La expulsión de cinco estudiantes de la Escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón” de Saucillo en apenas una semana, a días de concluir el ciclo escolar, ha desatado inconformidad entre familias, integrantes de la comunidad educativa y personal del plantel, quienes cuestionan tanto el procedimiento seguido por el Comité Estudiantil como la actuación del encargado de Dirección, Reyes Aniles Gallegos, y el silencio mantenido hasta ahora por las autoridades educativas estatales.
De acuerdo con denuncias hechas llegar a este medio desde el pasado 12 de junio, cuatro alumnas fueron expulsadas ese día y una quinta este jueves 19 de junio, mediante resoluciones emitidas por el Comité de Orientación Política e Ideológica (COPI) del Comité Estudiantil “Pablo Gómez”, invocando el denominado “Punto 35” de su reglamento interno.
Las afectadas y sus familiares denunciaron que las estudiantes fueron notificadas de los reportes y expulsiones sin que se les permitiera conocer las supuestas pruebas en su contra ni ejercer un derecho de defensa. Una de las madres relató que su hija fue citada alrededor de la una de la mañana para ser informada de la determinación y que, pese a solicitar evidencias de las acusaciones, éstas nunca le fueron mostradas.
“Ellas argumentan tener pruebas, pero no las quieren enseñar”, manifestó la denunciante, quien aseguró además que anteriormente existían mecanismos de juicio político interno que permitían escuchar ambas partes, procedimiento que, según señaló, ya no se aplica.
La inconformidad aumentó debido a que varias de las estudiantes expulsadas son alumnas destacadas que incluso han representado a la Normal Rural de Saucillo en actividades y encuentros nacionales.
Fuentes al interior de la institución señalaron que las jóvenes desempeñaban comisiones y representaciones de carácter nacional, por lo que su salida causó sorpresa dentro de la comunidad escolar. Si bien reconocieron que la organización estudiantil contempla sanciones para faltas relacionadas con compromisos internos o con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), afirmaron desconocer las causas específicas que derivaron en las expulsiones.
Las mismas fuentes explicaron que, al perder su calidad de alumnas de la Normal Rural, las estudiantes también dejan de acceder a beneficios como apoyos para prácticas profesionales, becas alimenticias y otros estímulos económicos vinculados al internado.
Uno de los puntos que más molestia generó entre parte del personal fue que el encargado de Dirección, Reyes Aniles Gallegos, firmara los reportes y expulsiones emitidos por el comité estudiantil. Trabajadores consultados señalaron que, al igual que ocurría con anteriores directivos, se esperaba una revisión más exhaustiva de los casos antes de avalar las sanciones.
“Firmó las expulsiones de manera unilateral”, expresó una fuente de la comunidad escolar, quien aseguró que no existió una consulta amplia ni un análisis compartido de los expedientes.
Desde el lunes pasado, este medio buscó una postura oficial de las autoridades educativas. En aquella ocasión, la directora general de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), Teresa de Jesús López, se limitó a señalar que “se estaban realizando las investigaciones” y aseguró que los derechos de las estudiantes estarían salvaguardados.
Sin embargo, conforme avanzaron los días no se informó de resultados o conclusiones sobre dichas indagatorias. Ayer jueves, desde el área de comunicación social de SEECH se indicó únicamente que “los movimientos corresponden a cambios de centros escolares”, versión que evitó referirse directamente a las expulsiones denunciadas.
Tampoco hubo respuesta por parte del secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, pese a los intentos de comunicación realizados desde el inicio del caso.
Por su parte, Reyes Aniles Gallegos no respondió a diversas solicitudes para conocer su versión de los hechos, mientras que tampoco fue posible obtener una postura del asesor del Comité Estudiantil, Alejandro Martínez Esquivel, quien aparece entre los firmantes de la documentación relacionada con las expulsiones.
Ante la falta de respuestas institucionales, familiares de las jóvenes decidieron retirarlas del plantel y aceptar la alternativa planteada por autoridades educativas para gestionar su ingreso a otras escuelas normales y evitar la pérdida del ciclo escolar.
Pero las expulsiones no son el único foco de inconformidad que enfrenta actualmente la dirección de la Normal Rural.
Diversas fuentes consultadas señalaron que existe creciente molestia por la forma en que se están tomando decisiones administrativas y financieras dentro de la institución. Entre los señalamientos figura la falta de información sobre recursos federales correspondientes al programa conocido actualmente como “La Escuela es Nuestra”, anteriormente EDINEN, cuyos montos habrían superado los 11 millones de pesos durante el ejercicio pasado.
Docentes y trabajadores afirmaron que han solicitado reiteradamente información sobre la aplicación de dichos recursos, así como espacios de participación para analizar ajustes presupuestales y prioridades institucionales, sin obtener respuesta satisfactoria.
Acusan además una conducción centralizada de las decisiones, exclusión de áreas académicas y administrativas en procesos relevantes y una negativa constante al diálogo.
“La transparencia no es una concesión de las autoridades; es una obligación en toda institución sostenida con recursos públicos y un derecho de la comunidad educativa”, expresó una de las fuentes consultadas.
A estos cuestionamientos se suman reclamos por decisiones cotidianas que, según trabajadores, se toman sin consultar a las áreas responsables, alimentando una percepción de autoritarismo y falta de comunicación interna.
«No sabe la decepción absoluta hacia el director, hay autoritarismo, secrecía y prácticas … a más de un cuarto de pleno siglo 21 son inadmisibles. De ‘yo soy el director y aquí se hace lo que yo digo y si no ahí está la puerta'», apuntaron fuentes que recordaron que ellas votaron por él.
Mientras las estudiantes expulsadas buscan continuar sus estudios en otros planteles, la comunidad normalista sigue a la espera de una explicación clara sobre los motivos de las sanciones, el procedimiento seguido para aplicarlas y el papel desempeñado por las autoridades educativas ante un caso que, lejos de disiparse, continúa generando polémica dentro y fuera de la histórica Normal Rural de Saucillo.