.
Lo más preocupante es que, en muchos casos, ni siquiera hablan nuestra lengua.
¿Cómo esperan escuchar nuestra voz si ni siquiera pueden entender nuestras palabras?
Nos hablan de participación, de consulta y de libre determinación, pero la reunión se desarrolla completamente en español. Los formatos están en español. Las explicaciones están en español. Las dudas deben hacerse en español. Y cuando alguien mayor, una autoridad tradicional o una mujer de la comunidad prefiere expresarse en su lengua, muchas veces termina dependiendo de que alguien más traduzca lo que quiso decir.
Así no se construye autonomía.
La lengua no es un adorno cultural para los días de ceremonia ni una fotografía para el informe de gobierno. Es la forma en que pensamos, deliberamos y tomamos acuerdos. Cada vez que una asamblea se desarrolla sin darle ese lugar, se envía un mensaje muy claro: la institución sigue siendo más importante que la comunidad.
Resulta irónico que un programa creado para fortalecer el autogobierno termine reproduciendo prácticas donde alguien de fuera lleva la voz cantante. Como si todavía existiera la idea de que necesitamos que alguien venga a explicarnos cómo administrar nuestros propios asuntos.
No la necesitamos.
Necesitamos servidores públicos que entiendan que vienen a acompañar, no a dirigir. Que comprendan que una asamblea indígena no se conduce como una reunión de oficina. Que sepan guardar silencio cuando la comunidad está deliberando y que reconozcan que la autoridad no siempre viste un gafete institucional.
En Chihuahua todavía persiste una vieja forma de hacer política con los pueblos indígenas: se habla mucho de nosotros, pero pocas veces se habla con nosotros. Y cuando finalmente se nos convoca, la conversación suele tener un moderador que no comparte nuestra historia, nuestra lengua ni nuestra manera de entender el territorio.
Eso tiene que cambiar.
Si la libre determinación va en serio, las asambleas también deben parecerse a nuestros pueblos. Deben ser moderadas por personas indígenas, hablantes de la lengua, conocedoras de nuestros usos y formas de organización. No porque sea una concesión del gobierno, sino porque es un derecho que ya está reconocido.
La Cuarta Transformación abrió una puerta importante al devolver recursos directamente a las comunidades. Ahora toca dar el siguiente paso: confiar plenamente en nosotros.
Porque la autonomía no empieza cuando el dinero llega a una cuenta.
Empieza cuando nadie vuelve a tomar el micrófono para hablar en nuestro nombre.
Tónachi Guachochi Chih a 20 de Julio del 2026