Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz
El Programa Nacional de Inglés (PRONI) , surgido en 2009, se presenta en sus reglas de operación como un componente para el logro de la educación de excelencia, pertinente y relevante, uno de los fines supremos del Plan Sectorial de Educación 2020-2024. No es necesario profundizar en la importancia de una segunda lengua en el campo laboral. El dominio de ésta, aunado a muchos otros factores, pudiera ser clave para la anhelada movilidad social que debe promover la escuela. No obstante el peso de los propósitos del programa, los encargados de hacerlo realidad, los profesores, enfrentan una serie de situaciones que ponen en entredicho la supuesta revalorización del magisterio que ha guiado los discursos oficiales desde hace ya casi tres años.
Los profesores del PRONI representan la negación de la tan pregonada revalorización del magisterio. Sus precarias condiciones laborales niegan cualquier discurso reivindicador de la figura del docente. Dada la forma de contratación de la mayoría de ellos, no tienen acceso a derechos laborales de ley como lo son el aguinaldo, vacaciones pagadas, prima vacacional, licencia por maternidad o lactancia, prima de antigüedad, etc. Para la gran mayoría de ellos no existe el despido, con las implicaciones a favor del trabajador que éste implica, sino la no recontratación, que simplemente corta la relación laboral sin mayores responsabilidades para el empleador. No cuentan, tampoco, con servicios médicos. Por si fuera poco, están a expensas de cada autoridad local en cuanto a su salario: algunos, como en Chiapas, han tenido que esperar hasta seis meses para recibir el pago por el trabajo realizado, mientras que a otros, como en Tabasco, les han descontado los días festivos del periodo de pago. El monto del salario queda a voluntad también de cada autoridad local, pues las reglas de operación actuales del programa se limitan a establecer un mínimo de cien pesos por hora trabajada.
Ante el difícil panorama laboral que enfrentan, los maestros de PRONI han formado diferentes agrupaciones a lo largo del país para exigir a las autoridades solución a sus demandas. Desde 2018 y en al menos tres ocasiones, un grupo de docentes con representación nacional se encontró con la legisladora Adela Piña Bernal, a quien le expusieron su problemática y obtuvieron el compromiso, del grupo político que integra, de atender la situación. En febrero de 2019 tuvieron un acercamiento con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, quien les prometió que pronto daría solución a sus demandas. Tocaron las puertas también del Senado de la República: en octubre del año pasado tuvieron una reunión virtual con los legisladores Martí Batres y Antares Vázquez, a quienes dieron a conocer también la necesidad de modificar las reglas de operación del programa. El tema incluso ha sido puesto en la mesa en las conferencias presidenciales matutinas.
Desafortunadamente, los frutos de estas reuniones han sido escasos: las reglas de operación del programa siguen manteniendo casi las mismas situaciones desventajosas para los profesores, salvo el establecimiento de un salario mínimo por hora trabajada (insuficiente, por cierto), que cabe decir ha redundado en despidos tras la excusa de las autoridades locales de no tener suficientes recursos para cubrir tal tarifa: salió más caro el caldo que las albóndigas. Las exigencias de los profesores se centran pues sobre todo en la modificación de las reglas de operación, aunque las propuestas han sido desoídas por la titular de la Dirección General de Desarrollo Curricular, María Teresa Meléndez Irigoyen. Aunado a lo anterior, la basificación de profesores sólo se ha generalizado en Ciudad de México, Baja California Norte y Tamaulipas; recientemente se han otorgado algunas pocas bases en otras entidades del país (Colima y Aguascalientes, por ejemplo). Se calcula que son aproximadamente 8,000 profesores los que aún laboran amparados bajo un contrato que les niega el acceso a derechos laborales fundamentales.
Dentro de los cambios que solicitan a los lineamientos del programa, destaca el reconocimiento como docentes y no como asesores externos: aunque a simple vista pareciera un mero cambio de etiqueta, sin duda conlleva una profunda reconceptualización de su figura. Reclaman garantías de que su pago sea quincenal, así como que éste abarque periodos vacacionales. Para evitar los frecuentes retrasos en los salarios (muchos derivados de disputas políticas entre los diferentes niveles de gobierno) o posibles malos manejos de recursos (vale aquí la pena revisar informes al respecto por la Auditoría Superior de la Federación), proponen que las autoridades locales dejen de ser intermediarias entre el gobierno central y los trabajadores, al menos en cuanto a dinero se refiere. Demandan además que exista un contrato nacional único, que permita que las condiciones laborales no queden a discreción regional. Asimismo, solicitan que la duración de los contratos comprenda el ciclo escolar completo, pues el presupuesto del programa abarca todo el año fiscal.
Las inconformidades por las afectaciones laborales a los profesores de PRONI se han exacerbado a raíz de algunos hechos específicos. El primero fue el anuncio de Moctezuma Barragán sobre el lanzamiento de una plataforma para la enseñanza del inglés, que hará posible, según dijo, que los docentes de grupo no requieran siquiera el conocimiento del idioma; con esto no sólo se hace prescindibles a los profesores especializados, sino también se destinan recursos dentro del programa, que los maestros reclaman pudieran ser empleados en otros rubros, como, por ejemplo, servicios médicos. Otro hecho tiene que ver con posibles conflictos de interés en los procesos de certificación ofertados por las autoridades. Finalmente, la no recontratación de aproximadamente 2,000 profesores en plena pandemia, puso a la vista la fragilidad de su relación laboral.
Las consecuencias de la situación de PRONI son alarmantes. No sólo son evidentes las movilizaciones y reclamos que brotan cada vez con mayor fuerza en diferentes regiones del país. En el plano académico, donde se impacta directamente a los alumnos, a la fecha hay miles de escuelas de educación básica que no han reanudado sus clases de inglés al iniciar el presente año (no obstante que es una asignatura establecida en el plan de estudios), mientras se resuelven los engorrosos asuntos burocráticos que año con año se presentan.
Como ya se mencionó, los maestros de PRONI son una muestra del discurso hueco, tanto de autoridades locales como federales, que da por hecho la revalorización del magisterio, pero soslaya situaciones tan indignantes como las que viven los profesores de inglés. Es contradictorio que se hable de revalorización cuando se permiten esquemas de contratación prácticamente desechables y cuando a los profesores no se les brindan siquiera los derechos laborales más elementales. Indigna que muchos de estos docentes trabajen “fiado” por varios meses o que después de varios años de trabajo se corte la relación laboral, dejándolos a la deriva como recientemente ocurrió. Es pues necesario que cada que en los alegres discursos se hable de revalorización del magisterio, recordemos las injusticias que sufren los maestros de inglés y la lucha que están emprendiendo para arrebatar sus derechos.
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.
Twitter: @proferoger85
