Valle de Juárez, Chihuahua.- Las y los habitantes del Valle de Juárez expresamos nuestro rechazo a las recientes declaraciones del titular de la Subsecretaría de Transporte del Estado, Luis Manuel Aguirre, quien ha señalado que la prestación del servicio de transporte público en nuestra región resulta económicamente inviable debido a la supuesta baja demanda de pasajeros.
Ante dichas afirmaciones, consideramos necesario recordar que la responsabilidad fundamental del Estado no es garantizar la rentabilidad de un concesionario, sino garantizar el ejercicio de los derechos de la población. El derecho a la movilidad es un derecho humano que el Estado de Chihuahua está obligado a proteger y garantizar. El Artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua reconoce los derechos humanos previstos en la Constitución Federal y los tratados internacionales, marco que ha sido fortalecido por las recientes reformas constitucionales en materia de movilidad y transporte público, las cuales establecen la obligación de las autoridades de asegurar un servicio digno, eficiente y accesible para toda la población.
Por ello, nos preocupa que el debate público se esté centrando exclusivamente en las ganancias o pérdidas del concesionario, cuando el verdadero problema es que más de 17 mil habitantes distribuidos en más de 20 comunidades del Valle de Juárez han sufrido durante años la vulneración de su derecho a la movilidad. Desde el inicio de este proceso, los habitantes del Valle hemos sostenido una postura clara y consistente: la solución debe contemplar un esquema que permita a los usuarios llegar al centro de Ciudad Juárez mediante un solo pago, evitando transbordos costosos que encarecen injustamente el traslado diario de trabajadores, estudiantes, adultos mayores y familias enteras.
Sin embargo, esta propuesta ciudadana ha sido desatendida reiteradamente por las autoridades competentes. Resulta contradictorio afirmar que existe poca demanda mientras se ignoran las condiciones que desincentivan el uso del servicio. No puede evaluarse adecuadamente la afluencia de pasajeros cuando se ofrece un sistema que obliga a realizar pagos adicionales, incrementa los tiempos de traslado y no responde a las necesidades reales de la población. Asimismo, hacemos un llamado respetuoso pero firme a los medios de comunicación para que no se limiten a reproducir la versión oficial del Gobierno del Estado. La labor periodística exige investigar las causas de fondo que han llevado a esta situación y escuchar directamente a quienes la padecen día a día. Invitamos a las y los periodistas a realizar un ejercicio sencillo pero revelador: utilizar personalmente el transporte del Valle de Juárez, recorrer las comunidades, conversar con los pasajeros y recoger sus testimonios.
Estamos convencidos de que encontrarán trabajadores que dependen del servicio para conservar su empleo, estudiantes que necesitan trasladarse a sus centros educativos y familias que continúan enfrentando dificultades para acceder a servicios básicos. Solo así podrán ofrecer a la sociedad una visión completa de esta problemática. Además, resulta prematuro e irresponsable emitir conclusiones sobre la viabilidad del servicio cuando éste apenas ha operado durante aproximadamente dos meses.
El propio Gobierno del Estado ha reconocido que el permiso otorgado al concesionario es por un periodo de prueba de tres meses y que la evaluación definitiva se realizará al término de dicho plazo. Pretender juzgar el éxito o fracaso de la ruta antes de concluir dicho periodo ignora una realidad evidente: después de más de cinco años sin transporte público regular en el Valle de Juárez, los hábitos de movilidad de la población no pueden reconstruirse de la noche a la mañana. Miles de personas se vieron obligadas a buscar alternativas de transporte, reorganizar sus actividades laborales y escolares e incluso adquirir medios propios para desplazarse. La recuperación de la confianza de los usuarios y la consolidación de una nueva demanda requieren tiempo, promoción adecuada del servicio y condiciones que realmente resulten atractivas para la población.
Más aún, resulta injusto responsabilizar a los habitantes del Valle por la baja utilización de un servicio que durante años estuvo ausente y que, además, continúa operando bajo condiciones que la propia ciudadanía ha señalado como insuficientes, particularmente por la negativa de las autoridades a establecer un esquema de un solo pago que permita llegar hasta el centro de la ciudad. No se puede declarar inviable un servicio antes de haber implementado seriamente las condiciones necesarias para que sea verdaderamente útil y accesible para la población.
Los habitantes del Valle de Juárez reiteramos que no estamos exigiendo privilegios ni beneficios especiales. Estamos exigiendo el respeto de un derecho fundamental que durante años ha sido relegado. La movilidad no puede evaluarse únicamente con criterios de rentabilidad. El acceso al transporte público constituye una condición indispensable para ejercer otros derechos como la educación, el trabajo, la salud y la participación social. La obligación del Estado es garantizar derechos, no administrar excusas. La movilidad es un derecho, no un privilegio.
Atentamente,
Colectivo Por el Regreso del Porve al Valle Contactos:
Mtra. Naivy Martínez, 656-394-1429
Dra. Brenda Irán Ordónez Quezada, 656-131-2459