Por: María Silvia Aguirre Lares
Grupa 8 de marzo Chihuahua
La iniciativa presentada en el mes de enero por la diputada Marisela Sáenz pretende modificar la Ley Estatal de Educación garantizando el derecho preferente de los padres de familia a intervenir en el proceso educativo que se ofrece en las escuelas y afirma el derecho que éstos tienen de decidir el tipo de educación que reciban sus hijos, específicamente en los que se refiere a los contenidos que atenten contra la moral, los principios éticos y espirituales de los padres como es el caso de la educación de la sexualidad. La iniciativa se identifica con el llamado pin parental que se presentó primero en España, sin que haya tenido avances significativos, más bien se encuentra en riesgo de declararla improcedente por el atentado que significa a los derechos humanos.
No al pin parental razones:
La familia es la primera institución socializadora, nadie se lo disputa, educa desde el nacimiento y a lo largo de la vida. Transmite códigos, costumbres, valores, expectativas y, por supuesto, educa en sexualidad. Papás y mamás educan desde sus propias experiencias, no hay una escuela para su formación, así que tenemos una amplia diversidad de familias, por lo tanto, de estilos y contenidos con los que educan. Yo les pregunto a ustedes diputadas, diputados, ¿cómo se prepararon para educar en sexualidad a sus hijas, a sus hijos? ¿Están satisfechos con lo que informaron y orientaron en su momento?
Los padres de familia tienen sus propios canales de participación en la educación formal de sus hijos: sociedad de padres de familia, representantes de los grupos escolares, consejos de participación social. A través de estos canales, los padres de familia se enteran y opinan sobre los asuntos escolares y educativos. Las maestras y los maestros han fortalecido fuertemente la comunicación con los padres porque es fundamental que ambas instancias, familia y escuela, contribuyan al buen logro y avance de las niñas, niños y adolescentes.
Por su parte, desde la consolidación de los estados modernos, la escuela es la segunda instancia socializadora. A diferencia de la familia, tiene un programa formalmente establecido, así como recursos profesionales formados para la enseñanza y la construcción de aprendizajes.
Los programas de las escuelas son resultados de consultas públicas, reconocen el marco normativo, la filosofía del estado mexicano, están basados en el progreso científico y la educación laica, entre otros. No es poca cosa el trayecto formativo que siguen las maestras y los maestros, desde la escuela normal o las licenciaturas afines y a lo largo del desempeño profesional: capacitaciones, talleres, seminarios, maestrías, posgrados, cursos…un sinfín de espacios a los que recurren para fortalecer su desempeño y poder ofrecer una educación de calidad, de excelencia como está hoy en nuestro marco normativo.
La educación de la sexualidad en las escuelas constituye una protección para las vidas del alumnado. Contribuye a la formación de la identidad, permite reconocer los factores de riesgo de un abuso sexual, ayuda a decidir de manera responsable e informada sobre las relaciones libres de violencia, sean de amistad, de noviazgo, sexuales e incluso filiales.
Además, lo más importante es que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos, el estado debe garantizar estos con pleno respeto a su autonomía progresiva. Las y los responsables de familia tienen la obligación de respetar y garantizar esos derechos. Las niñas, niños y adolescentes no son propiedad de nadie, ni de sus padres, estos tienen su tutela, pero teniendo siempre presente que su tarea en acercarles todos aquellos recursos que estén a su alcance y que les posibilite el desarrollo de una autonomía progresiva.
México forma parte de una comunidad internacional con la que comparte acuerdos, enfoques, conceptos. En materia de derechos de infancia se ha comprometido a respetar la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, lo estipulado en la Constitución mexicana y las leyes que de este marco emanan, entre otras, la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Si la población menor de 18 años es sujeto de derecho, el estado mexicano y los responsables de familia son sujeto de obligaciones para que dicha población acceda y goce a plenitud de los derechos que le son reconocidos como lo es el recibir educación integral de la sexualidad.
Aprobar la iniciativa del pin parental es atentar contra la tercera parte de la población mexicana menor de 18 años. No se trata del futuro de las niñas, niños y adolescentes, se trata del presente de sus vidas. Aprobar el pin parental es abrir la puerta al dogmatismo, al sectarismo, los prejuicios y el fanatismo que tantas luchas y vidas nos han costado a lo largo de nuestra historia como país. Aprobar el pin parental es avalar la bandera electoral de grupos que buscan la regresión de los derechos humanos. El Estado no puede estar contra el Estado. Por todo ello:
NO AL PIN PARENTAL
Verano 2020
