La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que ya integra dos líneas de investigación por los hechos registrados en «El Pinal», Morelos, Chihuahua, donde se detectó una instalación clandestina para la producción de drogas y se reportó la muerte de cuatro personas, entre ellas dos de nacionalidad estadounidense presuntamente vinculadas a agencias de seguridad.
De acuerdo con el posicionamiento oficial, la indagatoria federal se abrió tras la comunicación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que llevaba meses con una investigación previa, misma que —según la FGR— no había sido del conocimiento de la autoridad federal en su momento.
El caso, que involucra la posible operación de un laboratorio a cielo abierto entre los municipios de Morelos y Guachochi, escaló además por la presencia de ciudadanos extranjeros, lo que llevó a que una de las carpetas fuera turnada a instancias especializadas por posibles implicaciones en materia de seguridad nacional.
A la par, la FGR abrió una segunda investigación derivada de la información pública difundida por autoridades estatales el pasado 19 de abril, así como de los datos compartidos en la Mesa de Seguridad Estatal, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa la coordinación —o falta de ella— entre los niveles de gobierno en hechos de alto impacto.
La dependencia federal subrayó que apenas recientemente la Fiscalía estatal remitió copia de su carpeta de investigación, la cual ya es analizada para su incorporación a las indagatorias del fuero federal, en busca de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.
Mientras tanto, la FGR aseguró que informará de manera oportuna sobre los avances, en un caso que no sólo implica delitos contra la salud, sino que podría escalar a terrenos de seguridad nacional.
COMUNICADO ÍNTEGRO
FGR INTEGRA INVESTIGACIONES POR HECHOS OCURRIDOS EN CHIHUAHUA
La Fiscalía General de la República (FGR) integra dos investigaciones, con motivo de los hechos ocurridos en días pasados en la Sierra del Pinal, estado de Chihuahua, al confirmarse la presencia de dos personas de nacionalidad estadounidense, aparentemente pertenecientes a agencias de seguridad, quienes lamentablemente fallecieron junto con otras dos personas, luego de la localización de una instalación clandestina de producción de drogas al aire libre.
La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Chihuahua, en ejercicio de sus funciones constitucionales de investigar y perseguir los delitos federales, inició las indagatorias derivado de la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado, institución que refirió que inició esa indagatoria desde hace meses, situación que en ese momento la FGR desconocía.
La investigación federal se inició por comunicación de esa Fiscalía estatal, relacionada con el hallazgo de la instalación en área abierta destinada a la confección de narcóticos sintéticos, ubicada entre los municipios de Morelos y Guachochi.
La segunda investigación se inició, por noticia criminal, luego de que el fiscal estatal ofreció una rueda de prensa el pasado 19 de abril, así como por la información compartida en la Mesa de Seguridad Estatal del estado de Chihuahua.
La indagatoria por la presencia de personas extranjeras, por sus características y relevancia, además de considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional, se determinó continuarla en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la misma FECOR.
Es importante señalar que, hasta el día de ayer, a petición reiterada de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua remitió copia de la carpeta iniciada en el fuero local, por lo que las actuaciones realizadas por esa autoridad ministerial se encuentran en análisis para su integración en las carpetas referidas del ámbito federal.
Esta institución establece que, a partir de lo ocurrido, se investiga la comisión de posibles delitos de competencia de la FGR, con el fin de esclarecer los hechos y, en su caso, deslindar responsabilidades de cualquier persona que haya participado.
Los avances y resultados de las indagatorias se comunicarán de manera transparente y oportuna, observando las implicaciones del debido proceso.