Por: Víctor M. Quintana S.
El de Chihuahua no es un gobierno que haga efectivos los derechos de quienes gobierna, pero sí los privilegios de sus compadres. Niega los mínimos derechos de las víctimas de desplazamiento forzado interno y, en cambio, concede enormes privilegios a exfuncionarios de gobiernos federales de sus partidos y a algunos empresarios cercanos.
Las personas desplazadas son víctimas de la violencia del crimen organizado. Han tenido que dejar sus lugares de origen, viviendas, tierras de cultivo, huertos, ganado, bosques, su patrimonio entero ante las amenazas o ataques armados de los grupos criminales. Son personas y familias campesinas e indígenas, de la clase trabajadora, pobres en general, habitantes de la zona serrana de Chihuahua
En contraste, los exfuncionarios de gobiernos del PAN y del PRI no son pobres, ni parte de las clases populares. Devengaron jugosos salarios y prestaciones mientras eran secretarios de estado o miembros del gabinete. No perdieron su patrimonio, ni tuvieron que dejar su lugar de residencia. No son víctimas de nada, salvo de su propia ambición.
Las víctimas del desplazamiento forzado interno en nuestra entidad se cuentan por centenas. Provienen de los municipios de Guadalupe y Calvo, Guazapares, Urique, Uruachi, Moris y Madera, por lo menos. Fueron obligados a salir con sólo lo que tenían puesto de sus hogares y se refugiaron en Parral, Delicias, Chihuahua y Cuauhtémoc, sobre todo. Esos son los que se mantienen cohesionados y agrupados de alguna manera, porque hay muchas otras familias que migraron en silencio y no se dan a conocer por el temor a que los criminales vayan y tomen represalias contra ellos donde estén.
Estas víctimas del desplazamiento forzado interno ven como todos sus derechos son pisoteados o no cumplidos: el derecho a vivir en paz y con su dignidad en su tierra; el derecho a no migrar. En sus lugares de destino sufren porque sus derechos fundamentales a la vivienda, al trabajo, a la educación y a la salud no son ni atendidos ni muchos menos satisfechos por los gobiernos. Sólo han recibido un poco de ayuda del gobierno federal, algunos gobiernos municipales y, la mayor parte de la sociedad civil.
Pero el gobierno del estado ha sido omiso, mezquino y totalmente injusto con los cientos de personas que fueron desplazadas forzadamente de municipios chihuahuenses y se han refugiado en otros municipios chihuahuenses.
La principal necesidad de estas familias, la que siempre traen a flor de labios es la de una vivienda digna, pues viven hacinados en moradas en malas condiciones con rentas muy altas. Sin embargo, tanto en Parral, como Delicias y Cuauhtémoc, lugares de destino de cientos de familias desplazadas forzadamente hay decenas de viviendas en sendos fraccionamientos de Pensiones Civiles del Estado que nunca fueron habitadas, ni asignadas, muchas ellas vandalizadas, luego de 15 años de construidas.
Lejos asignar estas viviendas a aquellas familias cuyo derecho fundamental a vivir en paz en sus hogares no pudo garantizar, el gobierno del estado prefirió subastar los fraccionamientos. Sólo en Cuauhtémoc, donde hay más familias sin viviendas casualmente, hubo postor, una inmobiliaria de dudosos antecedentes. Por tres millones de pesos de anticipo se llevó 180 viviendas, siendo que un colectivo de personas desplazadas señala que ellos pueden pagar entre todas esa cantidad y luego ponerse de acuerdo con el gobierno para ir pagando y arreglando las viviendas.
El gobierno del estado se ha negado a todas las propuestas de las familias desplazadas. Su prioridad está en otra parte:
Mientras a cientos de familias chihuahuenses no le cubre su derecho mínimo a la vivienda, la gobernadora colma de privilegios a dos o tres “exfuncionarios de gobiernos federales panistas. En efecto, a tres funcionarios de los gobiernos federales del PAN y del PRI el gobierno del estado les pagó la friolera de 77 millones de pesos: entre 2021 y 2024 pagó 37 millones de pesos por “asesoría financiera” y “consultoría para renegociar la deuda pública” a Ernesto Cordero, ex secretario de desarrollo social y hacienda del gobierno de Felipe Calderón y 40 millones de pesos a Diódoro Carrasco, exsecretario de gobernación de Ernesto Zedillo
¡Menudo negocio: me endeudo y luego te contrato para que me ayudes a renegociar mi deuda y te pago generosamente ¡Otra vez el capitalismo de compadres del que el gobierno de María Eugenia Campos es la mayor expresión.
Con los 77 millones de pesos que se llevaron Cordero y Carrasco se hubieran podido adquirir viviendas para cien familias desplazadas de sus lugares de origen porque el gobierno no cumplió con ellos la garantía de seguridad a que la ley lo obliga.
Y no hablemos de los enormes terrenos que el gobierno del estado ha regalado a promotores inmobiliarios para que construyan parques industriales, y así podríamos seguirle.
Como ésta, las injusticias de este gobierno claman al cielo, por más que traten de ocultarlo a nuestra vista sus indignantes anuncios espectaculares.