El personal de la Escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón” de Saucillo manifestó su inconformidad ante la remoción de la subdirectora Administrativa y el nombramiento sorpresivo de una persona externa a la institución y ajena al nivel educativo de las Escuelas Normales, por lo que exigió a las autoridades educativas una explicación formal sobre las decisiones tomadas y respeto a los acuerdos construidos por la comunidad escolar.
A través de un comunicado fechado este 6 de noviembre, que aseguraron fue remitido de manera digital a la directora general de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), Teresa de Jesús López Ramírez, el personal señaló que la modificación de la estructura directiva se realizó sin claridad en los procedimientos y al margen de los consensos alcanzados previamente en una asamblea institucional, cuya propuesta de integración directiva había sido presentada ante las autoridades y respaldada mediante un acuerdo firmado por docentes, personal de apoyo y estudiantes.
Uno de los puntos que consideraron particularmente preocupantes es el manejo de los recursos del programa U300, al señalar que durante la gestión de la subdirectora removida no se le permitió ejercer plenamente las atribuciones correspondientes a su cargo. En ese sentido, señalaron que la comunicación, gestión y toma de decisiones relacionadas con dicho recurso habrían sido concentradas en un docente identificado como Aldo Sáenz, presuntamente por encima de la autoridad formal de la Subdirección Administrativa, situación por la que plantearon cuestionamientos sobre quién autorizó las decisiones y bajo qué mecanismos se garantiza la transparencia y comprobación del presupuesto.
Ante ello, solicitaron una investigación administrativa para esclarecer las circunstancias en que se limitó el ejercicio de las funciones de la subdirectora, así como la revisión y fiscalización de los recursos del U300 para descartar o identificar posibles irregularidades, conflictos de interés o malos manejos. Asimismo, exigieron conocer los fundamentos de la remoción, respetar los acuerdos de la asamblea y garantizar que cualquier modificación a la estructura directiva se realice mediante procedimientos legales y transparentes, considerando la naturaleza del subsistema de Escuelas Normales.
Finalmente, el personal sostuvo que la institución no puede continuar siendo objeto de decisiones externas que desconozcan su historia, organización y capacidad para construir acuerdos, particularmente después de más de un año de inestabilidad. Aclararon que su postura no responde a la defensa de personas o cargos, sino de la institucionalidad, la transparencia y la participación de la comunidad normalista, por lo que concluyeron con una exigencia de respuestas, respeto y estabilidad para la escuela.
Comunicado íntegro del personal de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón:
COMUNICADO DEL PERSONAL DE LA ESCUELA NORMAL RURAL RICARDO FLORES MAGÓN
ASUNTO: Inconformidad ante decisiones administrativas unilaterales, intromisión en las funciones institucionales y exigencia de transparencia en el manejo de los recursos.
A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS COMPETENTES A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE A SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y A LA REPRESENTACIÓN SINDICAL
Quienes suscribimos, personal de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, manifestamos nuestra profunda inconformidad y preocupación ante las recientes decisiones que se han tomado respecto a la estructura directiva de nuestra institución, particularmente por la remoción de la Subdirectora Administrativa y el sorpresivo nombramiento de una persona externa a la escuela y ajena al nivel educativo de las Escuelas Normales.
Consideramos que estas decisiones representan una falta de respeto a la vida institucional, a los acuerdos construidos colectivamente y a la capacidad del propio personal para participar en la definición de sus autoridades.
Después de un largo proceso de inconformidades, tensiones y propuestas, el personal logró construir consensos y establecer acuerdos mediante una asamblea institucional, de la cual surgió una propuesta de integración directiva que fue presentada ante SEECH y respaldada mediante un acuerdo firmado por sus participantes, personal docente, de apoyo y estudiantes.
Resulta inadmisible que, después de haber alcanzado ese consenso, se pretenda modificar la estructura directiva mediante decisiones sorpresivas, sin una explicación suficiente, sin claridad en los procedimientos y aparentemente al margen de los acuerdos institucionales previamente establecidos. Esta situación nos remite, además, a los antecedentes de la terna anteriormente rechazada y a una cadena de decisiones que han contribuido a mantener a nuestra escuela en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad institucional.
PARTICULARMENTE PREOCUPANTE RESULTA LA SITUACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA U300.
Es necesario precisar que la administración y el seguimiento del ejercicio de los recursos del programa U300 forman parte de las responsabilidades inherentes a la Subdirección Administrativa. Sin embargo, durante el periodo de gestión de la Subdirectora ahora removida, no se le permitió ejercer plenamente las atribuciones y la autoridad correspondientes a su cargo.
Tenemos conocimiento de que, desde el Departamento de Formación y Actualización de Docentes, la comunicación, la toma de decisiones y la conducción de asuntos relacionados con este recurso han sido concentradas en un docente, Aldo Sáenz, quien aparentemente ha asumido facultades de decisión que corresponden a la estructura administrativa de la institución, pasando por encima de la autoridad formal de la Subdirección Administrativa.
