El magisterio de Chihuahua presentó ante instancias federales un amplio pliego de demandas para atender lo que considera una crisis laboral, educativa y de salud que afecta a los trabajadores de la educación, y exigió que las próximas mesas de negociación se realicen en el estado y tengan carácter tripartito, con la participación de autoridades federales, estatales y representantes de los trabajadores. Las exigencias fueron planteadas por integrantes de la Red de Defensa Magisterial, en coordinación con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), durante una mesa nacional de trabajo realizada el pasado 31 de julio en la Ciudad de México.
A la reunión acudió una comisión de 11 representantes provenientes de distintas regiones de Chihuahua: Anabel Morales Soto, Lisbeth Yumaré Luna Villa, María del Carmen Núñez Martínez, Yadira Corral Treviso, Andrés Octavio Varela, Francisco Javier Contreras de la Rosa, Juan Murúa Torres, Noel Antonio García, Rafael Velázquez Hernández, Ramón Hernández González y Víctor U Salcido Barron. Los integrantes de la comisión llevaron ante las autoridades federales un diagnóstico de las principales problemáticas que enfrentan los trabajadores del subsistema federalizado y plantearon una serie de demandas relacionadas con salarios, prestaciones, derechos laborales, educación y servicios de seguridad social.
De acuerdo con los representantes magisteriales, en la mesa participaron funcionarios de la Secretaría de Educación Pública adscritos a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), personal encargado de la administración de la nómina federalizada, un representante de la Dirección de Concertación y Gestión de Instrucciones Presidenciales y un maestro de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Sin embargo, señalaron como una de las principales deficiencias de la reunión la ausencia de representantes del Gobierno del Estado de Chihuahua, de la Secretaría de Educación y Deporte y del ISSSTE. Por ello, exigieron que las siguientes mesas tengan carácter tripartito, con la presencia de los tres niveles de representación involucrados, y que se realicen directamente en Chihuahua para reducir los gastos de traslado de las comisiones. También solicitaron que acudan funcionarios de mayor jerarquía que tengan facultades para tomar decisiones y comprometer recursos presupuestales.
Uno de los principales bloques del pliego corresponde a las condiciones salariales de los trabajadores de la educación. El magisterio demanda homologar la percepción de la plaza inicial y el sueldo básico de los docentes de Chihuahua con los que reciben trabajadores de estados vecinos como Durango, Sinaloa y Coahuila. También exige reclasificar como Zona Económica 3 a municipios alejados y con altos costos de vida, entre ellos Moris, Chínipas, Guazapares, Urique, Temósachic y Madera, debido a que actualmente reciben compensaciones correspondientes a una zona económica inferior. Los docentes sostienen que las condiciones geográficas y económicas de estas regiones justifican una compensación mayor para quienes trabajan en ellas.
Otra de las exigencias es el incremento del denominado Concepto 07, debido a que, de acuerdo con los trabajadores, un aumento al sueldo base tendría repercusiones favorables en prestaciones como el aguinaldo, la prima vacacional y las pensiones. A esto se suma la petición de establecer estímulos económicos por estudios de posgrado, particularmente para quienes cuentan con maestrías y doctorados, así como mejorar el reconocimiento anual al desempeño del personal docente y de apoyo y considerar de manera adecuada la antigüedad de los trabajadores dentro de sus condiciones laborales.
El pliego también plantea la restitución de derechos y nombramientos de los Asesores Técnico Pedagógicos de las generaciones 2017 y 2018, quienes, según los representantes, quedaron en una situación de incertidumbre y desprotección laboral debido a la transición entre las distintas reformas educativas. Los maestros consideran necesario resolver de manera definitiva su situación y garantizar el reconocimiento de los derechos adquiridos durante su trayectoria profesional.
En materia educativa, la Red de Defensa Magisterial pidió detener el cierre de grupos de preescolar y atender el rezago existente en educación inicial. Los representantes señalaron que en Chihuahua apenas se atiende a poco más del cinco por ciento de la población menor de tres años, situación que consideran insuficiente frente a las necesidades de la primera infancia. Por ello, plantearon fortalecer este nivel educativo y evitar decisiones administrativas que reduzcan los espacios disponibles en preescolar, particularmente en regiones donde existe demanda de atención.
Las demandas también incluyen la basificación del personal de confianza, la ampliación de licencias para quienes deben atender a familiares enfermos y la incorporación de medidas específicas para los casos de duelo gestacional. El magisterio pidió además establecer acciones concretas para prevenir y atender la violencia contra el personal educativo, así como garantizar el cumplimiento del compromiso presidencial de no ejercer ningún tipo de represión contra quienes participen en movilizaciones y acciones de defensa de sus derechos laborales.
