Por: Dr. Héctor Alejandro Navarro Barrón
Como maestro jubilado estatal, pertenezco a una generación que vio en Pensiones Civiles del Estado (PCE) el mayor orgullo de la seguridad social en Chihuahua. Nuestro instituto nació en enero de 1957, durante el gobierno de Teófilo Borunda Ortiz, precisamente por la exigencia del magisterio estatal para garantizar atención médica, préstamos y una vejez digna a nuestras familias. Hoy, sin embargo, quienes dedicamos nuestra vida a las aulas —junto con los más de 95,000 derechohabientes que integran el padrón actual— vivimos con la incertidumbre de las citas médicas diferidas por meses, la búsqueda de medicamentos en grupos solidarios de WhatsApp y la zozobra de los plantones magisteriales de la Sección 42 del SNTE y del colectivo TodosXPCE.
De cara a la sucesión por la Gubernatura del Estado, los trabajadores en activo, jubilados y pensionados estatales no podemos darnos el lujo de votar guiados por eslóganes partidistas. Quien llegue a Palacio de Gobierno heredará una bomba de tiempo financiera: un pago anual de pensiones de 9,000 millones de pesos —que sobrevive gracias a un subsidio estatal de 7,000 millones porque las cuotas activas apenas aportan 1,300 millones— y un servicio médico donde el 9% de aportación obrero-patronal (3% del trabajador y 6% del patrón) solo alcanza para cubrir el 20% del costo real de nuestra atención. A ello se suma una cartera vencida de 53 instituciones públicas que, en los registros brutos de PCE, asciende a 9,246.92 millones de pesos con recargos (incluidos 6,053 millones atribuidos a la Secretaría de Hacienda que el gobierno estatal disputa como un «error de asiento contable»), o bien a 1,451.55 millones de pesos de deuda principal sin recargos, encabezada por la UACH (921.44 millones), la JMAS de Chihuahua (233.94 millones) y el ICHISAL ($135.01 millones).
Aunque hacia finales de 2026 PCE ha logrado avances parciales —como adjudicar el 82.8% de las claves licitadas de medicamentos (574 de 693) y atender el rezago en cirugías de rodilla, cadera y columna—, el problema de fondo sigue intacto. Si analizamos los antecedentes de Marco Antonio Bonilla Mendoza en la alcaldía de Chihuahua y de Cruz Pérez Cuéllar en la presidencia municipal de Ciudad Juárez, ¿qué nos espera a los derechohabientes de PCE con cada uno? Sus hechos al frente de sus propios trabajadores municipales nos dan la respuesta.
En el Municipio de Chihuahua, Marco Bonilla ha administrado la salud y el retiro de sus trabajadores a través de un organismo público descentralizado con reglas claras: el Instituto Municipal de Pensiones (IMPE). Los números de su gestión son difíciles de refutar desde la técnica financiera: para febrero de 2026, el fondo de reserva del IMPE alcanzó una cifra histórica superior a los 950 millones de pesos, operando con finanzas sanas y sin requerir un solo peso de subsidio extraordinario del gasto público. Gracias a esa reserva, los compañeros jubilados del municipio capitalino recibieron en 2026 incrementos retroactivos de hasta el 9% en sus pensiones.
En materia médica, pese a enfrentar la peor inflación en medicamentos de los últimos 20 años, el IMPE proyectó un presupuesto de 535 millones de pesos para 2026 y mantuvo su propia clínica operando mediante contratos —como el firmado para fármacos oncológicos y de alta especialidad— que obligan a los proveedores a entregar el medicamento en un plazo máximo de 5 días hábiles en urgencias y 10 días en pedidos ordinarios. Además, complementó el primer nivel de atención con la Clínica Punta Oriente del IMPAS y la línea de atención a crisis de salud mental *800.
¿Cuál es el pronóstico si Bonilla llega a la Gubernatura? Para el magisterio y la burocracia estatal, Bonilla representa la ruta del orden institucional y el rescate actuarial. Es previsible que respalde las reformas planteadas por la Auditoría Superior del Estado y el Congreso para sancionar penalmente a los titulares de organismos que no entreguen las cuotas a PCE, ejecutando retenciones directas a entes estatales morosos como las JMAS y el ICHISAL, y depurando técnicamente el asiento contable de Hacienda.
Sin embargo, el trabajador estatal también debe leer la letra pequeña de su estilo de gobierno: Bonilla no concede beneficios sin cuadrar la caja registradora. Cuando en 2023 impulsó la reforma para reducir de 30 a 25 años la jubilación de policías y bomberos (y permitir el retiro anticipado a los 55 años en enfermería y recolección), lo hizo creando una tabla de cotización paritaria donde tanto el policía como el municipio llegaron a aportar entre el 15% y el 20% del sueldo. Asimismo, cuando el techo presupuestal de 2025 lo apretó, otorgó un 8% de aumento salarial a los policías municipales, quedando por debajo de su promesa de campaña de llevarlos a 22 mil pesos mensuales. Con Bonilla, PCE conservaría su carácter público y mejoraría sus tiempos de abasto, pero el magisterio tendría que defender con firmeza sus mesas de negociación ante una eventual reforma paramétrica que busque ajustar las cuotas del servicio médico.
