Por: Felipe Villa
El gobierno federal ha trazado una hoja de ruta ambiciosa para el periodo 2026-2027 que es la consolidación definitiva del Servicio Universal de Salud y esta propuesta busca derribar los muros burocráticos entre el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar, permitiendo que cualquier ciudadano se atienda en cualquier unidad pública. Si bien la intención de garantizar el derecho constitucional a la salud es noble, el ¿cómo? plantea una interrogante ética y económica profunda ¿Dónde queda la justicia para el contribuyente y la viabilidad del sistema?
La Promesa Tecnológica frente a la Realidad Operativa
Desde una perspectiva técnica, la integración es un paso lógico; la creación de un expediente clínico digital compartido y una credencial única son herramientas que México ha necesitado por décadas y eliminar la fragmentación permitiría optimizar recursos y priorizar emergencias como infartos o enfermedades crónicas mediante protocolos unificados. Sin embargo, el papel aguanta todo, pero las clínicas no y hoy el sistema ya vive en un estado de emergencia permanente.
La Lotería de las Citas. Especialistas que se programan a seis meses de distancia, convirtiendo el tiempo de espera en una sentencia silenciosa para pacientes con padecimientos degenerativos.
El Desabasto Crónico. Familias que pagan cuotas pero deben comprar sus propias gasas, jeringas y medicamentos oncológicos en farmacias privadas porque el sistema no los tiene en sistema.
Infraestructura al Límite. Elevadores que no funcionan, falta de mantenimiento en equipos de radiología y saturación en salas de urgencias donde el paciente es atendido en sillas de plástico por falta de camas censables.
El Castigo al Esfuerzo y el Incentivo a la Informalidad
El argumento central de la crítica es la erosión del concepto de seguridad social contributiva porque históricamente, el IMSS y el ISSSTE se financiaron mediante cuotas obrero-patronales, otorgando un derecho derivado del trabajo formal y, al igualar el servicio para quienes aportan y quienes no, el Estado rompe el contrato social con el trabajador cumplido.
Con una tasa de informalidad cercana al 54%, el mensaje del Estado es devastador, porque deja ver que la responsabilidad fiscal es opcional, pero el beneficio es garantizado; entonces, el trabajador formal termina pagando doble, su cuota semanal o quincenal obligatoria y el gasto de bolsillo para suplir las carencias del sistema. ¿Qué motivación tendrá una microempresa para formalizar a sus empleados si el beneficio de salud será idéntico al de la economía informal? Se corre el riesgo de no subir el nivel de vida de los más pobres, sino de degradar la atención de quienes sostienen el sistema hasta que todos compartan la misma carencia.
El discurso de igualdad se desmorona al observar quiénes no entrarán en este paquete de integración masiva, porque mientras se socializa el servicio del IMSS e ISSSTE para el grueso de la población, las élites mantienen sus islas de bienestar blindadas.
Militares y Marinos: La SEDENA y SEMAR conservan sus propios hospitales, presupuestos exclusivos y tiempos de respuesta reducidos. Para ellos, la universalidad no aplica.
Élites Estatales: Los servicios de PEMEX y los seguros de gastos médicos mayores de la alta burocracia permiten que quienes diseñan las políticas de salud pública nunca tengan que sufrir sus propias deficiencias. Aunque el gobierno ha mencionado que PEMEX entrará en la red de intercambio, la realidad es que sus sindicatos son sumamente poderosos y es muy probable que en la práctica veamos que un trabajador de PEMEX podrá atenderse en el IMSS en caso de urgencia (gracias a la nueva credencial), pero difícilmente verás a un ciudadano común ir a un hospital regional de PEMEX a pedir una cirugía programada, a menos que el convenio se aplique de forma estricta, algo que los sindicatos petroleros suelen bloquear para proteger sus propios recursos.
La Cúpula Política: A pesar del discurso de austeridad, es casi inexistente el registro de altos funcionarios esperando en la sala de urgencias de una clínica de zona. El sistema público es una estadística para ellos porque para su salud personal, existen los privilegios de poder.
