Por: Patricio Rodríguez Palma
No toda reforma representa un avance. Hay reformas que, bajo el discurso de la modernización, terminan convirtiéndose en instrumentos de retroceso. La reforma electoral (DECRETO No LXVIII/RFCNT/0557/2026 VIII P.E. y DECRETO No LXVVIII/DRFCT/0560/2026 II D.P.) aprobada recientemente por el Congreso del Estado de Chihuahua es una de ellas.
Lo que se aprobó el pasado 30 de junio no puede entenderse como un simple ajuste técnico a la legislación electoral. Se trata de una modificación que reduce espacios de representación política indígena y vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos. Aquello que ya había sido reconocido mediante acciones afirmativas ahora se reduce, se condiciona o simplemente desaparece.
La eliminación de la garantía de representación indígena en el Distrito 22 y la reducción de 35 a apenas 13 municipios obligados a garantizar regidurías indígenas constituyen un mensaje preocupante: nuestros derechos parecen depender de la voluntad política del momento y no de los principios constitucionales que deberían protegerlos.
Más grave aún resulta que esta reforma haya sido elaborada y aprobada sin una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a los pueblos y comunidades indígenas, pese a que tanto la Constitución como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establecen con claridad esa obligación cuando una medida legislativa puede afectar directamente nuestros derechos. No fuimos escuchados. Se decidió sobre nosotros sin nosotros.
Esa ausencia de consulta no es un simple error de procedimiento; representa una falta de respeto a nuestra condición de sujetos colectivos de derecho. Durante décadas hemos insistido en que la participación indígena no puede reducirse a una fotografía protocolaria o a una invitación simbólica. Debe traducirse en una intervención real en las decisiones que afectan nuestro presente y nuestro futuro.
Resulta doloroso observar cómo, mientras desde las instituciones se reducen nuestros espacios de representación, muchos dirigentes y líderes indígenas permanecen enfrascados en disputas personales, rivalidades políticas y luchas estériles por protagonismos que poco aportan a las comunidades que dicen representar. Mientras discutimos quién encabeza una organización o quién obtiene mayor visibilidad, otros toman decisiones que disminuyen nuestros derechos y debilitan nuestra presencia en la vida pública.
La verdadera batalla nunca ha sido entre nosotros. Siempre ha sido contra la exclusión, el olvido y la indiferencia institucional. Ningún liderazgo tiene sentido si termina siendo incapaz de defender aquello que pertenece a todas las comunidades.
Mientras nos dividimos por diferencias internas, la clase política encuentra el terreno perfecto para aprobar reformas que reducen nuestros derechos. Nuestra desunión termina siendo su mayor ventaja.
La representación política indígena no es un privilegio ni una concesión del poder. Es un mecanismo de justicia destinado a corregir desigualdades históricas y garantizar que quienes durante siglos fueron excluidos puedan participar en condiciones reales de igualdad.
Defender estos espacios no significa defender intereses particulares; significa defender la posibilidad de que las futuras generaciones de niñas, niños y jóvenes indígenas encuentren instituciones donde también puedan reconocerse y ser escuchados.
El Congreso del Estado puede demostrar que legislar también implica escuchar. Puede comprender que los pueblos indígenas no somos un obstáculo para la democracia; somos parte esencial de ella.
Porque una democracia que reduce la voz de quienes históricamente han sido marginados deja de fortalecerse y comienza a perder legitimidad.
Las palabras de Rigoberta Menchú hoy tienen mas sentido que nunca:
“La paz no es solamente la ausencia de guerra; mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz.”
Y habría que añadir: mientras los derechos de los pueblos indígenas puedan ser reducidos sin ser siquiera consultados, nuestra democracia seguirá teniendo una deuda pendiente con la justicia y con la dignidad de quienes habitamos esta tierra desde mucho antes de que existieran sus instituciones.
Tónachi Guachochi Chih a 7 de Julio del 2026