Chihuahua.- Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, solicitaron al Congreso de la Unión que de manera urgente, cite a comparecer ante ambas cámaras, al Director de la Comisión Federal de Electricidad, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y al Secretario de Seguridad Pública y Atención Ciudadana.
Este Punto de Acuerdo y de urgente resolución, fue presentado por la diputada Rocio Sarmiento de Movimiento Ciudadano, quien determinó que las comparecencias tienen el fin de que se expongan las razones y fundamentos que tiene el Estado Mexicano para atacar a las y los productores agrícolas, a los líderes sociales y a políticos de Chihuahua a través de las instituciones federales.
También, dijo que se debe explicar por qué se ha utilizado a la Guardia Nacional en la contención del descontento social de la ciudadanía de esta entidad ante actos arbitrarios del Ejecutivo Federal, lo que ha priorizado la confrontación y la fuerza, al igual que la desacreditación ante de la sociedad mexicana, antes que el diálogo y la búsqueda de acuerdos conciliatorios, que resuelvan la problemática surgida de la extracción del agua de las presas de Chihuahua.
“Vemos con preocupación que el titular del Ejecutivo Federal, no sólo mantiene su postura inflexible y radical respecto a las necesidades y el sentir de nuestra sociedad, sino que ha decidido actuar contra las y los chihuahuenses desde su posición de poder, con acciones que nos recuerdan hechos históricos muy desafortunados que acabaron con la vida de miles de mexicanos en gobiernos represores del pasado”, afirmó la legisladora en tribuna.
Recalcó que en la actualidad, el Gobierno Federal ha accionado de manera que catalogó como gravísima al atentar en contra de los derechos humanos, la vida y la paz de las y los chihuahuenses, y que solamente podrían ser contenidas con la intervención de los demás poderes del Estado Mexicano que no deben, de ninguna manera y por un acto de responsabilidad republicana, sujetarse a la postura intransigente, amenazante y peligrosa, de las instituciones del Poder Ejecutivo Federal.
“Dos años han transcurrido desde que miles de personas de Chihuahua decidieron en las urnas y fuera de tener un México mejor, un México más justo, menos corrupto, hoy vivimos en nuestro estado uno de los eventos más desafortunados de los tiempos modernos, mediante los abusos de autoridad y el ejercicio de poder ilimitado que no conoce la mesura ni la solidaridad, en contra de agricultores, productores, políticos, líderes sociales y de la sociedad en general”, abundó.
Expresó que en más de veinte ocasiones, las y los diputados del Congreso de Chihuahua, a través de Puntos de Acuerdo institucionales, han exhortado al Ejecutivo Federal para que atienda por medio de sus instancias competentes, la problemática de la extracción del agua de las presas de La Boquilla, El Granero, y Las Vírgenes, y que retire a la Guardia Nacional de sus instalaciones.
“No tratan con delincuentes; ante la postura inflexible del gobierno federal, los liderazgos locales se han acentuado, y han decidido participar en apoyo a las y los chihuahuenses, y también los productores del campo, que han visto cómo un Estado que debe protegerlos, ayudarlos y garantizar sus derechos humanos, y en vez de ello actúa en contrario y les envía la Guardia Nacional para amedrentarlos, han decidido acentuar sus protestas, lo que ha llegado a extremos que nadie deseamos, pero que parecen resultar la única salida”, concretó.
Señaló que las y los productores agrícolas del Estado, recibirán siempre el apoyo y la solidaridad por parte del Congreso del Estado, de los presidentes municipales, de los ex gobernadores y de los luchadores sociales de otras latitudes.
“El gobierno federal ha realizado al menos una ejecución extrajudicial y otra en grado de tentativa, la desaparición forzada de tres agricultores de la región de Camargo a través de la Guardia Nacional, así como el congelamiento, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las cuentas bancarias del Municipio de Delicias, y de al menos dos personas físicas, un Presidente Municipal, y un ex gobernador, los cuales han manifestado su apoyo al movimiento social, con el argumento de que existen movimientos irregulares en ellas”, acotó.
Por último, comentó “y no conforme con ello, han manifestado públicamente, que será presentada una demanda penal a través de la Comisión Federal de Electricidad, dependiente de la Secretaría de Energía, contra los Diputados del Poder Legislativo, de algunos presidentes municipales, y de diversos líderes sociales, acusándolos de motín, y como responsables directos de los daños causados en las instalaciones eléctricas de las presas y en sus equipos. Con todos los actos realizados hasta ahora, el Presidente de la República viola el estado de derecho, principios básicos como el de presunción de inocencia, y los más elementales derechos humanos”.
