Chihuahua.- El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, rechazó categóricamente las acusaciones de Cruz Pérez Coppel sobre un presunto derroche de recursos en la contratación de barredoras en la capital, afirmando que su homólogo miente y que, de hecho, el servicio de Chihuahua es más barato y eficiente. Bonilla detalló que mientras Ciudad Juárez paga 35 millones de pesos anuales por el arrendamiento de ocho barredoras usadas, el municipio de Chihuahua invierte 27 millones 939 mil pesos al año por un servicio concesionado mucho más profesional que cuenta con 12 unidades totalmente nuevas. El edil capitalino atribuyó los señalamientos a una mala asesoría de los colaboradores de Pérez Coppel, ironizando con que «el león cree que todos son de su condición».
Al profundizar en el contraste de los contratos, el presidente municipal de Chihuahua explicó que las unidades de su demarcación son modelos 2023 y 2024 con una capacidad mínima de 6,000 kilogramos, a diferencia de las de Juárez, cuyas capacidades oscilan entre los 3,175 y 5,443 kilogramos y cuyos modelos podrían ser antiguos sin que existan penalizaciones contractuales si dejan de funcionar. Asimismo, precisó que el esquema de Chihuahua es de operación integral —incluyendo operador, combustible y mantenimiento preventivo y correctivo— y garantiza el pago exclusivo por kilómetro barrido, con un mínimo de 1,291 kilómetros semanales en 60 rutas definidas. Por el contrario, expuso que en Ciudad Juárez no existen rutas ni programación establecidas, barriendo de manera irregular y dejando ver una ciudad sucia donde nadie nota la presencia de las máquinas.
Finalmente, Bonilla denunció una presunta irregularidad fiscal en la administración de la ciudad fronteriza, señalando que mientras Chihuahua realizó una licitación pública abierta, Juárez contrató a una empresa que legalmente está impedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para facturar más de 4 millones de pesos anuales. Según el alcalde, dicha compañía está facturando actualmente 35 millones 200 mil pesos, lo que representa un excedente de 31 millones de pesos que, a su juicio, debería ser investigado por el SAT. El mandatario concluyó invitando a la ciudadanía a cotejar los contratos de ambas administraciones para comprobar quién habla con la verdad, asegurando que a Pérez Coppel simplemente «no le salen las matemáticas».