Por: Patricio Rodríguez Palma
Cada 9 de agosto, el mundo celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Se habla de nuestras culturas, nuestras lenguas, nuestras tradiciones y de la deuda histórica que las sociedades tienen con quienes hemos habitado estos territorios desde mucho antes de que existieran las instituciones que hoy gobiernan sobre ellos.
En Chihuahua también escucharemos discursos sobre inclusión, diversidad y respeto a los pueblos originarios.
Pero hay una manera mucho más sencilla de saber cuánto valen esos discursos: observar qué ocurre cuando una comunidad indígena decide ejercer sus derechos.
En Tonachi, la asamblea comunitaria tomó una determinación respecto de su territorio. Ante el daño ecológico provocado por los vehículos RZR, la comunidad decidió prohibir su entrada. La decisión fue adoptada mediante sus propias formas de organización y deliberación.
A pesar de ello, los vehículos ingresaron mediante acuerdos con la presidencia municipal.
La escena debería resultarnos profundamente incómoda.
Una comunidad se reúne, deliberan sus integrantes y toman una decisión sobre aquello que consideran conveniente para su territorio. Después, desde una institución municipal, se alcanza un acuerdo que permite hacer exactamente lo que la comunidad había decidido impedir.
¿Dónde queda entonces la autodeterminación?
¿De qué sirve reconocer constitucionalmente la autonomía de los pueblos indígenas si una autoridad municipal puede pasar por encima de las decisiones adoptadas por una asamblea comunitaria?
La autonomía indígena adquiere sentido precisamente cuando una comunidad toma decisiones que afectan intereses externos. Si únicamente se respeta cuando resulta conveniente para las autoridades, deja de ser autonomía y se convierte en una declaración ceremonial.
Lo ocurrido en Tonachi forma parte de un problema mucho más amplio.
La misma tensión aparece ahora en la representación política indígena.
Durante los procesos electorales anteriores, las acciones afirmativas permitieron que personas indígenas accedieran a candidaturas y ocuparan espacios de representación. Aquello significó un avance importante después de décadas de exclusión política.
Sin embargo, después de las elecciones también observamos situaciones que terminaron desvirtuando el propósito de esas medidas. Candidaturas indígenas que habían permitido acceder a cargos de elección popular fueron posteriormente sustituidas por personas no indígenas.
El problema de la representación indígena, por tanto, nunca terminó con aparecer en una boleta electoral.
La representación tiene que permanecer después de la elección.
Tiene que llegar al cabildo, al Congreso y a los espacios donde realmente se toman decisiones.
Ahora, en lugar de fortalecer esos mecanismos y corregir las deficiencias que hemos observado, la reforma electoral impulsada por el diputado Alfredo Chávez reduce nuevamente los espacios de representación indígena.
La garantía de representación indígena en el Distrito 22 desaparece y el número de municipios obligados a garantizar regidurías indígenas se reduce de 35 a 13.
Para quienes observamos este proceso desde las comunidades, resulta difícil entender semejante retroceso como un simple ajuste legislativo.
Durante años se ha construido un reconocimiento progresivo de los derechos políticos de los pueblos indígenas. La Constitución mexicana, los tratados internacionales y las resoluciones de los tribunales han ido ampliando las herramientas para que nuestra participación política sea efectiva.
El principio de progresividad exige que ese camino continúe.
Cuando una reforma disminuye el nivel de protección previamente alcanzado, la discusión deja de ser exclusivamente electoral. Se convierte en una discusión sobre derechos humanos.
Y existe todavía otra pregunta fundamental: ¿dónde estuvieron los pueblos indígenas durante la elaboración de esta reforma?
No estuvimos en una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada que permitiera discutir de manera efectiva las modificaciones que afectarían nuestra representación política.
Se legisló sobre nuestra participación política sin nuestra participación.
Esa contradicción debería preocupar a cualquier persona que crea en la democracia.
Los pueblos indígenas llevamos siglos reclamando algo elemental: participar en las decisiones que afectan nuestras vidas, nuestros territorios y nuestro futuro.
Cuando una comunidad como Tonachi determina qué actividades considera compatibles con la protección de su territorio, esa decisión merece ser escuchada.
Cuando los pueblos indígenas reclaman espacios de representación política, esa exigencia merece ser escuchada.
Cuando una reforma pretende modificar esos derechos, las comunidades tienen derecho a participar en la discusión.
La respuesta institucional debería ser coherente con lo que la propia Constitución reconoce.
También tenemos que reconocer nuestras propias responsabilidades.
Mientras nuestros derechos enfrentan estos retrocesos, algunos dirigentes indígenas permanecen atrapados en conflictos internos, disputas personales y luchas por espacios de poder. Se invierte demasiada energía en determinar quién representa a quién, quién tiene mayor legitimidad o quién debe ocupar determinado lugar.
Mientras tanto, las decisiones importantes ocurren en otros espacios.
La división interna termina debilitando la capacidad de las comunidades para defender aquello que comparten.
Los pueblos indígenas necesitamos recuperar el sentido colectivo de nuestra lucha.
Necesitamos dirigentes capaces de mirar más allá de sus diferencias personales. Necesitamos representantes que comprendan que la defensa de los derechos indígenas comienza mucho antes de una elección y continúa mucho después de ella.
El 9 de agosto debería servirnos para recordar que nuestros derechos tienen una historia.
Han sido reclamados por generaciones enteras. Han costado organización, resistencia, movilización y, muchas veces, enfrentamientos con instituciones que durante mucho tiempo se negaron siquiera a reconocer nuestra existencia política.
Por eso resulta inadmisible que cada avance tenga que volver a defenderse como si fuera una concesión reciente.
Los derechos humanos deben avanzar.
La representación política debe ampliarse.
La autonomía comunitaria debe respetarse.
Y las decisiones de los pueblos deben tener consecuencias reales dentro de las instituciones del Estado.
Ese es el verdadero significado de hablar de pueblos indígenas como sujetos de derecho.
Este 9 de agosto, mientras se pronuncian discursos sobre nuestra cultura y nuestra identidad, conviene recordar algo mucho más sencillo:
No luchamos por privilegios. Luchamos por derechos arrebatados.
Derechos sobre nuestros territorios.
Derechos sobre nuestras decisiones comunitarias.
Derechos sobre nuestra representación política.
Derechos que están reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, pero cuya existencia todavía tenemos que defender cada vez que una autoridad decide ignorarlos.
Y quizá ahí se encuentre la verdadera deuda histórica: en que después de tantos años todavía tengamos que convencer al poder de que nuestra voz también cuenta.
Tonachi Guachochi Chih a 10 de Agosto del 2026