Chihuahua, Chih.- El titular de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, compareció esta mañana de manera virtual ante los miembros de la Comisión Especial para el Fortalecimiento de Pensiones Civiles del Estado, durante la que informó de los resultados de las cinco auditorías practicadas sobre la institución, la situación del déficit financiero de la misma y de los adeudos de las 46 dependencias y organismos afiliados. El auditor superior cifró en 4 mil 682 millones de pesos la deuda con PCE al 31 de diciembre, el 91.5 por ciento de los cuales se concentran en cuatro organismos y de los que el 26.7 por ciento corresponderían al concepto de recargos que no estarían debidamente normados en la Ley de Pensiones Civiles del Estado de 2014 y que PCE no podría demandar. Asimismo, exhibió las omisiones de pagos de la UACH, el Tribunal Superior de Justicia, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua y de la Secretaría de Hacienda, a ésta última a la cual promovió varios Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa por un posible abuso de funciones por parte de los servidores públicos que no entregaron los montos debidos tanto a PCE como a otros organismos, según los establecido en el Presupuesto de Egresos, y que, a su vez, conllevó una “cadena de incumplimientos” sucesivos por parte de seis organismos afiliados.
Ante la comisión presidida por René Frías Bencomo, el auditor superior recordó que el 17 de diciembre de2020 el Congreso del Estado les solicitó realizar una auditoría a PCE y el 13 de enero fueron convocados por la Comisión Especial solicitándoles su ayuda, señalando la ASE que la investigación podía servir al Legislativo de insumo para la toma de decisiones para tratar de encontrar una solución a la problemática que atraviesa Pensiones.
Tras realizarse una serie de auditorías forenses, Héctor Acosta manifestó que el 91.5 por ciento del adeudo se concentra en cuatro instituciones auditadas, como son la Secretaría de Hacienda, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Junta Municipal de Aguas de Chihuahua y el Tribunal Superior de Justicia – a la que habría que sumar la propia PCE-, y que las 42 instituciones restantes representan el otro 8.5 por ciento.
El titular de la ASE dio a conocer que PCE –según reporte de la propia institución- presentaba un pasivo de 4 mil 682 millones de pesos al 31 de diciembre de 2020, de los cuales precisó que el 26 por ciento corresponderían a recargos no atribuibles
Los principales entres afiliados deudores, los cuatro mencionados anteriormente, acumulan el 91.5% de la deuda, equivalente a 4 mil 283 millones de pesos, distribuidos dela siguiente forma: Secretaría de Hacienda 2 mil 202 millones de pesos, la UACH 1 mil 428 millones de pesos, la JMAS 470 millones de pesos, y el TSJ 182 millones de pesos.
Asimismo, el auditor Héctor Acosta exhibió un histórico de los adeudos por años a PCE, señalando coinciden e inician tras la reforma a la Ley de PCE en 2014 y citó que en 2013 fue del 0.2 por ciento, en 2014 de 7.0 por ciento, en 2015 de 2.7 por ciento, en 2017 de 7.5 por ciento, en 2018 de 8.6 por ciento, en 2019 del 29.4 por ciento y en 2020 de hasta el 37 (concentrándose casi el75 por ciento de los mismos en los últimos tres años).
Mostró una tabla con todos los conceptos de los pasivos, originalmente veían que el principal problema tenía que ver con las cuotas de los trabajadores, en las aportaciones de las instituciones, en el diferencial médico y en las cuotas de servicio médico, sin embargo una vez llevado a cabo el análisis y el diagnóstico se encontraron con que había también una serie de pasivos relacionados con las diferentes situaciones que se plantearon en los transitorios de la Ley de PCE de 2014 y que planteaban diversos ajustes y aportaciones derivados derechos de los trabajadores en base a su antigüedad.
En la revisión a PCE advirtieron que el procedimiento para el cálculo del diferencial de servicio médico no tiene sustento normativo para su aplicación, que PCE lo realiza a través de un prorrateo, si bien en el artículo 33 del reglamento se establece que la diferencia entre la aportación de los trabajadores y el costo real para Pensiones “será cubierto por las instituciones, pero no se establece a través de qué mecanismo”.
Es por ello que se emite la recomendación a PCE para que “realice o gestione las modificaciones y adecuaciones a la normativa, a efecto de sustentar el procedimiento o mecanismo sobre el cual se calcule el “Diferencial de Servicio Médico” con independencia de cuál sea el mecanismo o procedimiento que se determine”.
Una segunda observación de la ASE a PCE tiene que ver con que “PCE realiza cobros por incumplimiento de pago a las instituciones afiliadas por el concepto denominado como ‘Recargos’ sin contar con sustento normativo para su determinación del cálculo y aplicación. Esta situación ha llevado a que las instituciones afiliadas no reconozcan el adeudo por el concepto de ‘Recargos’, por lo que, el monto del adeudo total de los 46 organismos afiliados al 31 de diciembre de 2020 ascendió a 1,259 MDP”.
