Por: Patricio Rodriguez Palma
América Latina atraviesa un momento decisivo. En distintos países del continente avanzan fuerzas políticas que se presentan como una ruptura con el pasado, pero que recuperan buena parte de las ideas que marcaron las décadas más desiguales de nuestra historia: reducción del papel del Estado, debilitamiento de derechos laborales, privatización de servicios públicos y subordinación de la política a las exigencias del mercado. Ese giro hacia la derecha merece una reflexión profunda, porque sus consecuencias recaen sobre millones de personas que viven de su trabajo.
El conservadurismo que hoy gana espacio en la región expresa una desconfianza hacia las transformaciones sociales que ampliaron derechos durante las últimas décadas. Se cuestionan las políticas de redistribución, se desacreditan los programas sociales y se insiste en que la prosperidad llegará por sí sola si se libera completamente al mercado. La experiencia latinoamericana demuestra que cuando el Estado se retira de manera abrupta, quienes pagan el costo son los trabajadores, los campesinos, los pueblos indígenas y los sectores populares.
Nuestra memoria histórica debería servir de advertencia. Las dictaduras militares del siglo XX dejaron miles de desaparecidos, presos políticos y exiliados. La Operación Cóndor coordinó la persecución de opositores en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil bajo la lógica de eliminar cualquier proyecto político identificado con la izquierda. Detrás de ese escenario estuvo también la larga tradición de intervención estadounidense en América Latina, alimentada por la Doctrina Monroe y por la idea del Destino Manifiesto, que durante décadas justificaron presiones, golpes de Estado y operaciones encubiertas contra gobiernos considerados incómodos para Washington.
Frente a esa historia surgieron voces que reivindicaron la justicia social desde las propias raíces culturales y religiosas del continente. La Teología de la Liberación recordó que el mensaje cristiano está ligado a la dignidad de los pobres, a la solidaridad y al amor al prójimo. “Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al Reino de los Cielos”, dice el Evangelio. Esa frase cuestiona una sociedad donde la acumulación de riqueza se convierte en el valor supremo y donde la pobreza termina siendo tratada como un problema individual.
Los debates actuales muestran que estas tensiones siguen plenamente vigentes. En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha impulsado un severo ajuste del Estado acompañado por reformas que reducen la protección laboral, debilitan mecanismos tradicionales de organización sindical y replantean el alcance de diversos derechos sociales. El discurso oficial promete estabilidad y crecimiento, mientras amplios sectores de la población enfrentan pérdida de poder adquisitivo, aumento de tarifas y mayor incertidumbre económica.
En Perú, el legado de Alberto Fujimori continúa dividiendo a la sociedad. Las violaciones a los derechos humanos, los casos de corrupción y la concentración del poder marcaron una etapa que aún pesa sobre la política peruana. La presencia de Keiko Fujimori como figura central del escenario político demuestra que el fujimorismo sigue siendo una fuerza con capacidad de disputar el rumbo del país.
Colombia vive también una confrontación intensa entre proyectos de transformación social y sectores que buscan preservar el modelo tradicional de poder. Esa disputa refleja un fenómeno continental: la discusión sobre quién debe beneficiarse del crecimiento económico y qué papel debe desempeñar el Estado en la reducción de las desigualdades.
En ese contexto, México y Brasil se han convertido en los principales bastiones de la izquierda latinoamericana. Ambos países han defendido la importancia de las políticas sociales, de la soberanía nacional y de un Estado capaz de intervenir para proteger a las mayorías. En México, la Cuarta Transformación colocó en el centro del debate una idea sencilla y poderosa: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Los programas sociales, el aumento sostenido del salario mínimo y la reducción de la pobreza mostraron que era posible orientar el presupuesto público hacia quienes históricamente habían sido excluidos, incluso en medio de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19.
La estrategia de “abrazos, no balazos” abrió una discusión nacional sobre las causas de la violencia y sobre los límites de las respuestas exclusivamente militares. Más allá de las diferencias que pueda generar, puso sobre la mesa la necesidad de atender las raíces sociales del problema.
También resulta valioso el regreso de principios históricos de la política exterior mexicana: la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y el no intervencionismo. En un mundo cada vez más polarizado, defender el derecho de cada nación a decidir su propio destino constituye una posición de dignidad política.
La izquierda latinoamericana tiene hoy una responsabilidad enorme. Debe proteger las conquistas sociales alcanzadas, evitar el retorno de las recetas que profundizaron la desigualdad y construir gobiernos cada vez más eficaces y transparentes. La Cuarta Transformación ha demostrado que otra orientación económica y social es posible, pero también necesita revisar errores, fortalecer instituciones y escuchar las críticas que buscan mejorar el proyecto y no destruirlo.
La unidad es indispensable frente al avance de una derecha cada vez más agresiva, pero esa unidad no puede convertirse en silencio. Los movimientos históricos sobreviven cuando conservan la capacidad de analizarse a sí mismos, corregir el rumbo y profundizar sus principios. América Latina ya conoce el costo de entregar el futuro a quienes consideran que los derechos sociales son un exceso y que la desigualdad es un destino inevitable. La tarea de nuestro tiempo consiste en defender la solidaridad, la comunidad y la justicia social como pilares de una democracia verdaderamente soberana.
Lunes 13 de Julio del 2026 Tónachi Guachochi Chih.