Cinco apicultores de Rosales, Meoqui, Delicias, Ojinaga, Saucillo y Camargo documentaron, evento por evento, la pérdida de al menos 373 colmenas entre julio y septiembre. Es apenas una fracción del problema: otros productores contactados no respondieron a la solicitud de información.
Hace unos días, este espacio recogió el testimonio de apicultores de Chihuahua que describían el hallazgo de colmenas muertas por envenenamiento. El texto circuló más de lo esperado: lo retomaron adema de El Puntero, la página El de Ojinaga, Ojinaga Noticias y Código Tres. Ese eco tuvo un efecto inmediato: varios apicultores que habían documentado sus propias pérdidas, pero que hasta entonces solo las habían compartido en grupos de WhatsApp, aceptaron poner sus datos en una tabla. Esta segunda entrega parte de esa información.
Cinco productores especificaron localidad, municipio, fecha aproximada y número de colmenas perdidas en cada evento. Otros apicultores contactados para este seguimiento no respondieron. La cifra que resulta de solo cinco productores ya es considerable: al menos 373 colmenas muertas en seis municipios, documentadas entre el 11 de julio y el 7 de septiembre de este año.
Detrás de la tabla hay un patrón que ya había aparecido en el primer texto, pero que ahora tiene fecha y lugar: ocurre cerca de cultivos de maíz, chile, cacahuate, algodón, sandía, pepino y calabaza, cultivos que en conjunto cubren una superficie considerable de la región. Uno de los apicultores relató que en la aplicación más reciente cerca de sus colmenas, en un cultivo de sandía y pepino, no hubo ningún aviso previo por parte del propietario del cultivo.
Otro apicultor de Rosales, que documentó la pérdida de 198 colmenas en tres eventos distintos —Saucillo, Rosales y Ojinaga—, describe además una secuencia que le parece diagnóstica: las abejas pecoreadoras, las que salen a buscar alimento, son las primeras en morir; después disminuye la población dentro de la colmena, y al final muere la reina. Es, en otras palabras, la colonia muriendo de afuera hacia adentro, en el mismo orden en que sus miembros tuvieron contacto con el campo.
La muerte completa de la colmena es la pérdida más visible, pero no la única. Varios de los productores señalan que las colmenas que no mueren de inmediato también resienten el golpe: la población se reduce de forma significativa, aunque el cajón siga en pie. Esas colonias sobreviven, pero disminuidas, y ese deterioro no aparece en ningún conteo de colmenas muertas.
A esto se suma un riesgo que hasta ahora no se había planteado: los residuos de los agroquímicos no se quedan en el punto donde se aplican. Pueden terminar en el agua que se usa para beber o en los drenes agrícolas, donde siguen matando insectos mucho después de la aspersión. Y si un producto es capaz de matar a la abeja melífera, cuyas colonias son fáciles de contar porque viven en cajones visibles, es razonable suponer que también afecta a otros insectos y seres vivos cuya mortandad simplemente no se documenta porque nadie los está observando.
Los apicultores enfrentan, además, varias condiciones adversas al mismo tiempo: la sequía de este año, la mortandad por agroquímicos y un invierno prolongado que todavía no llega. Una colonia que pierde población por envenenamiento en agosto o septiembre llega debilitada a los meses fríos, cuando ya no hay floración de la que alimentarse. El daño de una aplicación no se limita al momento en que ocurre.
El vacío institucional que señalamos en la entrega anterior tiene, se ve ahora, un componente técnico concreto: aunque existe un protocolo establecido de cómo tomar una muestra de abejas o de miel sospechosa de contaminación para enviarla a analizar, no existe una autoridad estatal que recabe estos datos, oriente a los productores en ese protocolo y dé cauce a sus inconformidades. Sin ese canal, cada apicultor documenta el hallazgo a su manera —una fotografía, un video, una nota en el celular— y ese registro rara vez llega a formar parte de algo más grande.
Ese último punto explica, en buena medida, por qué historias como esta tardan en conocerse. Los propios apicultores reconocen que no todos comparten sus datos entre sí de forma sistemática, así que no existe un registro conjunto que permita responder o actuar con rapidez. Pueden pasar semanas o meses entre un evento de mortandad y el momento en que se da a conocer, primero en un grupo de WhatsApp y después, si acaso, en los medios. La tabla que acompaña este texto es un primer intento, de cerrar esa distancia: cinco productores, quince eventos, seis municipios. Falta que se sumen los que todavía no han respondido.
Nota para la redacción
Este texto es la segunda entrega de una serie de opinión construida a partir de testimonios y registros aportados directamente por productores apícolas de la región. Las causas señaladas corresponden a la interpretación de los propios apicultores con base en su experiencia de campo y no a un dictamen técnico o de laboratorio.