Por ello se emitió la recomendación a PCE para que “con base a sus facultades y atribuciones valore proponer a las instancias correspondientes la modificación o creación de la normativa que determine las herramientas jurídicas que doten de las facultades necesarias para realizar el cálculo y cobro de ‘Recargos’ o ‘Intereses Moratorios’ derivados de la falta de pago oportuno.”
Otra recomendación, la ocho, advierte inconsistencias por parte de PCE en el registro y aplicación de pagos efectuados por la UACH por 74.9 MDP pagados en 2020, (la UACH los pagó señalando unos conceptos y PCE los aplicó a otros diferentes) restando confiabilidad y veracidad a la información revelada en los Estados Financieros de PCE respecto de los conceptos de adeudo de cuotas y aportaciones, así como los saldos acumulados de ejercicios anteriores”, solicitándole emprender acciones para que estos registros se realicen “de manera congruente y ordenada”.
Por su parte, la ASE emitió recomendaciones a la JMAS, que concentra sus adeudos entre 2014 y 2016, mientras que los años posteriores pagó y estuvo al corriente, se le pidió que la situación se vea reflejada en los estados financieros y “que se busque realizar los convenios necesarios con Pensiones Civiles del Estado para poder ponerse al corriente respecto a esos adeudos anteriores a 2016”.
En el caso del Tribunal Superior de Justicia, con un adeudo de 182 millones de pesos, que se concentran fundamentalmente en los años 2018, 2019 y 2020, emitió recomendaciones para, por un lado, reflejar en sus estados de cuenta el adeudo, y luego otra advirtiendo que el Tribunal Superior de Justicia omitió el entero a PCE de retenciones de las cuotas de seguridad social y servicio médico de los trabajadores por 21.8MDP, Seguridad Social por 39.4 MDP, Diferencial de Servicio Médico por 12.4 MDP, correspondientes al ejercicio 2020. El TSJ atribuyó esta situación a la falta de liquidez debido a que Hacienda no les habría entregado los recursos en tiempo y forma. Es por esto que la ASE pidió al Tribunal una aclaración y que demuestre la falta de liquidez a la que alude. En caso de no acreditar el TSJ estos términos en un plazo de 60 días, la Auditoría Superior promoverá un Informe de Responsabilidad Administrativa sobre los servidores públicos que resultaran responsables.
Por su parte, la UACH, que representa el 31 por ciento del adeudo de PCE, el auditor superior señaló que los pasivos de concentran en los últimos cinco años y en 2014, fue omisa en el pago de las aportaciones en su calidad de patrón, advirtiéndole del adeudo por estos conceptos de 1 mil 158 millones de pesos –la UACH alegó que en enero de 2021 pagó 2.4 MDP- recomendándole que revise su información contable y documental que dio origen al adeudo. Cifró una “omisión del entero de aportaciones de seguridad social correspondientes al ejercicio 2020 por 114.7 millones de pesos”. La UACH señaló haciendo referencia al convenio marco suscrito con Gobierno del Estado en 2016 que establece que en 2020 debería haber recibido 650 millones de pesos, delos que aseguró que sólo recibió 412 millones, lo cual la habría imposibilitado hacer frente a sus obligaciones con PCE. La ASE solicitó una aclaración a la UACH para ver si los recursos que no entregó el gobierno efectivamente pudieran haber servido para satisfacer el adeudo. En caso de no acreditarse se promovería un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa contra los servidores públicos dela UACH que se considere responsables.
Mientras, en el caso de la Secretaría de Hacienda, que concentra el 47 por ciento del monto total adeudado a PCE, los adeudos de concentran fundamentalmente en los años 2019 (40%) y 2020 (49%), precisando que en este caso se hablaba de los adeudos de Hacienda en su calidad de patrón de los trabajadores del estado. En su caso advirtió una “omisión de pago de Seguridad Social, Servicio Médico, en el ejercicio 2020 por 919 millones de pesos”, de los que Hacienda habría aclarado parcialmente el pago de 157.6 millones de pesos de Diferencial de Servicio Médico en enero de 2021, pero no aclara el no pago de los 761.4 millones de pesos restantes.
Ante tal omisión, el titular de la ASE señaló que en este caso se emitió directamente un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, por presunto abuso de funciones, para los servidores públicos que omitieron enviar en tiempo y forma los recursos a Pensiones Civiles del Estado.
Agregó que hay otra omisión por no ministrar a seis organismos afiliados a PCE, según alegaron estos, 15.2 millones de pesos correspondientes a las cuotas y aportaciones a seguridad social, por no ministrar 195.1 millones a la UACH –a los que estaba obligado por el Presupuesto de Egresos autorizado por el Congreso del Estado- y de la misma manera por no haber entregado 166.9 millones de pesos al TSJ, mismos que habrían dado lugar a una cadena de incumplimientos. Por todos estos temas, la ASE también promovió contra Hacienda un informe conjunto de Presunta Responsabilidad Administrativa.