Esta situación plantea interrogantes que requieren una explicación puntual:
- ¿Con qué fundamento se han concentrado en un docente externo a la estructura directiva las facultades de comunicación, gestión y toma de decisiones relacionadas con el U300?
- ¿Por qué se han establecido acuerdos y comprometido acciones relacionadas con el ejercicio de los recursos sin la participación, autorización o conocimiento formal de la Subdirectora Administrativa?
- ¿Qué intereses o circunstancias han impedido que la titular de la Subdirección ejerza plenamente las atribuciones inherentes a su responsabilidad?
- ¿Existe algún posible conflicto de interés que explique la exclusión sistemática de la autoridad administrativa formal en la toma de decisiones?
- ¿Quiénes han autorizado las decisiones relativas al ejercicio del recurso y bajo qué mecanismos se garantiza su transparencia, legalidad y comprobación?
Consideramos indispensable aclarar que, a la fecha, no puede afirmarse que exista un retraso injustificado en el ejercicio del recurso por el solo hecho de que aún no haya concluido. Es importante recordar que, de acuerdo con los tiempos ordinarios de operación, el ejercicio presupuestal se desarrolla hasta el 31 de diciembre y su comprobación se realiza hasta el 30 de marzo del periodo correspondiente.
Por tanto, cualquier señalamiento sobre retrasos debe sustentarse en información verificable y considerar los plazos establecidos. No obstante, sí resulta preocupante que los acuerdos, gestiones y decisiones realizados al margen de la Subdirección Administrativa hayan generado obstáculos, desarticulación y posibles demoras en los procesos de ejercicio del recurso.
En este contexto, la remoción de quien formalmente tiene la responsabilidad administrativa, sin haberle permitido ejercer plenamente sus funciones, y el nombramiento sorpresivo de una persona externa a la institución y ajena al nivel de las Escuelas Normales, incrementan las dudas sobre los criterios utilizados para tomar estas decisiones y generan un ambiente de desconfianza respecto a la transparencia y el manejo de los recursos públicos.
POR LO ANTERIOR, EXIGIMOS:
PRIMERO. Una explicación formal, clara y fundamentada sobre las razones, los procedimientos y las autoridades que determinaron la remoción de la Subdirectora Administrativa, así como los criterios que sustentaron el nuevo nombramiento.
SEGUNDO. El respeto a los acuerdos emanados de la asamblea institucional, así como a los mecanismos de participación y consenso que el propio personal ha construido para garantizar la estabilidad y gobernabilidad de nuestra escuela.
TERCERO. Una investigación administrativa que permita esclarecer por qué se ha impedido a la Subdirección Administrativa ejercer plenamente sus atribuciones y por qué otras personas han intervenido en decisiones que corresponden a dicha responsabilidad.
CUARTO. La revisión y fiscalización del ejercicio de los recursos del programa U300, incluyendo las autorizaciones, acuerdos, adquisiciones, compromisos y procedimientos realizados, a fin de descartar o, en su caso, identificar posibles actos de corrupción, conflictos de interés, irregularidades o malos manejos de los recursos públicos.
QUINTO. Que se transparente quiénes han intervenido en la toma de decisiones administrativas y financieras, bajo qué atribuciones lo han hecho y cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas establecidos.
SEXTO. Que cualquier modificación a la estructura directiva se realice mediante procedimientos legales, transparentes y legítimos, considerando la naturaleza de nuestra institución, la especificidad del subsistema de Escuelas Normales y la participación de su comunidad.
NUESTRA POSTURA
La Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón no puede continuar siendo objeto de decisiones externas que desconozcan su historia, su organización, sus acuerdos y la capacidad de su comunidad para construir alternativas de solución.
No es aceptable que después de más de un año de inestabilidad, cuando finalmente se construyen acuerdos para recuperar la gobernabilidad institucional, se vuelva a imponer una dinámica de decisiones unilaterales que profundiza la incertidumbre y debilita la autoridad de quienes tienen responsabilidades formalmente asignadas.
Tampoco es aceptable que se designe a una persona para ocupar una responsabilidad directiva mientras se desconoce o se desestima el consenso previamente alcanzado por la comunidad escolar.
La autoridad no puede ejercerse al margen de la institucionalidad, ni las funciones administrativas pueden quedar subordinadas a intereses particulares o a decisiones de personas que no cuentan con atribuciones formales para ello.
No estamos defendiendo personas ni cargos; estamos defendiendo la institucionalidad, la transparencia, el respeto a los acuerdos colectivos y el derecho de nuestra comunidad a participar en las decisiones que determinan el presente y el futuro de nuestra escuela.
Exigimos respuestas, transparencia y respeto. Nuestra Normal merece estabilidad, legalidad y autoridades que ejerzan sus funciones con responsabilidad, no decisiones que reproduzcan la incertidumbre y la desconfianza.
ATENTAMENTE
PERSONAL DE LA ESCUELA NORMAL RURAL RICARDO FLORES MAGÓN
Saucillo, Chihuahua, a 6 de noviembre de 2026.
Por la defensa de la institucionalidad, la autonomía académica y administrativa, la transparencia y la dignidad de nuestra comunidad normalista.