La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua ejecutó este jueves una orden de aprehensión en contra del juez de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial Hidalgo, identificado con las iniciales M.J.T., quien se encontraba suspendido por el Tribunal de Disciplina Judicial y es señalado por su probable responsabilidad en el delito de prevaricación agravada.
El fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, informó esta tarde que agentes de investigación desplegaron labores de inteligencia policial para cumplimentar el mandato judicial, emitido por una autoridad competente en segunda instancia.
De acuerdo con el funcionario, se trata de un hecho sin precedente en la entidad, al ser —según afirmó— la primera ocasión en que un juzgador penal es conducido ante tribunales penales para responder por presuntos actos cometidos en el ejercicio de su función.
“Quien fue investido para ser el guardián del Estado de Derecho, no puede ser el primero en quebrantarlo”, sostuvo Valenzuela Holguín.
Lo acusan de favorecer a una de las partes
Según la investigación ministerial presentada por la Fiscalía Anticorrupción, el juez habría realizado dolosamente actos ilegales con el propósito de favorecer a una de las partes dentro de un proceso penal.
La Fiscalía señaló que los hechos podrían configurar el delito de prevaricación agravada, contemplado en el Código Penal del Estado para sancionar, entre otras conductas, a autoridades que emitan resoluciones contrarias a la ley, basadas en hechos falsos o que, con conocimiento de su injusticia o ilegalidad, otorguen una ventaja procesal indebida a alguna de las partes.
Valenzuela explicó que la investigación inició a partir de denuncias ciudadanas presentadas formalmente ante la Fiscalía Anticorrupción, relacionadas con presuntas irregularidades dentro de un proceso judicial.
El caso se originó, según la versión ministerial, cuando la defensa de un imputado solicitó una audiencia para revisar las medidas cautelares durante el periodo vacacional del Poder Judicial.
Previamente, otra jueza había vinculado a proceso al imputado y determinado como medida cautelar la prisión preventiva justificada.
La Fiscalía sostiene que M.J.T., al conocer de la audiencia de revisión, habría modificado dicha determinación y concedido una ventaja procesal indebida a la defensa.
Uno de los elementos que, de acuerdo con el fiscal, forma parte de la investigación es la existencia de una relación de amistad entre el juez investigado y el abogado defensor.
Fiscalía cuestiona que juez haya revisado decisión de otra juzgadora
Otro de los puntos centrales de la acusación es que, durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, el juez habría rebasado los límites propios de ese acto procesal al cuestionar los argumentos utilizados previamente por otra juzgadora para imponer la prisión preventiva.
La Fiscalía considera que M.J.T. habría realizado un análisis que, materialmente, correspondía a una instancia superior, al revisar y descalificar los razonamientos de una jueza de la misma jerarquía.
Valenzuela Holguín argumentó que, para controvertir una determinación judicial, existen mecanismos de impugnación y autoridades jurisdiccionales específicamente facultadas para ello.
Además, recordó que el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que una medida cautelar puede modificarse cuando hayan variado objetivamente las condiciones que justificaron su imposición.
Bajo esa premisa, la Fiscalía sostiene que el juzgador no habría actuado únicamente dentro de los límites de una revisión de medidas cautelares, sino que habría intervenido de manera indebida para generar una ventaja procesal.
“El fuero no es un privilegio ni garantía de impunidad”
Durante su posicionamiento, el fiscal Anticorrupción vinculó el caso con el debate nacional sobre la transformación y democratización del Poder Judicial.
Valenzuela Holguín señaló que ningún mecanismo de elección o designación de jueces constituye un “cheque en blanco” y sostuvo que quienes ejercen la función jurisdiccional deben rendir cuentas ante la ley.
“El fuero no es un privilegio ni garantía de impunidad”, afirmó.
El funcionario destacó que, mientras en otras entidades el combate a la corrupción al interior de los Poderes Judiciales se habría limitado a sanciones administrativas, en Chihuahua se está recurriendo a la vía penal cuando existen elementos que así lo ameritan.
Fiscalía niega que se trate de una persecución contra jueces
Ante la relevancia institucional del caso, el fiscal estableció tres puntos como postura de la Fiscalía Anticorrupción.
Primero, dijo que la institución defiende la independencia judicial, pero rechaza cualquier acto de corrupción o impunidad.
Segundo, aseguró que la Fiscalía respeta la función jurisdiccional y el criterio de los jueces, y aclaró que su labor no consiste en revisar el sentido de las sentencias.
“Lo que investigamos son aquellas conductas desviadas del servidor público donde su función pública se tuerce para favorecer intereses particulares o indebidos”, explicó.
En tercer término, afirmó que en Chihuahua el Estado de Derecho debe aplicarse sin excepciones, independientemente del cargo o nivel jerárquico de la persona investigada.
Será presentado ante un juez
La orden de aprehensión fue ejecutada este jueves en la ciudad de Chihuahua por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía Anticorrupción.
Valenzuela Holguín aseguró que el operativo se realizó con apego al mandato judicial, al debido proceso y con respeto a los derechos humanos del imputado.
El juez M.J.T. será presentado ante la autoridad judicial, donde la Fiscalía Anticorrupción buscará formularle imputación y exponer los datos de prueba que, desde su perspectiva, sustentan la acusación.
Será ahora el Poder Judicial quien determine, dentro del proceso correspondiente, la situación jurídica del juzgador y la procedencia de las imputaciones formuladas en su contra.
El fiscal cerró su mensaje con una advertencia de carácter institucional: “En Chihuahua, la justicia no tiene excepciones y nadie está por encima de la ley”.