Chihuahua.- La asociación Unión y Fuerza de Mujeres Trans, encabezada por su presidenta Mayté Regina Gardea, emitió una enérgica alerta para denunciar que hombres cisgénero están utilizando de manera instrumental, dolosa y fraudulenta la figura legal de la identidad de género con el único fin de evadir la acción de la justicia, manipular el aparato institucional o perpetrar venganzas personales. Esta práctica, calificada como un acto de violencia institucional y una usurpación que despoja de sus derechos a las mujeres, infancias y poblaciones trans, comienza a registrar un preocupante patrón de incidencia en diversas fiscalías y juzgados del país, particularmente en la Fiscalía Estatal de la Mujer en Chihuahua.
De acuerdo con las declaraciones de Mayté Regina Gardea, esta simulación jurídica representa una perversión del espíritu de los derechos humanos y un fraude a la ley que atenta directamente contra la dignidad trans. La activista señaló que estos hombres, motivados por una profunda misoginia y transfobia, se enuncian momentáneamente como mujeres trans sin tener una vivencia ni un tránsito real, con el objetivo de doblegar las estructuras que protegen a las mujeres, mantener sus privilegios o eludir sanciones penales, civiles o de lo familiar.
La presidenta de la organización advirtió sobre el grave impacto de esta problemática en los espacios seguros y la revictimización en las fiscalías especializadas. Explicó que la irrupción de estos agresores en espacios diseñados para mitigar la asimetría del poder patriarcal provoca la inhibición de la denuncia en mujeres e infancias intimidadas, una revictimización sistémica al obligar a las víctimas reales a compartir espacios de contención con perfiles que replican conductas violentas, y un colapso operativo que desgasta los limitados recursos públicos en atender litigios maliciosos, retrasando medidas de protección urgentes para casos de riesgo feminicida real.
Gardea detalló que esta simulación cuenta con el respaldo de actores políticos de la derecha, señalando directamente al diputado Carlos Olson, del Partido Acción Nacional. Según la denuncia, el legislador pagó para que personas como Raúl Eduardo Regis Durón realizaran el trámite de cambio de identidad de género en el estado de Jalisco. La activista evidenció la doble moral de estos grupos, mostrando que en las actas de nacimiento de los implicados se mantiene el nombre masculino (como Raúl Eduardo) pero se modifica el apartado de sexo a «mujer» para ser utilizado como un arma jurídica de violencia, contradiciendo los discursos de la derecha que acusan a la población trans de atentar contra la familia.
Finalmente, a nombre de la asociación y con el respaldo de firmas de alrededor de 700 organizaciones nacionales e internacionales, así como activistas, se hizo un llamado firme a las fiscalías y al Poder Judicial para implementar protocolos de verificación de fraude a la ley con perspectiva de género y transfeminista. Asimismo, instaron a los perpetradores a frenar la instrumentalización de las demandas trans, recordando que cada recurso público desviado para atender una simulación pone en riesgo irreversible la vida de una mujer, un niño o una mujer trans real.