En el ámbito de la seguridad social, los trabajadores plantearon como una de sus principales demandas la abrogación de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 y la construcción de un modelo de jubilación que consideren justo para los trabajadores de la educación. La exigencia forma parte de una problemática que, de acuerdo con los representantes, no se limita a las condiciones de retiro, sino que se extiende al funcionamiento cotidiano de los servicios médicos que reciben miles de trabajadores y sus familias en Chihuahua.
Como parte de los trabajos, la comisión presentó un diagnóstico de los servicios de salud elaborado a partir de información recopilada en clínicas y hospitales de Aldama, Camargo, Cuauhtémoc, Delicias, Jiménez, Madera, Nuevo Casas Grandes, Parral, Saucillo y distintas comunidades de la zona serrana. Los resultados, según los representantes, muestran deficiencias en infraestructura, medicamentos, equipamiento, atención médica y personal. Entre las exigencias se encuentra garantizar el abasto suficiente de medicamentos, agilizar las citas con especialistas, reducir los tiempos para la realización de estudios de laboratorio, mejorar las áreas de urgencias y mantener condiciones adecuadas de higiene en los espacios médicos.
El diagnóstico también señala deficiencias en infraestructura y mobiliario básico de las unidades médicas, incluyendo camas, puertas, ventanas y sanitarios. A ello se suma la petición de contratar más médicos, enfermeras y especialistas, mejorar sus condiciones salariales y garantizar que exista personal técnico capacitado para operar correctamente los equipos médicos disponibles. Los representantes sostienen que contar con infraestructura sin trabajadores preparados para utilizarla limita la capacidad de atención y termina afectando directamente a los derechohabientes que requieren servicios especializados.
La situación de la zona serrana fue señalada como uno de los puntos más delicados del diagnóstico. Los maestros demandaron mejorar de manera prioritaria el servicio de ambulancias, al considerar que las deficiencias en los traslados pueden convertirse literalmente en un asunto de vida o muerte para los pacientes que necesitan atención médica fuera de sus comunidades. También exigieron garantizar el pago oportuno de viáticos en efectivo para que los derechohabientes puedan trasladarse a otras localidades cuando requieren consultas, estudios o tratamientos que no están disponibles en sus lugares de residencia.
La infraestructura hospitalaria constituye otro de los reclamos centrales. Los representantes de la Red de Defensa Magisterial sostienen que los hospitales generales de Chihuahua y Ciudad Juárez se encuentran rebasados desde hace años, por lo que demandaron la construcción de nuevas instalaciones que permitan atender la creciente demanda de servicios médicos. Para el magisterio, esta problemática requiere la intervención de funcionarios federales y estatales con capacidad para comprometer recursos, razón por la cual insistieron en que las mesas de negociación deben contar con autoridades de alto nivel y no únicamente con representantes sin facultades presupuestales.
Al finalizar la reunión del 31 de julio, que se prolongó hasta altas horas de la noche, las partes firmaron una minuta en la que quedaron asentadas las demandas planteadas por la comisión y el compromiso de dar seguimiento a los asuntos expuestos. Sin embargo, los integrantes de la Red de Defensa Magisterial denunciaron que, pese a lo establecido en ese documento, las reuniones posteriores programadas en Chihuahua no se han concretado. Señalaron que el ISSSTE canceló una primera reunión prevista para el jueves 20 de agosto, bajo el argumento de que era necesario ajustar las agendas de funcionarios locales.
Posteriormente, indicaron, se estableció el lunes 24 de agosto como nueva fecha para dar continuidad a los trabajos, pero tampoco se concretó el encuentro debido a que las autoridades federales y estatales no establecieron comunicación con los representantes magisteriales. Esta situación fue considerada por los docentes como una muestra de desinterés frente a problemas que, aseguran, afectan directamente las condiciones laborales, educativas y de salud de miles de trabajadores y sus familias.
Ante los aplazamientos, la Red de Defensa Magisterial advirtió que no desistirá de sus demandas y reclamó a las autoridades cumplir los compromisos establecidos en la minuta firmada en la Ciudad de México. Los representantes insistieron en que no buscan únicamente nuevas reuniones, sino respuestas concretas y la participación de funcionarios con capacidad para resolver los problemas planteados. Por ello, reiteraron su exigencia de instalar mesas tripartitas en Chihuahua, atender de manera integral el rezago laboral y educativo y emprender acciones inmediatas para recuperar la calidad de los servicios del ISSSTE, al considerar que las condiciones actuales requieren una respuesta institucional de fondo.