En la frontera, la gestión de Cruz Pérez Cuéllar muestra el rostro exactamente opuesto: pragmatismo político con los sindicatos, pero ausencia de previsión actuarial y entrega de los servicios médicos a empresas privadas. El Municipio de Juárez no tiene un instituto de pensiones ni un fideicomiso de reserva. Los 3,514 jubilados y pensionados juarenses (un padrón que creció 33% en pocos años) se pagan directamente del gasto corriente municipal, absorbiendo más de 652.68 millones de pesos anuales, lo que representa casi el 10% de todo el presupuesto del municipio y equivale al 26% de su inversión pública.
En el trato gremial, Pérez Cuéllar cultiva una relación corporativa cercana con el Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM), asistiendo a sus asambleas y tomando protesta a su dirigencia. Para 2026, su Cabildo aprobó un aumento generalizado del 5% para sindicalizados y jubilados (cuatro puntos menos que el tope de 9% otorgado a los jubilados del IMPE en Chihuahua) y un 15% para homologar a los bomberos con los policías.
Pero el dato más alarmante para quienes dependemos de una clínica u hospital está en cómo resolvió Pérez Cuéllar la salud de los 30,000 derechohabientes del Municipio de Juárez: mediante la subrogación privada a largo plazo. En 2022, su administración rescindió el contrato que tenía con Poliplaza Médica, lo que desató un litigio que terminó costándole al erario juarense alrededor de 100 millones de pesos solo en indemnización a dicha empresa. En el ínterin, contrató por seis meses a una empresa puente (Adaca Medical) a la que pagó 126.3 millones de pesos, para finalmente aprobar en Cabildo un contrato por 10 años de subrogación médica privada. Todo ello acompañado de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por 150 millones de pesos en 2022 y 422 millones en 2023, además de un adeudo de ISR ante el SAT por el que tuvo que comparecer ante el Congreso.
¿Cuál es el pronóstico si Pérez Cuéllar llega a la Gubernatura? En lo inmediato, Pérez Cuéllar buscaría desactivar las protestas de la Sección 42 del SNTE mediante acuerdos políticos directos con la cúpula sindical, sin tocar el 3% de cuota médica del trabajador y alineándose al discurso federal de reducir edades de jubilación. Usaría el adeudo contable de los 6,053 millones de Hacienda y las polémicas subastas de terrenos de PCE como bandera política contra el gobierno saliente.
Sin embargo, el peligro estructural para el magisterio sería mayúsculo: acostumbrado a financiar pensiones con gasto corriente y a tercerizar clínicas, Pérez Cuéllar apostaría por resolver la saturación de PCE entregando los servicios hospitalarios, quirúrgicos y farmacéuticos a consorcios médicos privados mediante contratos multianuales de subrogación. Como ya ocurrió en Juárez con el caso Poliplaza-Adaca, trasladar ese esquema a los 95,000 derechohabientes de PCE implicaría el riesgo de desmantelar la infraestructura propia de nuestro instituto, encarecer el gasto con contratos puente y exponer el fondo de retiro a litigios millonarios.
Quienes ya cumplimos nuestro ciclo frente al pizarrón y quienes hoy sostienen las escuelas, oficinas y tribunales del Estado tenemos frente a nosotros una disyuntiva que va mucho más allá de los colores partidistas:
Votar por el modelo de Marco Bonilla significa optar por una administración institucional y actuarial probada en el IMPE, capaz de reconstruir reservas financieras, exigir el pago a las dependencias morosas y mantener clínicas públicas con contratos estrictos de abasto, pero que obligará a nuestros sindicatos a vigilar de cerca que la disciplina fiscal no se traduzca en topes salariales rígidos o incrementos en nuestras cuotas de cotización.
Votar por el modelo de Cruz Pérez Cuéllar significa optar por un pacto político-sindical de corto plazo que evitaría reformas incómodas a las cuotas obreras, pero a costa de profundizar la dependencia del gasto corriente sin reservas técnicas y abrir la puerta a la subrogación privada por década de los servicios médicos, con el historial de indemnizaciones millonarias y observaciones de auditoría que ya dejó en Ciudad Juárez.
Como maestro jubilado estatal, sé que Pensiones Civiles del Estado no aguanta un sexenio más de simulaciones ni de experimentos costosos. Nuestro voto deberá decidir si queremos que PCE sea rescatada como una institución pública financieramente viable, o si permitiremos que se convierta en un rehén del gasto corriente y de los negocios hospitalarios privados.



