Por: Dr. Héctor Alejandro Navarro Barrón
Tras entregar 35 años de mi vida a las aulas, a la formación de generaciones y a la defensa de la escuela pública, observo con profunda preocupación —pero también con renovada esperanza— la coyuntura que atraviesa nuestro gremio. Los próximos Congresos Extraordinarios del SNTE, tanto el seccional en Chihuahua como el nacional a celebrarse a principios del próximo año, no pueden ser una simple pasarela burocrática. Es el momento de exigir, con firmeza y sin titubeos, que se resuelvan las heridas estructurales que precarizan nuestra labor y nuestro retiro.
A nivel nacional, la demanda más sentida para quienes ya peinamos canas y para las futuras generaciones es la abrogación definitiva de la Ley del ISSSTE de 2007 y el fin del fallido sistema de cuentas individuales. Es un acto de estricta justicia social exigir el retorno a un sistema solidario y la eliminación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo de las pensiones, restituyendo el tabulador en Salarios Mínimos.
En el ámbito estatal, la crisis de Pensiones Civiles del Estado (PCE) en Chihuahua no admite más dilaciones. El gobierno debe saldar la deuda histórica que mantienen diversas dependencias y organismos descentralizados con la institución, la cual asciende a miles de millones de pesos y ha provocado un doloroso desabasto de medicamentos y servicios. Asimismo, el magisterio estatal exige un fondo de vivienda digno, transparente y con tasas justas, además del respeto irrestricto a conquistas históricas como la Clave L Plus, frenando de una vez por todas los artilugios legales que bloquean su pago.
Pero no solo nos enfrentamos al deterioro económico. Hoy, nuestros compañeros en activo sufren la violencia en los entornos escolares y el agotamiento extremo. Es imperativo que en el Congreso Nacional se exija la creación de una Ley Federal de Protección al Docente, tomando como referente los protocolos recientemente implementados en Chihuahua, los cuales permiten separar a un maestro de su cargo de forma cautelar y sin afectación salarial cuando su integridad o su vida corren peligro. A esto debemos sumar el derecho inalienable a la desconexión digital, para evitar que las nuevas herramientas tecnológicas se conviertan en cadenas de hiperconectividad que destruyan la salud mental de los maestros. De igual forma, ante la inminente caída de la USICAMM, exigimos que el nuevo sistema no sea una puerta abierta al tráfico de influencias, sino un modelo transparente, auditable y verdaderamente meritocrático.
Para lograr todo esto, el perfil de los delegados electos debe ser intachable. Necesitamos representantes con un profundo conocimiento técnico y estatutario, pero sobre todo, con probada solvencia moral. Debemos erradicar el clientelismo y la sumisión a los partidos políticos; el sindicato no es agencia de colocación ni trampolín electoral de nadie.
La democratización sindical auténtica es nuestra última trinchera. Es inadmisible que sigamos operando bajo estatutos que perpetúan el control de unos cuantos mediante congresos de delegados indirectos. Exigimos la renovación de la dirigencia nacional y la modificación de los estatutos por la vía democrática, garantizando el voto directo, universal y secreto para todas las decisiones trascendentales de nuestra organización.
Nuestra dignidad no es moneda de cambio. A los delegados les digo: lleven la voz de las bases, de los activos y de los jubilados. No regresen con las manos vacías ni con promesas tibias. La historia del magisterio los está observando.