Después de que las dos primeras entregas de esta serie circularon en medios digitales, la Organización Nacional de Apicultores (ONA) se estableció el contacto con los productores apícolas de Chihuahua. Por primera vez desde que empezó a documentarse esta mortandad, existe un procedimiento al cual acudir. La experiencia de los propios apicultores ya está mostrando, también, dónde ese procedimiento choca con la realidad del campo chihuahuense.
Las dos primeras entregas de esta serie describían un vacío: colmenas muertas, agroquímicos señalados como causa probable, y ninguna autoridad clara a la que reportar el caso. Esa parte de la historia empezó a cambiar. Luz María Saldaña Loza, presidenta del Consejo Directivo de la Organización Nacional de Apicultores (ONA), y los apicultores de Chihuahua establecieron comunicación después publicarse los artículos sobre la muerte de colmenas, y desde entonces ha compartido orientación puntual: a quién reportar, cómo conservar una muestra, qué documentos existen ya para guiar el proceso. Es un paso que vale la pena reconocer, porque hasta ahora esta historia se estaba contando solo desde la ausencia institucional.
La ONA puso a disposición tres documentos: un Protocolo Forense Nacional de Atención a la Muerte Masiva de Abejas, una Guía Práctica para Apicultores y una Guía Rápida de Bolsillo pensada para consultarse en el momento mismo del hallazgo. Los tres coinciden en una misma secuencia —observar, documentar, conservar, reportar, dar seguimiento— y en una regla que resume todo lo demás: primero documenta, después manipula, evitando así borrar la evidencia necesaria para el seguimiento de la mortandad de las colmenas, consideradas unidades ganaderas productivas.
La orientación incluye también, por primera vez, una ruta concreta de a quién acudir: la línea 01800 de SENASICA/CPA como autoridad federal, la aplicación AVISE para reportar las 24 horas del día, un formato de la propia ONA para dar seguimiento por apiario, y un mapa de instancias según el nivel del evento —comunitarias, el departamento pecuario municipal, el Comité estatal de Fomento y Protección Pecuaria, SENASICA a nivel federal, la asociación gremial AGLEA de Cuauhtémoc, y el Ministerio Público cuando el caso lo amerite. Antes de esta orientación, ese mapa simplemente no era conocido para los apicultores de la región.
El propio Protocolo es honesto sobre sus límites, y vale la pena decirlo con la misma claridad: es un instrumento técnico, no una ley ni una norma oficial. No crea competencias nuevas para ninguna autoridad, no determina responsabilidades y no establece sanciones; su función es ordenar la información para que, cuando una autoridad sí actúe, tenga con qué hacerlo. Eso no le resta valor. Es, más bien, la manera correcta de construirlo: primero la coordinación y la evidencia, después lo que a cada autoridad le corresponda decidir conforme a sus propias facultades.
Donde el protocolo se pone a prueba es en la práctica, y ahí los propios apicultores de la región ya identifican varios puntos que conviene señalar sin que eso reste mérito al esfuerzo. El primero es el tiempo: entre el posible envenenamiento y el momento en que un apicultor lo detecta pueden pasar días o semanas, porque no todos los apiarios se revisan la misma semana y varios están en sitios remotos. El protocolo pide abejas frescas; en la práctica, para cuando alguien las encuentra, muchas veces ya no lo son.
El segundo punto de discusión es la cadena de frío, aunque aquí conviene precisar exactamente qué exige: la muestra se congela en cuanto se puede, en casa del apicultor, y para el envío al laboratorio basta con mantenerla fría, con hielo o gel refrigerante, no necesariamente congelada durante todo el trayecto. Es un requisito más manejable de lo que parece a primera vista, siempre que la muestra se haya tomado a tiempo, lo cual regresa al primer problema: llegar a la colmena antes de que deje de servir como evidencia.
El tercero es la disponibilidad de laboratorio, que resulta ser el cuello de botella más estrecho de los cuatro. México contó en algún momento con un laboratorio dedicado a este tipo de estudios, en La Laguna, que ya no opera. El laboratorio de SENASICA existe, pero en casos recientes solo ha informado que no se encontraron agroquímicos sin precisar cuáles se buscaron. El laboratorio que la propia ONA recomienda y utiliza es uno particular, especializado en residuos de agroquímicos, y su acceso depende de la posibilidad de costear los análisis.
El cuarto es el costo de ese análisis, que ningún laboratorio consultado publica: se cotiza caso por caso, y esa cotización se suma a una pérdida que el apicultor ya sufrió, sin garantía de que el resultado llegue a tiempo para sostener un reclamo. Y el quinto es la cobertura real de la autoridad gremial de Ciudad Cuauhtémoc, que está vigente pero cuya capacidad de llegar a cada rincón del estado no está clara: entre Camargo, Ojinaga y otros municipios y Cuauhtémoc hay varias horas de camino, y algunos apiarios están todavía más lejos que eso.
Ninguno de estos cinco puntos es un reproche a la ONA ni al protocolo que está construyendo; es, en todo caso, la información más útil que los apicultores de Chihuahua pueden devolverle a una herramienta que apenas empieza a aplicarse en el terreno. Un protocolo nacional pensado para un país de geografías muy distintas necesita, precisamente, el tipo de retroalimentación que solo puede venir de intentarlo en un estado tan grande y disperso como este. Lo que antes no existía —una ruta, un método— ya existe. Lo que sigue es adaptarlo a la distancia real que hay entre un apiario en el estado de Chihuahua y el laboratorio que puede decirle a un apicultor qué le pasó a sus abejas.
Nota:
Este texto es la tercera entrega de una serie de opinión construida a partir de testimonios, registros y, en esta ocasión, de la orientación institucional compartida por la Organización Nacional de Apicultores (ONA) y su presidenta. Fotos del 12 de septiembre de 2026, tomadas en el municipio de Camargo, Chihuahua.