El mayor problema de nuestros políticos es que suelen presentar grandes ideas en la teoría con resultados desastrosos en la práctica debido a la falta de logística y para que esta reforma no sea un colapso anunciado, se requeriría una reingeniería que el gobierno aún no detalla ¿Cómo van a conectar sistemas de software obsoletos de tres instituciones distintas cuando hoy ni siquiera pueden asegurar internet estable en clínicas rurales? Unir instituciones implica lidiar con sindicatos que tienen contratos colectivos radicalmente diferentes. Ignorar esto es invitar a huelgas y paros que paralizarán la atención y finalmente, quieren meter a 130 millones de personas por la misma entrada estrecha que hoy ya no da abasto para los 60 millones de derechohabientes actuales.
Para el que sí paga, la palabra justicia social le suena a hueco por razones muy prácticas:
1.En cualquier sistema de seguros, quien aporta más (o aporta algo) espera un beneficio correlativo. Cuando el beneficio se iguala hacia abajo, la cuota deja de verse como una inversión en seguridad social y se convierte en un castigo por ser formal.
2.El contribuyente sabe que si abres la puerta a 70 millones de personas adicionales a las mismas clínicas de siempre, la probabilidad de alcanzar una cita o una cirugía baja drásticamente. Sientes que estás pagando para que alguien más te quite el lugar en la fila.
3.¿Cómo le explicas a un dueño de una pequeña tienda que debe pagar cuotas del IMSS por sus dos empleados, cuando el puesto de comida informal de la esquina (que no paga impuestos ni cuotas) recibirá exactamente el mismo servicio médico para sus trabajadores? No hay explicación lógica que no pase por la injusticia económica.
El caso de la Ley del ISSSTE de 2007 es el ejemplo perfecto de cómo una reforma que se vendió como la salvación financiera y operativa terminó siendo, para el trabajador, un fraude a sus expectativas. En aquel entonces argumentaron que el ISSSTE estaba en quiebra técnica y las promesas fueron casi idénticas a las de hoy porque dijeron que con el nuevo esquema de cuentas individuales (Afores), el Instituto liberaría recursos para construir hospitales, se prometió que no volvería a faltar un medicamento y se aseguró que las 21 prestaciones del ISSSTE serían eficientes y digitales.
Lo que vivimos con el ISSSTE fue una privatización de los beneficios (a través de las Afores y subrogaciones) y una socialización de las pérdidas (el servicio médico) y la propuesta actual parece seguir el mismo patrón, es decir, socializar la saturación. Se le dice al contribuyente que ahora todo será universal para ocultar que el Estado ha sido incapaz de administrar los recursos que ya recibe. Si el ISSSTE, con un padrón cautivo de trabajadores formales, no pudo mejorar en 20 años, ¿cómo lo hará un sistema que pretende atender al doble de personas con el mismo presupuesto? Es el eterno retorno de la política mexicana, el crear grandes reformas legales para tapar grandes fracasos operativos.
Hacia una Verdadera Justicia Social
Una verdadera transformación requeriría medidas que hoy no están en el discurso oficial
1.Fin de Regímenes Especiales. Si el sistema es universal, políticos y militares deberían atenderse en las mismas clínicas que el resto de los ciudadanos para incentivar mejoras reales desde arriba.
2.Mecanismos de Recompensa. El acceso básico debe ser universal, pero los contribuyentes deberían gozar de beneficios adicionales o tiempos de respuesta garantizados por ley.
3.Subrogación Obligatoria. Ante la incapacidad de brindar atención o medicamentos en un tiempo máximo de 72 horas, el Estado debería pagar automáticamente el costo en el sector privado.
El problema crónico de la política mexicana es diseñar qué hacer sin saber cómo ejecutarlo y unir tres instituciones en crisis (IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar) sin un aumento masivo en el presupuesto real (no solo reasignaciones), sin la construcción de nueva infraestructura y sin la homologación de salarios médicos; solo resultará en un efecto embudo. El riesgo es que la universalidad no sea la democratización de la salud de calidad, sino la socialización de la carencia, donde todos tengan una credencial única, pero nadie tenga una medicina a tiempo.
La justicia social no es quitarle al que aporta para darle al que no tiene; es elevar el estándar de todos hasta un nivel digno y, si el Estado no puede garantizar que el trabajador formal mantenga la calidad de su servicio mientras integra al informal, esta reforma será recordada como el colapso definitivo de la seguridad social en México.