Madres y padres de familia del Jardín de Niños Albino Mireles, ubicado en el Parque Infantil, en el cruce de las avenidas Cuauhtémoc y Mirador, en pleno Centro de Chihuahua capital, exigieron a las autoridades municipales y estatales la demolición de un salón anexo que lleva años en desuso y que, denunciaron, se ha convertido en refugio de personas que ingresan de manera recurrente. Aseguraron que desde el inicio del actual ciclo escolar, el pasado 28 de agosto, se han registrado 18 allanamientos, por los cuales la dirección ha presentado denuncias ante la Fiscalía, sin que hasta ahora exista una respuesta que resuelva de fondo la problemática.
Durante una reunión para visibilizar la situación, los padres advirtieron que la presencia constante de personas ajenas al plantel representa un riesgo para la integridad de los menores, quienes realizan actividades de educación física y esparcimiento en espacios exteriores próximos al edificio abandonado. Por ello, además de exigir la demolición, solicitaron que se coloque una valla en el área del parque que colinda con la avenida Cuauhtémoc, a fin de impedir el ingreso de personas ajenas mientras se resuelve el problema.
La preocupación de las familias no se limita a los ingresos al inmueble, sino que también abarca las condiciones de insalubridad que, señalaron, prevalecen en el sector por la acumulación de residuos y la presencia de objetos que podrían representar un peligro para los niños. Una de las madres relató que, al recoger basura en los alrededores de los árboles, encontró jeringas pequeñas, por lo que manifestó su temor de que algún menor entre en contacto con estos objetos durante sus actividades al aire libre.
Los padres también expusieron que han observado a personas consumiendo sustancias en las banquetas cercanas al plantel, incluso durante el horario escolar. Indicaron que las condiciones de iluminación son deficientes debido a la abundancia de árboles y que una parte de la malla perimetral fue dañada, situación que facilita el ingreso al edificio. Aunque en algunas ocasiones se ha solicitado la intervención de la Policía Municipal, afirmaron que la respuesta ha sido momentánea y que los ingresos continúan.
La situación quedó expuesta durante un recorrido realizado por El Puntero al interior del salón abandonado, luego de las denuncias de madres y padres de familia. Al ingresar al inmueble, se encontró a un hombre que pernoctaba en el lugar y presentaba aparentes síntomas de intoxicación, lo que evidenció que el espacio continúa siendo utilizado como refugio por personas ajenas al plantel.
Ante la presencia del individuo, integrantes de la Asociación de Madres y Padres de Familia solicitaron la intervención de la Policía Municipal. Sin embargo, el hombre huyó del lugar después de empujar y presionar al trabajador manual de la escuela, de acuerdo con lo ocurrido durante el recorrido. El episodio puso de manifiesto los riesgos que representa el acceso sin control a un inmueble ubicado junto a las instalaciones donde diariamente acuden niñas y niños.
Las familias advirtieron que este tipo de situaciones no son hechos aislados, sino parte de una problemática recurrente que, aseguran, ha derivado en 18 denuncias por allanamientos desde el inicio del ciclo escolar. Durante sus testimonios, recordaron que en una ocasión acudieron autoridades y encontraron a dos personas dormidas dentro del salón, pero cuestionaron que no se haya mantenido una vigilancia permanente ni dado seguimiento suficiente a los reportes.
Los inconformes sostuvieron que la directora del jardín de niños, Ana Lilia Flores Zamarripa, lleva alrededor de cuatro años realizando gestiones para resolver el problema. En una primera etapa se buscó rehabilitar el salón mediante el Presupuesto Participativo; sin embargo, el costo estimado de alrededor de dos millones de pesos hizo inviable esa alternativa. Ante el deterioro del inmueble y los constantes ingresos, la petición se orientó posteriormente hacia su demolición, demanda que ahora también respalda la comunidad de madres y padres de familia.
De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, personal de Planeación y Evaluación del Municipio acudió anteriormente al lugar y habría considerado que la demolición era la opción más viable. No obstante, los padres señalaron que, pese a esa visita, no se ha dado continuidad al procedimiento. La directora explicó que también se realizaron trámites para actualizar los planos del terreno y remitir la documentación correspondiente al Gobierno del Estado, pero el proceso sigue pendiente.
Flores Zamarripa explicó que el terreno pertenece al Municipio, por lo que es necesario realizar las gestiones correspondientes para que el espacio pueda destinarse al proyecto planteado. La comunidad escolar pidió que las dependencias involucradas agilicen los trámites y coordinen acciones para concretar la demolición, además de garantizar el cercado del área donde los alumnos realizan sus actividades físicas.
Los padres insistieron en que no se trata únicamente de una solicitud de mejora de infraestructura, sino de una exigencia de seguridad para los menores. Señalaron que el personal docente tiene la responsabilidad de vigilar a los alumnos durante las clases, pero resulta complicado mantenerlos protegidos cuando existen accesos abiertos y personas que transitan o permanecen a pocos metros de las zonas de actividad escolar.
Finalmente, madres y padres de familia hicieron un llamado a la Presidencia Municipal, al Gobierno del Estado, a la Fiscalía y a la Policía Municipal para que atiendan el caso y establezcan medidas inmediatas de protección, sin esperar a que ocurra un incidente que afecte a algún niño. Reiteraron que la demolición del salón abandonado y el cercado del espacio abierto del parque son las principales medidas que consideran necesarias para recuperar condiciones seguras y sanitarias en el entorno del Jardín de Niños Albino Mireles.